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El kirchnerismo no tuvo más remedio que aplazar la creación del pueblo de Tucu Tucu, pero  ya impulsa otro proyecto con el mismo propósito

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Sesión Cámara de Diputados de Santa Cruz - Foto: Prensa Diputados

En la sexta sesión ordinaria de la legislatura santacruceña llevada a cabo ayer, el kirchnerismo dio marcha atrás y desistió de forzar la votación de un proyecto de ley para crear el pueblo de frontera Tucu Tucu, en el oeste de la provincia y cercano al límite con Chile.

La iniciativa del diputado kirchnerista Martín Chávez fue fuertemente resistida por los propietarios de los campos de la zona donde se pretende instalar una nueva población y los diputados de la oposición, quienes reclamaron la presentación y análisis de un estudio de impacto ambiental que fue requerido por el Poder Ejecutivo al Consejo Federal de Inversiones (CFI) pero que recién se presentarán las conclusiones el próximo 20 de junio.

La insistencia y celeridad del diputado Chávez las expresó hace 15 días durante el cierre de la sesión ordinaria que se realizó en la ciudad de Perito Moreno, cuando pidió el tratamiento del proyecto con o sin despacho de comisiones, dado que la iniciativa iba a perder estado parlamentario por cumplirse dos años sin tratarse en el recinto.

Además de forzar la situación más próxima a un capricho personalista que a establecer consensos entre los actores sociales intervinientes, Chávez recibió esta semana varios reveses.

Primero fueron los propietarios de los campos quienes junto a los referentes de la Sociedad Rural y de la Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz rechazaron en una reunión con los legisladores que se apruebe un proyecto de ley sin contar con la información para todos los involucrados, los estudios de factibilidad que se encargaron al CFI y sin especificar dónde se pretende instalar la nueva población. 

A ese descontento, se sumó la propia gobernadora Alicia Kirchner quien al encontrarse con los productores de la zona se desentendió de la presurosa actitud de un sector del bloque oficialista.

Incluso, como informáramos en nota de la semana pasada, en la sesión se ingresó una nota firmada por 12 propietarios de las estancias La Fortaleza, Don Alfredo, El 18 y Bella Vista, Río Capitán, Los Faldeos, Río Carbón, La Guillermina, Río Ñires, El Portezuelo, Río Narvaez, La Pantanosa y Las Vegas, pidiendo a cada legislador que se expida sobre la posibilidad de crear un nuevo pueblo y solicitan que haya un estudio de impacto ambiental previo.

Tal fue el enojo del diputado Chávez, quien debía justificar por qué el proyecto no se iba a tratar y volvía a comisiones, que cuando se trató el punto en el temario se levantó de su banca y se retiró del recinto.

A las tensiones que recibió por fuera de la legislatura, Chávez encuentra resistencia en las diferencias internas que mantiene con el jefe de la bancada oficialista, Matías Mazú con quien suele tener sutiles cruces en el recinto.

Tal es así que Mazú no fue quien tomó la palabra sino lo hizo la diputada Liliana Toro (Frente de Todos) quien justificó que “el proyecto volverá a comisiones para consensuar una postura entre los productores y el Poder Ejecutivo”, donde intervendrán otros organismos como el Consejo Agrario Provincial quien se vincula con los propietarios de los campos de la zona oeste de Santa Cruz.

A su turno, el diputado de Encuentro Ciudadano, Gabriel Oliva señaló que “consideramos válido que se retire el proyecto y se pueda discutir con consenso social, sin imposiciones”.

Al saber que el proyecto pasará al archivo por no tratarse en un lapso de 2 años, Chávez volvió a presentar una iniciativa que este jueves tomó estado parlamentario y se prevé que tenga tratamiento una vez que se conozcan los estudios técnicos.

En los pasillos de la legislatura quedó resonando el disgusto del diputado Chávez y la insistencia por la viabilidad del proyecto “Tucu Tucu”, al punto que algunos de sus pares del FPV cruzaban miradas y se preguntaban qué intereses mueven al legislador a defender como si fuera de su propiedad, la cosntrucción de este nuevo pueblo.

