Según publica Clarín Prometen fiscalizar 1.300.000 programas. Controlarían las unidades de gestión y la contraprestación laboral.
Por: Guido Carelli Lynch
En total son 34 preguntas. Se trata de la auditoría a cargo de universidades nacionales con la que el Ministerio de Desarrollo Social, que conduce Juan Zabaleta, avanza para supervisar los 1.300.000 de planes sociales en el medio de la fuerte tensión entre el oficialismo y las organizaciones sociales.
En el Ejecutivo esperan completarla en 6 meses y admiten que traerá más ruido con los movimientos sociales. La Universidad de Buenos Aires tendrá especial protagonismo en la auditoría en el Conurbano bonaerense, donde la política municipal también tiene injerencia en las casas de estudio. En el Gobierno hay malestar con los intendentes, que evitan chocar con las organizaciones en sus territorios y reclaman administrar los planes.
Aunque se demoró más de la cuenta, el miércoles de la semana pasada se publicó en el Boletín Oficial la resolución 835/2022 que modificó los lineamientos generales y operativos del Potenciar Trabajo, a cargo del secretario de Economía Social y líder del Movimiento Evita Emilio Pérsico, enemigo público de Cristina Kirchner.
Se trata, en rigor, de una doble auditoría para que las universidades verifiquen, por una parte, el cumplimiento de los programas de trabajo de cerca de 500 unidades de gestión y, a la par, la contraprestación laboral que hacen los beneficiarios de los planes.
“Si las unidades de gestión no funcionan o el beneficiario no puede demostrar que trabaja, se requerirá que estudie. Y si tampoco lo hace, se le quitará el plan”, advierten cerca de Zabaleta, que convive en su cartera con los movimientos.
La fiscalización del programa se suma a las 7 mil denuncias internas que registró el Ministerio de parte de beneficiarios que se quejan del pedido de aportes de algunas organizaciones y de que los obligan a participar de las marchas.
En el entorno de Zabaleta rechazan que la iniciativa haya sido ideada después de las críticas que Cristina Kirchner lanzó en Avellaneda contra el Evita. Sin embargo, los tiempos se aceleraron justo cuando el ministro reconstruyó su vínculo con la Vicepresidenta, quien le transmite igual que a otros ministros preguntas precisas sobre la gestión.
La auditoría coincide además con el frente judicial que tiene en vilo a varias organizaciones. Por “problemas de agenda”, el ministro no participó de la reunión en Casa Rosada entre el Presidente y los referentes de las organizaciones.
La UBA estará a cargo en el GBA
Un profesional -estudiantes y docentes- de las universidades nacionales llevarán en operativos masivos centralizados -fuera de los barrios- el formulario de certificación de actividades de titulares del Potenciar Trabajo que consta de cuatro capítulos en formato de multiple choice.
En el Gran Buenos Aires la UBA tendrá un rol preponderante. “Nadie va a jugar de local”, señalan en el Gabinete sobre el armado político de los intendentes y La Cámpora en universidades del Conurbano.
En Desarrollo Social apuntan contra los intendentes del peronismo porque señalan que casi ninguno levantó la mano para pedir convertirse en unidades de gestión, cuando Zabaleta anunció que quitaría 200 mil planes a las organizaciones para trasladarlo a municipios y provincias. Señalan como excepción al intendente de Pehuajó Pablo Zurro. “Aunque la mayoría está más cerca de Cristina, casi todos tienen acuerdos políticos por abajo con las organizaciones”, señalan.
La planilla recogerá información social y demográfica de cada beneficiario para conocer en detalle qué otros programas de seguridad social recibe su grupo familiar (AUH, asignación por embarazo, discapacidad, pensiones no contributivas, Progresar, prestaciones alimentarias y planes provinciales o entrega de alimentos).
El segundo eje es el referido a la actividad del programa y el trabajo de los beneficiarios. “¿Conoce a qué unidades de gestión y/u organización pertenece?”, es la pregunta que abre la sección en la que se piden detalles sobre la tarea, ubicación y sobre el nivel de escolarización de los beneficiarios de los planes y se pregunta por el “grado de interés por finalizar los estudios”.
El tercer apartado inquiere sobre la capacitación y tareas de formación y el último interroga sobre actividades laborales -changas- que los beneficiarios reciban por fuera del programa para saber si los ingresos son mayores a los que reciben por el programa y cuántas horas por semana le dedica. “Si le ofrecieran un trabajo registrado, es decir un trabajo en el que le hacen aportes jubilatorios, obra social, etc. ¿en qué medida estaría dispuesta a aceptarlo?” es la penúltima pregunta destinada únicamente a mujeres.
En Desarrollo Social descuentan que el control provocará más tensión con las organizaciones. Una de las primeras medidas de Zabaleta fue incluir como requisito la firma del virtual viceministro Gustavo Aguilera en cualquier alta o baja de plan, facultad que hasta 2021 solo ostentaba Pérsico.
En el Evita lo niegan y repiten que aprueban cualquier herramienta que sirva para “transparentar” los planes. Recuerdan incluso que el actual secretario de Relaciones Parlamentarias, Fernando “Chino” Navarro, hasta sugirió la posibilidad de acudir a la consultora internacional Price (PWC) en el pasado.
En el Ejecutivo no creen que la mayor presión sobre las organizaciones desencadene un nivel de conflictividad social fuera de control. “Cada vez les cuesta más movilizar. La sociedad está harta. Los pobres tienen para comer. El problema es más arriba”, diagnostican en el Ejecutivo, donde no planean cruzar a Horacio Rodríguez Larreta para recordarle que fue la gestión de Mauricio Macri y Carolina Stanley la que “empoderó con planes” a las organizaciones. “La gente no quiere escuchar eso”, señalan a contramano de laderas de la vice como Juliana Di Tullio.
En el Gobierno analizan que la propuesta del salario universal que apoyaron CFK y La Cámpora pretendía presionar al Evita, que finalmente apoyó la iniciativa, para eliminar los planes. “Eso es imposible, Cristina quedó entrampada”, se lamentan mientras las organizaciones y La Cámpora buscan votos en el Congreso que no conseguirán y los movimientos exigen un decreto presidencial. (Clarín)
