Según publica La Nación El empresario kirchnerista y los exfuncionarios que lo habrían beneficiado quedaron blindados por fallos que dictó el exjuez Oyarbide antes de retirarse.
Por: Hugo Alconada Mon
La Justicia federal de Bahía Blanca cerró la investigación por los delitos que habrían cometido funcionarios y empleados de la Regional de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en esa ciudad para proteger a Lázaro Báez. Determinó que los sospechosos quedaron blindados por un cuestionado sobreseimiento que firmó Norberto Oyarbide en las postrimerías del kirchnerismo, meses antes de retirarse.
La decisión la adoptó el juez federal Walter López da Silva, basado en un dictamen del fiscal Santiago Ulpiano Martínez, quien concluyó que Oyarbide cerró las puertas a la investigación con una resolución que se encuentra firme y que resulta, por tanto, “cosa juzgada”.
La decisión beneficia a quienes fueron las máximas autoridades de la Regional Bahía Blanca de la AFIP durante los últimos años de Cristina Fernández de Kirchner como presidenta, quienes se encontraban sospechados de haber actuado en connivencia con Báez y sus colaboradores. ¿Para qué? Para encubrir las maniobras con facturas truchas de una presunta asociación ilícita fiscal que habría evadido y lavado cientos de millones de pesos.
El propio López da Silva había ordenado la extracción de testimonios y la apertura de esa investigación penal contra esos funcionarios y empleados de la AFIP tras encontrar indicios de delitos e irregulares. Así lo dispuso cuando a fines de 2019 procesó a Báez como presunto jefe y a varios empresarios bahienses como miembros de esa presunta asociación ilícita fiscal. Pero la pesquisa no llegó lejos.
“Considero que los hechos atribuidos a los funcionarios de la AFIP-DGI División Regional Bahía Blanca afines con las presuntas operaciones tendientes a encubrir un accionar ilícito de Lázaro Báez han sido investigadas en los autos [tramitados en Buenos Aires], siendo sobreseídos por sentencia firme pasada en autoridad de cosa juzgada”, dictaminó el fiscal Martínez, tras analizar los expedientes penales que, desde los tribunales federales de Comodoro Py, ahondaron en la gestión de Ricardo Echegaray al frente de la AFIP.
Al igual que para el juez López da Silva, la decisión de Oyarbide contrarió al fiscal Martínez, quien años antes –y como juez federal subrogante en Bahía Blanca– había ordenado los primeros allanamientos contra las usinas locales de facturas truchas, decisión que desencadenó el cese de su subrogancia y el inicio de todo tipo de turbulencias en el fuero federal de esa ciudad.
En su dictamen, Martínez verificó que el juez federal Sebastián Casanello había investigado la actuación de Echegaray y del entonces titular de la Dirección General Impositiva, Ángel Rubén Toninelli, sin ahondar en lo ocurrido en las regionales de Bahía Blanca y Mar del Plata. Pero detectó que, en otro expediente, Oyarbide sí fue más lejos.
El 3 de diciembre de 2015, cuando faltaban siete días para que Fernández de Kirchner cesara en sus funciones, Oyarbide sobreseyó a Echegaray, sin que apelara el fiscal Guillermo Marijuan. Sí lo hizo, mucho después, el nuevo titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Mariano Federici. Planteó la “cosa juzgada írrita”, sin suerte. La Cámara de Apelaciones confirmó el sobreseimiento.
Similar derrotero benefició a la “línea” de la AFIP. El 9 de diciembre de 2015, apenas 24 horas antes de que Fernández de Kirchner se retirara de la Casa Rosada, Oyarbide sobreseyó a Toninelli –quien llegó a volar junto a su hijo Federico y a Martín Báez a Río Gallegos en un avión de los Báez–, y otros funcionarios destinados a Río Gallegos, Comodoro Rivadavia y Bahía Blanca. El fiscal Marijuan tampoco apeló.
Oyarbide benefició así, entre otros, al entonces titular de la Regional, Juan Pablo Fridemberg; al entonces jefe de Fiscalización N° 5 de esa ciudad, Norberto Filipini, “y a los responsables de [la AFIP] que con el avance de la investigación pudieran ser identificados como partícipes de las conductas ilícitas”.
Protección desde la AFIP
¿Qué había ocurrido en Bahía Blanca? Desde Buenos Aires disolvieron la Regional –que redujeron a agencia– y remitieron la pesquisa a Mar del Plata, mientras que un lugarteniente de Báez, Claudio Bustos, se reunía en la sede bahiense de la AFIP con los nuevos jefes locales del organismo para ordenar los papeles, según reveló LA NACION en 2015. Pero dejaron huellas.
Así salieron a la luz evidencias incluso insólitas, como la aparición, durante el allanamiento judicial de una de las usinas, de una planilla con la anotación “Facturas Apócrifas” y “Báez”, o un mail enviado desde otra de las firmas al estudio contable involucrado donde preguntaban si unos saldos acreedores eran “¿verdaderos o truchos?”.
Resultó, sin embargo, insuficiente.
“Queda claro que los hechos investigados” y sobreseídos por Oyarbide, concluyó Martínez, “comprenden las irregularidades presuntamente cometidas por los funcionarios de AFIP Bahía Blanca en relación a la omisión de cumplir con la normativa vigente, en claro beneficio del empresario Lázaro Báez, encubriendo las conductas denunciadas por operaciones de grupos de empresas (Calvento SA, Grupo Penta SA, Constructora Patagónica Argentina SA y Terrafari SA), que de alguna manera facturaban operaciones inexistentes a las empresas del grupo Báez, entre ellas, a Austral Construcciones”.
Con el cierre y archivo de esta pesquisa, en Bahía Blanca quedan otras investigaciones abiertas, pero centradas en los empresarios locales involucrados en la trama delictiva como emisores de las facturas truchas, pero no así en los funcionarios de la AFIP, ni en Báez y sus acólitos.
La primera investigación se centra en la operatoria con facturas truchas por más de $673 millones. Con los procesamientos ya confirmados por la Cámara, está a un paso de ser elevada a un tribunal oral con miembros de las familias Ficcadenti, Ferreyra y Pedraza, más el contador Rogelio Chanquía entre los acusados, luego de que la Cámara quitara a Báez.
A esa primera investigación se suma otra centrada en el presunto lavado de activos que habrían llevado adelante esos mismos empresarios locales. Pero esa pesquisa recién da sus primeros pasos. La Unidad de Información Financiera (UIF) figura como querellante, aunque Báez tampoco aparece ya entre los acusados. (La Nación)
