Según publica Clarín Le reclaman US$ 27.000 millones en pleitos. Uno se resolverá antes de fin de mes. El otro avanzará el jueves, pero puede requerir más tiempo para una definición.
YPF, la mayor empresa del país controlada por el Estado nacional, y la República Argentina enfrentan una semana clave en la justicia de los Estados Unidos. Hay dos casos cuya resolución puede implicar el desembolso de hasta US$ 27.000 millones, si se pierden los juicios.
Uno es el de Maxus. Se trata de la adquisición de una petrolera en los Estados Unidos que YPF hizo en los 90, bajo la batuta de José Estenssoro. Allí hay un reclamo por pasivos “ambientales”.
La compañía quebró, pero los administradores de los activos remanentes reclaman US$ 14.000 millones por haber contaminado un río en New Jersey. Además, hay gastos legales por US$ 700 millones.
Tanto YPF como el “trust” que administra la quiebra de Maxus ya hicieron sus presentaciones. El juez Christopher Sontchi, del tribunal de Quiebras de Delaware, se retira el 30 de junio. El magistrado manifestó su voluntad de dejar el caso resuelto antes de abandonar sus funciones.
De aquí a fin de mes, puede llegar un fallo negativo para YPF, cuya capitalización de mercado está alrededor de los US$ 1.500 millones.
Juicio por la estatización de YPF
Otro día clave para la petrolera y el Estado es el jueves. Allí será la tercera y última presentación del fondo Burford, que se quedó con los derechos para litigar de Petersen Energía en la expropiación de YPF.
La compañía argentina también hará su exposición. La jueza Loretta Preska, que lleva el caso en la corte del distrito Sur de Nueva York, puede inclinarse por decidir una sentencia sumaria -con un veredicto final sobre el caso- o pedir argumentos adicionales, que serían declaraciones orales de las partes ante el juzgado.
Burford, con el fondo Eton, reclaman hasta US$ 13.000 millones. Es por la expropiación de YPF, en 2012. Allí, el Estado se quedó con el 51% de Repsol -al que luego compensó con US$ 5.000 millones-, pero no lanzó una oferta pública para el resto de los accionistas. Entre ellos, estaba el grupo Petersen (de la familia Eskenazi), que tenía un 25% de las acciones. Petersen pagaba la compra de esas acciones con dividendos de YPF.
Cuando el Estado intervino, perdió sus acciones y fue a la quiebra en España, donde estaba constituida la sociedad original que le compró las tenencias a Repsol. El fondo Burford adquirió los derechos para litigar de Petersen.
Los dos casos tienen el potencial de poner a YPF en problemas. La compra de Maxus se hizo sin el debido “due diligence”, según analistas del caso. En ese proceso, se verifica si la compañía tiene juicios o deudas pendientes.
Se estima que el apuro de Estenssoro por ingresar en el mercado de los Estados Unidos lo llevó a esa decisión. Cuando el estado de New Jersey, presunta víctima de contaminación por parte de una empresa que era de Maxus, comenzó a litigar, empezaron los problemas judiciales.
El caso lleva más de dos décadas. Cuando YPF y Repsol -durante su época de accionista mayoritario- avizoraron que venían problemas legales, trataron de separar los activos de la empresa, dejando en otra sociedad -la que llevó adelante la quiebra- las acusaciones de contaminación.
Las distintas gestiones de YPF fueron postergando la resolución del caso. La actual administración creyó que podía revertir el curso del juicio en el verano. Pero luego vinieron las presentaciones judiciales ante el juez Sontchi, en la justicia de Delaware.
Según Sebastián Maril, un especialista en causas que involucran empresas argentinas en Wall Street y deuda soberana, el magistrado tiene fama de “duro”. Está próximo al retiro.
La sociedad que administra la quiebra de Maxus pide más de US$ 700 millones en gastos legales, pero el juicio es por US$ 14.000 millones, que sería el monto para reparar una supuesta contaminación de empresas vinculadas a Maxus en el pasado.
La saga Burford-YPF viene por otro lado. Tanto los fondos como Argentina ya hicieron presentaciones de sus expertos el 14 de abril, que fueron refutadas el 26 de mayo. Ahora, volverán a cruzarse el próximo jueves. Puede ser el final.
Preska tiene la opción de decidir, a través de un juicio sumario, o convocar a las empresas en pugna a presentar “argumentos orales”. Allí, podrían aclararse una serie de asuntos. Por ejemplo, si Burford gana el juicio, se quedará con el 70% de lo que obtenga. Pero destinará un 30% a un tercero, que hasta ahora no fue identificado.
En este caso, la familia Eskenazi declaró en Buenos Aires, por un pedido de la justicia estadounidense. La jueza Preska aceptó dirimir el pleito usando las leyes argentinas, pero en territorio estadounidense.
Cuando se privatizó YPF, la compañía aceptó regirse bajo el régimen de cotización de empresas en los Estados Unidos. Allí, estaba obligada a que ante cualquier operación de adquisición que involucrara al accionista controlante, el comprador tenía que realizar una oferta pública de acciones por las acciones del resto. Es decir, que si el Estado se quedó con el 51% de YPF que tenía Repsol, también debía ofertar por el 49% restante.
Sin embargo, la ley de expropiación de YPF, manifiesta lo opuesto. Que YPF ya no puede tratar de quedarse con partes de los minoritarios, u ofertar por esas acciones. Eso fue votado en el Congreso en 2014, con apoyo del kirchnerismo y el radicalismo.
La decisión de Preska puede tardar. En ocasiones anteriores, la magistrada se tomó entre un mes y dos para ciertas resoluciones. (Clarín)
