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Río Turbio: la Corte rechazó recursos y avanza el juicio oral por el desvío de $176 millones

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Megausina en Río Turbio – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

Según publica Clarín El máximo tribunal desestimó reclamos que agilizan el inicio del proceso oral contra Julio De Vido, Roberto Baratta y otros.

Por: Daniel Santoro

La Corte, con la firma de los ministros Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, desestimó este martes los recursos de queja planteados por Hugo Román Sánchez y Martín Juan Goicoechea, en la causa en la que se investiga el desvío de 176 millones de pesos de fondos del ex Ministerio de Planificación Federal destinados para el Yacimiento Carbonífero de Río Turbio.

El rechazo agiliza los trámites para que se realice el juicio oral contra el ex ministro de Planificación Julio De Vido y su mano derecha Roberto Baratta, junto a otras 16 personas, entre ellos el ex rector de la Universidad Tecnológica Nacional de Río Gallegos, Goicochea. La fundación de la UTN fue un conducto a través del cual se desviaron esos fondos públicos, según la acusación.

El 12 de abril de 2018, la Cámara Federal había confirmado el procesamiento de Sánchez y de Goicochea -entre otros funcionarios y empresarios- en los hechos calificados como supuesta defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

La defensa interpuso recurso que, concedido por la Cámara Federal de Apelaciones, fue luego declarado inadmisible por la de Casación, a partir de lo cual presentó un recurso extraordinario federal cuyo rechazo derivó en la queja planteada por su nuevo defensor ante la Corte.

Entonces, la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó este martes los planteos formulados.

En paralelo, al menos una decena de otras quejas correspondientes a estas causas tramitan actualmente ante el Máximo Tribunal.

Se trata de la causa caratulada Baratta, Roberto y otros s/ legajo de apelación y los “Recurso de hecho deducido por Hugo Ramón Sánchez. En los autos Recurso de Queja n° 9-Legajo 82- Imputado Sánchez, Hugo Ramón y otros s/legajo de apelación” y “Recurso de hecho deducido por Martín Juan Goicoechea. 

En el 2019, el juez federal Luis Rodríguez envió a juicio oral a De Vido y Baratta, junto a otras 16 personas, todas procesadas por administración fraudulenta en la gestión de la empresa Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT), ubicada en Santa Cruz. La investigación la realizó el fiscal Carlos Stornelli.

En la causa, se acusó al ex ministro de Planificación Federal de haber malversado 176 millones de pesos, a través de una fundación de la UTN, que no fueron a YCRT sino a otros fines.

Por esta causa quedaron detenidos con prisión preventiva De Vido y Baratta en el 2017, luego del desafuero del ex ministro de Cristina Kirchner.

En este expediente se investigó el destino de partidas presupuestarias por 26.000 millones de pesos que debían aplicarse a la modernización y puesta en valor de la mina de carbón ubicada en Santa Cruz.

Los 19 imputados entre ellos De Vido, Baratta, Atanacio Pérez Osuna (ex interventor de YCRT), Jorge Mayoral (ex secretario de Minería), Goicochea (UTN), entre otros están acusados de haber participado de una “maniobra defraudatoria, cuya perpetración se sitúa entre el 14 de enero de 2008 y el 26 de enero de 2016, que consistió en la ilegítima obtención de fondos provenientes del Estado Nacional”.

Según determinó el juez Rodríguez existió una “maniobra defraudatoria” concretamente desde el “ex Ministerio de Planificación Federal, y del Yacimiento Carbonífero de Río Turbio y de los Servicios Ferroportuarios con Terminales en Punta Loyola y Río Gallegos de la Provincia de Santa Cruz (YCRT)-, y su manejo a través de la Facultad Regional Santa Cruz (en adelante FRSC) de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y de la “Fundación Facultad Regional Santa Cruz” (FRSC)”.

La justicia estableció que se firmaron distintos convenios por 4.866.400.000 pesos, de los que se facturaron 1.379.923.949 pesos, de acuerdo a lo establecido por la Sindicatura General de la Nación. En consecuencia, el perjuicio a las arcas del Estado Nacional ascendió, “en principio y cuanto menos, a la suma de 176.074.373 pesos”. (Clarín)

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