¿Prevaricato?: TSJ suspendió la matrícula de la abogada de Eugenio Quiroga por interferir con la justicia en la causa penal contra el vicegobernador

“Suspensión por 15 días de la matricula de las Dras. Pamela Pérez y Paula Ayala”, quienes son integrantes del estudio que defiende a Eugenio Quiroga en el expediente penal que contiene la denuncia contra el vicegobernador por presunto abuso. Así obra el dictamen firmado por los cuatro miembros del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz en relación al expediente 1581/21 al que tuvimos acceso.

Para tomar dimensión de la “suspensión por 15 días” de las letradas mencionadas, debemos hacer un detalle de cuál es el motivo por el que se tomó la medida, a través de una breve cronología que permita a nuestros lectores dimensionar el contexto de la información que estamos presentando.

El 17 de abril del 2021, a través OPI, se tomó conocimiento de la licencia por 45 días solicitada por el vicegobernador Eugenio Quiroga ante una denuncia de abuso en su contra.

En menos de 48 horas se dio a conocer una resolución de la Jueza González de Caleta Olivia, que colocaba un bozal judicial a los medios de comunicación, a las víctimas y familiares prohibiendo manifestarse públicamente del caso.

En pocas horas se conoció de manera extraoficial que la denuncia contra Eugenio Quiroga, Vicegobernador, había sido realizada por allegados a la familia sobre un probable caso de abuso del mismo hacia uno de sus hijos.

Como es costumbre en Santa Cruz, rápidamente el poder político, secundado con medios de comunicación militantes y una justicia cerrada herméticamente, dejaron de hablar del tema.

La licencia del Vicegobernador le fue comunicada al mismo el viernes a las 19 horas por parte de allegados a la gobernadora, ya que el titular de la Legislatura había estado esa misma tarde del viernes en actos políticos en la ciudad de Caleta Olivia acompañado de la Presidenta del Consejo de Educación, la Profesora Cecilia Velásquez.

La “licencia” forzosa rápidamente emitida por Alicia Kirchner hacia su compañero de fórmula, fue un baldazo de agua fría para el propio Quiroga quien tuvo que aceptar las órdenes de la casa de calle Alcorta en la capital provincial.

Pamela Pérez, representante legal del Vicegobernador

La Dra. Pamela Pérez, una de las abogadas suspendidas por el Tribunal Superior de Justicia, es una militante del Frente de Todos, quien de la mano del ascenso de Eugenio Quiroga a la vicegobernación, pasó a ser asesora, un cargo político, en la Legislatura provincial, denominada “Cámara del Pueblo” de Santa Cruz.

La abogada es militante del denominado “Ateneo Feminista” y responsable en nombre del Vicegobernador de dictar capacitaciones de la Ley Micaela hacia funcionarios provinciales y municipales.Esto lo hace doblemente grave, teniendo en cuenta el caso donde involucra a menores, al poder y a una abogada dedicada a impartir capacitaciones, sin que haya recibido una sanción por parte del Ministerio Público.

La Abogada militante, fue protagonista principal en las denuncias en contra del Concejal Cristian Bazán de la ciudad de Caleta Olivia, por supuesta violencia de género contra su pareja. Un hecho que si bien llevó al edil a estar separado casi 6 meses de su cargo sin goce de haberes, tuvo que ser reestablecido en su cargo luego que la justicia dictaminó que no existía una sola prueba sobre las acusaciones que se realizaban en contra de Bazán.

La misma letrada fue criticada en diferentes medios y redes sociales por no tratar con la misma vara los temas de violencia de género cuando los involucrados son de “el partido al que pertenece”, como si lo hicieron con el concejal Bazán.

Para dar un par de ejemplos más podemos mencionar el silencio sobre el caso de Macarena Barrionuevo, quien denunció al comisionado de fomento de Cañadón Seco, Jorge Soloaga. El silencio sobre la acusación por abuso del contador de la ciudad del Gorosito Claudio Pagano y recientemente la denuncia pública y en la justicia, contra el Presidente del Partido Peronista de Caleta Olivia, Juan Carlos Gómez, por su violencia hacia trabajadoras municipales.

En resumen, la abogada militante es criticada por ejercer su feminismo solo cuando los protagonistas no pertenecen a su sector político.

La gravedad del dictamen

La Resolución emitida por los miembros del Tribunal Superior de Justicia deja en claro la “jugada” de la Dra. Pérez y su socia la Dra. Ayala, en su intento por ser representantes del acusado y de la denunciante, respectivamente, algo incompatible no solo en lo moral y ético, sino normado en el Artículo 18 de la Ley 1600. 

No se puede ser juez y parte, más allá del alto nivel de impunidad del que las letradas creen ser beneficiarias por su cercanía al poder político santacruceño.

En síntesis, las abogadas de Eugenio Quiroga, obstruyeron la justicia queriendo ser las representantes del denunciado y la denunciante.

Ahora, ante este panorama legal, con el papelón de las abogadas de Eugenio Quiroga, la grave situación generada no pasa inadvertida, ya que Pamela Pérez Ovalle es funcionaria provincial y además dicta capacitaciones citando una ley que respeta solo a veces y de manera selectiva.

¿Está la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner en pleno conocimiento de tan desprolijo desempeño legal y de cómo se profana al aparato judicial en beneficio de un compañero político?. ¿Acaso se avanzará en responder a la urgente necesidad de un Colegio Profesional de Abogados para, no sólo salvaguardar la profesión y a quienes la ejercen en respeto de la Ley, sino también a los miles de vecinos que acuden a los servicios letrados?.

Tenemos muchas preguntas, como seguramente usted las tendrá luego de leer este informe, pero resta conocer qué repercusiones tiene este tema puertas adentro de Casa de Gobierno, porque Pamela Pérez le hace un flaco favor al gobierno, más con actitudes que cercenan y van en contra de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y hasta las causas que deben de tratarse con la perspectiva de género que la abogada caletense insulta y pisotea con su accionar poco ético. (Agencia OPI Santa Cruz)