Otros temas

Durante la sesión de ayer jueves se aprobó por unanimidad la adhesión a la ley nacional N° 26.348 que adhiere a Santa Cruz al Programa de Descontaminación, Compactación y Disposición final de Vehículos y Chatarra (PRO.NA.COM).

Tras un cuarto intermedio que se extendió por más de 40 minutos a pedido del bloque del Frente de Todos, se realizaron varias modificaciones en el proyecto original para evitar que se imponga por ley la adhesión a los municipios dado que cuentan con autonomía constitucional.

La legislación permite remover de los estamentos provinciales – al cual podrán adherirse los municipios- como corralones y frentes de comisarias aquellos vehículos secuestrados y/o chatarra que están en desuso hace años, para disponerlos en vaciaderos y con posibilidad de reciclar como material de rezago a plantas de acero.

Durante la sesión se designaron los legisladores Martín Chávez y Laura Hindie (Frente de Todos) y Evaristo Ruiz (Nueva Santa Cruz) quienes estarán en el comité de redacción del Código de Procesal Penal de Familia y Violencia Familiar.

También se designó a Matías Mazú como representante de la legislatura en el Observatorio Provincial del Agua y donde la oposición se abstuvo de votar porque durante el debate parlamentario de este nuevo instituto no se contempló la representación parlamentaria de la minoría.

Ante la problemática del acceso a las tierras por parte de vecinos de El Chaltén, por unanimidad se aprobó un proyecto de resolución impulsado por el diputado de El Calafate, Juan Manuel Miñones que solicita al Ministerio de Salud y Ambiente, instruya a la Secretaría de Estado de Ambiente para que evalúe la factibilidad técnica, de impacto ambiental y estudios complementarios sobre el proyecto denominado “Ampliación Ejido Urbano de El Chaltén” de la Secretaría de Obras y Urbanismo de la Municipalidad de El Chaltén.

Por impulso del diputado Carlos Santi (Frente de Todos – Puerto Deseado) se aprobó sobre tablas el proyecto de ley que establece que en la semana del 9 al 17 de junio de cada año en Santa Cruz se conmemora la “Semana de la Memoria por todos los Tripulantes Desaparecidos en el Mar Argentino”, en recuerdo de todos los marineros que salieron “a la mar en busca de su sustento y no regresaron a su hogar”.

El punto más debatido, aunque de escasa trascendencia política, de la jornada fue un proyecto de declaración de la diputada Liliana Toro que establece “manifestar el enérgico repudio por las declaraciones expresadas por el vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkratz, en el marco de una conferencia titulada “Justicia, Derecho y Populismo en Latinoamérica”, organizada por la Universidad de Chile. 

Rosenkratz hizo referencia allí a que “no puede haber un derecho detrás de cada necesidad, porque no hay suficientes recursos para satisfacer todas las necesidades, a menos que restrinjamos qué entendemos por necesidad o entendemos por derecho, aspiraciones que no son jurídicamente ejecutables”.

Allí hubo cruce de opiniones entre los legisladores del Frente de Todos y los diputados de Nueva Santa Cruz y SER Unidos luego de una intervención del radical Evaristo Ruiz, quien defendió la posición de Rosenkratz y sostuvo que “no se puede repudiar una opinión porque es parte de la libertad de expresión”.

También se expresaron por la negativa el diputado Oliva quien consideró que “la legislatura no puede estar para repudiar opiniones” y José Luis Garrido del SER quien en sintonía con el FPV dijo “no comparto el espíritu del proyecto, pero hay que discutir qué justicia queremos”.

Finalmente, el proyecto fue aprobado por la mayoría oficialista.

Al concluir la sesión se estableció que la próxima sesión se realizará el miércoles 22 de junio y las reuniones de comisiones se concentrarán el martes 21 de junio en Río Gallegos.

La mayoría de los diputados acordó en base a “las condiciones adversas de las rutas durante el invierno” rechazar la propuesta que la próxima sesión se realice en la ciudad de Río Turbio, como pidieron los diputados de SER José Luis Garrido, Hernán Elorrieta y Miguel Farías. (Agencia OPI Santa Cruz)

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