Según publica La Nación La jueza federal de San Isidro apuntó a la actuación de un camarista de la Casación en la causa Scapolan y cuestionó a allegados del diputado Ritondo, que desmintió de manera terminante sus dichos.
La jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado pidió ayer “estar muy atentos” al futuro de la causa Vialidad, donde la vicepresidenta Cristina Kirchner fue acusada de favorecer los negocios con la obra pública de Lázaro Báez. La magistrada expresó “la necesidad de que el Poder Judicial de cuenta de sus decisiones, fundamentalmente en casos que por su sensibilidad conmueven a la opinión pública”. Advirtió que esa es la “única garantía de transparencia y credibilidad del quehacer judicial”.
De acuerdo a Arroyo Salgado, su apartamiento del caso donde investigaba al fiscal Claudio Scapolan, resuelto en forma unipersonal por el juez de Casación Mariano Borinsky, bien pueden repetirse en la causa de Vialidad. “Por eso, la publicidad de todo cuanto se resuelva en Casación, es tan importante como el seguimiento del juicio en sí mismo”, enfatizó la magistrada, en diálogo con LA NACIÓN.
Arroyo Salgado, exesposa del fiscal Alberto Nisman, ya había opinado el lunes pasado, en el programa Comunidad de negocios, que conduce José Del Rio en LN+, acerca de las recusaciones que impulsa la defensa de Cristina Kirchner contra el fiscal Diego Luciani, y los jueces Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini, en el caso Vialidad.
En ese sentido, la jueza puso el foco en lo que pueda ocurrir en la Cámara Federal de Casación Penal, y en especial en la sala a cargo de Borinsky. Arroyo Salgado recordó la forma en que ella misma fue apartada de la investigación sobre Scapolan, que estaba acusado de haber actuado en complicidad con policías que se dedican a extorsionar a narcotraficantes fraguando causas.
Arroyo Salgado vinculó ese apartamiento con las maniobras que impulsan la defensa de Cristina Kirchner y el resto de los acusados en el caso Vialidad. En ese sentido, recordó que en diciembre pasado la “apartaron después de todo un año de intentos en un expediente en el que investigaba a un fiscal provincial, a sus funcionarios, a los más directos colaboradores y a una veintena de policías bonaerenses de alta jerarquía de las DDI de La Plata, Quilmes y Tigre”. En esa línea, la jueza manifestó que la recusaron “por un motivo procesal sumamente cuestionable”.
“Investigué, avancé hasta llegar al procesamiento con prisión preventiva de funcionarios provinciales que debían investigar al narcotráfico, procesé a secretarios, funcionarios del fiscal Scapolan”, recordó.
Scapolan fue apartado en mayo pasado tras el procesamiento en el que se lo acusó de ser jefe de una asociación ilícita integrada por policías que entre 2013 y 2015 robaba droga y extorsionaba a narcos. Arroyo Salgado fue quien avanzó en pesquisa hasta que la apartaron.
“Me recusaron dos letrados con aceitados contactos políticos, uno de ellos fue funcionario del Ministerio de Seguridad durante la gestión de la gobernadora María Eugenia Vidal”, señaló. Uno de esos abogados, según contó, fue Marcelo D’Angelo, al que identificó como exjefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad en la gestión de Cristian Ritondo.
“Ellos me recusan, el presidente de la Cámara de San Martín me mantiene, pero en Casación el juez (Mariano) Borinsky, con un pronunciamiento inédito, declara la nulidad de la resolución de la Cámara que me había confirmado a cargo de la investigación”, dijo. “Hoy en día, lamentablemente, estamos concurriendo a una verdadera industria de la recusación y del apartamiento de los jueces. Hay una industria de la que forman parte también todo un aparato de abogados como Carlos Beraldi”, dijo, sobre el defensor de la vicepresidenta.
La jueza federal destacó que el tribunal oral haya permitido la visualización de los alegatos de la fiscalía del juicio. “Me parece destacable que la sociedad haya podido acceder a las pruebas y a los fundamentos por los cuales un fiscal federal sostiene acusaciones tan graves en un caso como es el de Vialidad”, expresó.
Según planteó la magistrada sobre los argumentos de la defensa que acusó puntualmente al fiscal Luciani de mantener un vínculo con el juez de la causa a raíz de la publicación de unas fotos en las que se los ve jugando al fútbol, ella sostuvo que en el Código Procesal Penal se habla de una “amistad íntima”. Y explicó: “Habla de una relación entre interesados, en los que contempla al imputado, es decir, la persona sospechada de delito, el particularmente ofendido por el delito que sería la víctima y el civilmente demandado. No habla de los fiscales, porque justamente integran el Ministerio Público Fiscal de la Nación, que por mandato constitucional son magistrados, funcionarios que representan los intereses generales de la sociedad en la persecución del delito y ejercen el control de legalidad”.
“Diego Luciani ha intervenido en una infinidad de casos ante estos jueces y no ha sido apartado por sus superiores ni nada por el estilo”, manifestó. Dicho esto, la jueza mencionó que jueces y fiscales participan además de muchos eventos académicos, seminarios, reuniones de trabajo, pero que no por eso se establecen amistades.
“Desmiento lo que dijo Arroyo Salgado”
Entrevistado hoy por Eduardo Feinmann en LN+, Ritondo desmintió de plano los dichos de la jueza. “El único jefe de gabinete que tuve se llama Marcelo Rochetti y nunca participó de la defensa de ninguna de estas personas ni conoce a Scapolan, así que lamentablemente dijo una mentira la jueza Arroyo Salgado. No sé por qué interés, porque no creo que alguien se equivoca tan fácilmente sobre un abogado”, advirtió el exministro de Vidal.
Más temprano, durante una entrevista radial, Ritondo afirmó sobre D’Angelo. “No se cuál es la acusación, que alguien que es abogado y estuvo en el Ministerio de Seguridad y dejó de trabajar en 2019, ahora ejerza su profesión. Es algo sobre lo que no me corresponde opinar, quienes trabajaron bajo mi mando cumplieron sus funciones, y a quienes se apartaron de la ley los eché”, sostuvo.
“D’Angelo no fue defensor de ningún policía acusado en lo que investiga al fiscal Scapolán. Era defensor del fiscal pero a fines del 2020, no tiene nada que ver con el Ministerio de Seguridad. La recusación a ella se la hace otro abogado, de otro imputado, que es Juan Manuel Cueto”, agregó. (La Nación)
