Según publica Clarín La semana pasada fueron rechazados en la Corte Suprema una docena de planteos hechos por la vicepresidenta.
Por: Lucía Salinas
Después de la decisión de la Corte Suprema de rechazar por unanimidad los recursos de Cristina Kirchner, con los que buscaba dejar sin efecto el juicio en su contra por la presunta corrupción en la obra pública, este lunes se realizará la última audiencia previa al inicio de los alegatos. El Tribunal espera poder leer su veredicto a fin de año.
La semana pasada, una docena de planteos fueron rechazados por los ministros de la Corte Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz. Se trataban de recursos extraordinarios vinculados al juicio donde se juzga el presunto direccionamiento de 51 contratos viales a favor de Lázaro Báez.
El planteo del máximo tribunal despejó el camino para que el juicio siga su curso hacia la próxima instancia. Este lunes se realiza la última de las audiencias de cara al inicio de los alegatos que será el 11 de julio.
La mayor cantidad de quejas fueron planteadas por Carlos Beraldi, el abogado de Cristina Kirchner. Tres de ellos eran centrales porque buscaban dejar sin efecto el debate oral y público que tendrá su veredicto antes de fin de año a cargo del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso.
En esta causa, que tiene trece imputados, la principal acusación recae sobre la vicepresidenta: se la procesó como jefa de una asociación ilícita, que “junto con otros funcionarios de distintas reparticiones del Estado y a Lázaro Báez”, se dedicaron entre 2003 y 2015, “a cometer delitos indeterminados para sustraer y apoderarse ilegítimamente de fondos públicos asignados, en principio, a la obra pública vial en la provincia de Santa Cruz”.
El 11 de julio debía iniciar los alegatos la Oficina Anticorrupción (OA) en su rol de querellante, pero hace dos semanas presentaron la renuncia al juicio. El organismo del gobierno que sigue en la lista es la Unidad de Información Financiera (UIF), que deberá elegir entre pedir la absolución de la vicepresidenta o formular una acusación, en caso de no renunciar como lo hizo la OA.
Después se escucharán las palabras del Ministerio Público Fiscal representado por Diego Luciani y Sergio Mola. La fiscalía ante el TOF 2 sostiene la acusación con la que el caso llegó a juicio oral: que se montó una estructura desde organismos del Estado para beneficiar a Lázaro Báez quien, en simultáneo, mantenía diversos negocios con el matrimonio Kirchner: 18 compraventas de propiedades, fideicomisos, un terreno en condominio con la vice, alquiler de hoteles, explotación de los mismos, contrataciones cruzadas, entre otras.
En otras palabras, se referirán a la estructura de beneficios a favor de Báez, que le permitió que ganara licitaciones “direccionadas, contratos con sobreprecios promedio del 65%” y que la mitad de los caminos hayan quedado sin terminar.
La lectura de su alegato demandará varias audiencias, algo que el Tribunal tiene fijado en el calendario judicial, para después darle tiempo a las palabras finales de los 16 imputados del expediente. El primero será Lázaro Báez y en ese extenso listado, Cristina Kirchner será la sexta en poder dirigirse a los jueces que tienen el debate oral a cargo.
Los recursos ante la Corte
Ante las acusaciones formuladas, el abogado de la vicepresidente, presentó siete recursos extraordinarios con el fin de anular el debate oral que transita sus instancias finales.
En uno de esos recursos, la vice había pedido una pericia contable de toda la obra pública en todas las provincias. Sobre este planteo la Corte denegó la queja “por falta de sentencia definitiva”, al entender que no existe la arbitrariedad planteada por Cristina Kirchner respecto a la prueba impulsada, es decir una pericia sobre cinco obras emblemáticas y no sobre las 51 como ella requería.
La pericia ordenada por el TOF 2 arrojó por parte de los peritos oficiales, sobreprecios de 170-200 millones de dólares, asimismo determinaron que el empresario K no contaba con capacidad técnica para ganar los contratos y que esas obras no se concluyeron. La perito por parte de la vicepresidenta dictaminó lo contrario en todos los puntos.
La Corte fue contundente al responder a Cristina: “Se desestima el agravio referido a la posible afectación del derecho de defensa de la imputada, destacando que el tribunal oral se limitó a ejercer las funciones que le son propias y que también rechazó pruebas ofrecidas por los acusadores”.
Por otro lado los ministros de la Corte, señalaron que cuando el Tribunal Corte se negó a peritar todas las obras que obtuvo Báez, fue una decisión “que no busca perjudicar a la ex Presidenta o convertir al debate en un remedo de juicio”.
No fue el único reclamo de la vicepresidenta. El gobierno de Mauricio Macri le inició una demanda por 22.500 millones de pesos. Cristina Kirchner insistía en que ese juicio por daños y perjuicios -correspondiente al 50% de los contratos irregulares que le dieron a Báez y que nunca terminó- debe tramitar en Comodoro Py, y no en la justicia Contencioso Administrativo.
El máximo tribunal le respondió que el reclamo “carece de fundamentación suficiente”. Tampoco aquí ve “gravedad institucional” la Corte, pues “no se ha explicado de qué modo una resolución cuya consecuencia es la mera remisión de los planteos de la apelante para su tratamiento en sede civil y comercial federal revela una ‘flagrante violación de derechos, capaz de quebrar la buena marcha de las instituciones del sistema republicano’.
Otra de las quejas centrales de la vice, refería a la jurisdicción del caso. Es decir, tanto ella como Lázaro Báez exigieron que el caso se vaya a Santa Cruz. Junto con eso habían sostenido que había un doble juzgamiento, porque ya habían sido sobreseídos en el sur por un caso similar. La Corte denegó este planteo y dijo que el caso referido que se juzgó en Santa Cruz “sólo estaban involucrados funcionarios provinciales”y que la ex Presidenta “no fue juzgada en sede provincial”. (Clarín)
