Según publica La Nación El fiscal Stornelli y el juez Lijo disintieron en tono áspero frente a una causa por presuntas irregularidades en la obra social de los judiciales.
Por: Hugo Alconada Mon
La denuncia por presuntas irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación derivó en un áspero contrapunto entre el fiscal y el juez a cargo del expediente que podría provocar la nulidad de todo lo actuado, entre acusaciones de operaciones políticas encubiertas desde la mismísima Corte Suprema.
El contrapunto lo protagonizan el juez federal Ariel Lijo, quien considera que la pesquisa debe continuar, y el fiscal federal Carlos Stornelli, quien sostiene que la denuncia no tiene asidero, que el denunciante esconde al promotor de la movida y que el expediente debe enviarse al archivo sin más dilación.
El expediente se centra en las presuntas contrataciones irregulares que, según la denuncia, se habrían registrado en la Obra Social de los judiciales y que involucrarían en forma directa o indirecta a un ministro de la Corte, Juan Carlos Maqueda, con dos empresas; una de las cuales sería “fantasma”.
La denuncia incluyó, sin embargo, múltiples inconsistencias y afirmaciones genéricas que llevaron a Stornelli a solicitar que el denunciante, el sindicalista Agustín Bruera, ratificara su presentación y aportara precisiones. Pero ocurrió lo contrario: Bruera aclaró que su intención no había sido radicar una denuncia, sino “mantener al tanto a nuestros afiliados de cómo venía la situación”.
Secretario General del Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitraju), Bruera calificó su presentación como una “recopilación de distintas noticias de medios de comunicación” e indicó que no tenía “documentación sobre hechos delictivos”, sino “conjeturas”, que se sumaron a una denuncia anónima que llegó a otra Fiscalía, que la remitió a Stornelli.
Ante la “falta de sustento en elemento concreto alguno” y las “deficiencias insalvables que presentan las denuncias”, Stornelli intentó verificar los trazos gruesos de las presentaciones, que corroboró “infundadas”. La empresa señalada como “fantasma”, Farmandat SA, es real. Y la Corte siempre contrató a la otra, Emergencia Médica Integral SA, apoyada en dictámenes fundados.
“Las suspicacias que se deslizaran en el anoticiamiento inicial respecto de alguna supuesta intervención irregular de un integrante en particular de la Corte –doctor Maqueda–, más allá de la carencia de todo elemento concreto que permita inferirlas, quedan a mi criterio diluidas y despejadas”, concluyó Stornelli, que solicitó archivar la pesquisa “sin más trámite”.
“Téngase presente”
Pero ahí comenzaron los cortocircuitos. En vez de admitir o rechazar el dictamen de Stornelli, el juez Lijo lo despachó con un “téngase presente” y ordenó algunas medidas de prueba. Entre ellas, pidió copias de otros expedientes judiciales en los que se abordó a Farmandat SA y de una auditoría ordenada por la Corte sobre la Obra Social, y dispuso dos testimoniales para mañana y el miércoles próximo.
Stornelli reaccionó en duros términos. Le reclamó al juez que resuelva su dictamen a favor del archivo –porque ante su rechazo podría apelar a la Cámara–, y reafirmó que la decisión de extender la investigación “implicaría legitimar una lisa y llana ‘excursión de pesca’”. Es decir, un intento por buscar algo que permita mantener abierta la pesquisa. Eso, recordó el fiscal, llevaría a la nulidad de todo.
“Las diligencias ordenadas [por Lijo], cuya utilidad y pertinencia no luce invocada al disponerlas, podrían resultar nulas en todo cuanto excedan el objeto procesal”, planteó Stornelli, que fue más asertivo unas líneas después: “Todo cuanto se hiciera por fuera del objeto delimitado en el requerimiento de instrucción devendría insalvablemente nulo, al carecer de base fáctica e impulso procesal eficiente”.
¿Por qué? Porque para Stornelli, el paquete de nuevas medidas del juez “redundaría en una afectación del debido proceso y del derecho de defensa”, mientras que explicitó su sospecha de que un titiritero mueve los hilos de la pesquisa. “En efecto, la denuncia anónima acumulada a la del señor Bruera (quien en definitiva nada en concreto sabía más allá de no querer realizar una denuncia), habla a las claras de una mano aviesa intentando echar sombra sin riesgo de mostrar el rostro”.
El fiscal no identificó quién sería el interesado en mantener a Maqueda en el candelero de una causa penal abierta, con el desgaste consiguiente. Pero en los tribunales señalan a otro ministro de la Corte, Ricardo Lorenzetti, como el eventual fogonero, según reconstruyó LA NACIÓN en base a cinco fuentes judiciales.
En el Palacio de Tribunales, arrecian las acusaciones en sordina. A Lorenzetti también le adjudican promover una panfleteada contra Maqueda y publicaciones en portales de Internet más o menos conocidos. Pero junto a Lorenzetti negaron cualquier relación con lo ocurrido. “Este tema está vinculado a una pelea política que nos excede”, indicaron. (La Nación)
