Según publica La Nación Los opositores proponen reducir a dos años la vigencia de los contratos y que las partes pacten los precios; el oficialismo defendió la ley actual y sostuvo que la propuesta de la oposición perjudica a los inquilinos.
Por: Laura Serra
La oposición exhibió una vez más su músculo político al enfrentar al oficialismo en un tema por demás sensible: la ley de alquileres. Los bloques de Juntos por el Cambio, el interbloque Federal y Juntos Somos Río Negro unieron filas en la Cámara de Diputados y avanzaron en un dictamen conjunto que propicia una mayor autonomía de las partes –inquilinos y locatarios- a la hora de pactar los nuevos contratos, mientras el oficialismo insistió en defender la norma actual.
El debate tuvo lugar en las comisiones de Legislación General y de Presupuesto. Allí la posición del oficialismo, mayoría en ambas comisiones, se plasmó en un dictamen con 40 firmas, mientras que la oposición, con 39 firmas, quedó en minoría Sin embargo, esta relación de fuerzas podría revertirse en el recinto, donde los opositores confían en imponer su propio dictamen. Su objetivo es convocar a sesión especial en los primeros días del mes próximo.
El oficialismo, que intuye las dificultades de imponer su posición en el recinto, criticó duramente el dictamen opositor. “Estoy convencido de que a los sectores de poder minoritarios no le convenía esta ley y por eso echaron a rodar la necesidad de modificarla –sostuvo el diputado José Luis Gioja–. Con la pandemia, nunca se llegó a aplicar la ley actual. Ahora se quiere proponer que los contratos se pacten libremente entre las partes: está claro quién va a ganar y quién va a perder. Es como hacer discutir un zorro con una gallina. El sector más perjudicado en esto son los inquilinos. Nosotros, como representantes del pueblo, debemos defender los derechos de los inquilinos”.
El dictamen oficialista ratifica la ley actual de alquileres que, a grandes rasgos, establece que la validez de los contratos sea de tres años y que la actualización de los valores sea anual con el tope que fija el Índice de Contratos de Locación (ICL), una fórmula que elabora el Banco Central que contempla en partes iguales la variación de la inflación y los salarios. Asimismo, incorpora una serie de incentivos fiscales para propiciar un aumento en la oferta de viviendas en alquiler.
El proyecto opositor, en tanto, propone retrotraer a dos años el plazo de los contratos y que la actualización de los valores de los alquileres se realice por acuerdo de las partes sin topes. En efecto, el proyecto dispone que los contratos el precio del alquiler debe fijarse como valor único y por períodos mensuales, sobre el cual podrán realizarse ajustes con la periodicidad que acuerden las partes, por intervalos de entre 3 y 12 meses.
El texto establece que, a la hora de pactar los ajustes, las partes deberán convenir el mecanismo de actualización del precio del alquiler al inicio de la relación locativa, pudiendo aplicar a tales efectos el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Índice de Precios Mayoristas (IPM) y/o el Índice de Salarios (IS) elaborados por el Indec o una combinación de dichos índices, según las partes acuerden.
Asimismo, los contratos de locación de inmuebles deben ser declarados por el locador ante la AFIP dentro del plazo, en la forma y con los alcances que dicho organismo disponga.
El diputado Agustín Domingo, de Juntos somos Río Negro, remarcó la necesidad de que, en este contexto de incertidumbre económica, las partes tengan una mayor autonomía para pactar los contratos de alquiler.
En tanto, el diputado radical Alejandro Cacace admitió que la ley sancionada en 2020 “ha generado consecuencias no deseadas” ya que su aplicación falló en un contexto de “economía de alta incertidumbre y con alta inflación”. Ante esta situación, los propietarios buscaron protegerse de ese riesgo “con la única variable que sí controlan, que es la del precio inicial”. “Por eso el aumento de los alquileres”, explicó.
Por su parte, el diputado Luciano Laspina admitió que una nueva ley de alquileres no remediará el problema que afecta al mercado inmobiliario porque, en el trasfondo, en nuestro país prevalece un problema macroeconómico provocado por la alta inflación y la brecha cambiaria “que esta ley no va a solucionar”.
“Sí vamos a solucionar los problemas micro que se generaron con la ley votada (en Diputados) en 2019 con un colapso de la oferta de propiedades”, sostuvo. “Venimos a intentar revertirlo, generando incentivos a que haya más oferta. Si hay más oferta, el precio baja”, sumó.
En similar sentido se expresó la diputada Graciela Camaño. “Desde una ley no vamos a resolver el terrible problema habitacional que tenemos” porque, entre otras cosas, “este país no tiene crédito hipotecario hace muchísimos años”, sostuvo. “Este problema es mucho más importante, más profundo”, dijo. (La Nación)
