Según publica La Nación La iniciativa tiene un alto costo fiscal; la senadora reconoció su objetivo electoral y propuso cuáles partidas reasignar, pero el ministro de Economía todavía no respondió.
Por: Gustavo Ybarra
La crisis económica y financiera de la administración de Alberto Fernández se ha convertido en el principal obstáculo para el intento del kirchnerismo de aprobar un “refuerzo de ingresos” destinado a sacar de la indigencia a la población adulta que perciba menos de la canasta básica alimentaria, que en julio su ubicó apenas por encima de los $16.000 según el cálculo del Indec.
El proyecto, cuya autora es la oficialista Juliana Di Tullio (Buenos Aires), fue girado a dos comisiones del Senado y espera la luz verde del ministro de Economía, Sergio Massa, quien supuestamente se habría comprometido a buscar los fondos necesarios para solventar el programa.
La tarea no parece sencilla. Sólo para lo que resta de este año el costo fiscal excedería los $76.500 millones. La cifra surge de la propia autora de la iniciativa, quien estimó en el 0,09% del PBI el gasto para lo que queda del 2022. Para el año próximo, ese monto ascendería a casi medio punto (0,43%) del PBI. Pero las cifras serían más altas aún.
Sin embargo, la recompensa se presenta apetecible tanto para Massa como para el kirchnerismo. Es una de las pocas oportunidades que tiene el Frente de Todos de dar alguna buena noticia en medio del ajuste que viene aplicando el Gobierno a través de la inflación y, ahora, mediante la quita de los subsidios a los servicios públicos.
Así se lo dijo Di Tullio a un grupo de representantes de organizaciones sociales con los que se reunió la semana pasada. En un encuentro, que contó con las cámaras de Senado TV pero que no fue transmitido en directo por la señal, la senadora no se anduvo con vueltas y le dijo a los presentes que el proyecto tiene un objetivo electoral.
“Ganar las elecciones”
“Este proyecto lo pidió Cristina. Necesitamos que esta ley se sancione lo antes posible porque tenemos que ganar las elecciones”, sentenció Di Tullio, quien en su exposición estuvo acompañada por el diputado provincial Adrián Grana, detenido el lunes pasado tras enfrentarse a la policía frente al departamento de la vicpresidenta.
En su exposición, de algo más de una hora, la legisladora insistió en que el proyecto “tiene un costo fiscal alto”, pero estimó cifras aún mayores que las inicialmente previstas. “De acá a fin de año sería del 0,12 por ciento del PBI. Y el año que viene, de 0,60 por ciento del PBI”, aseguró Di Tullio en la reunión, de acuerdo a lo que informó la agencia oficial Télam.
“Espero que Massa lo incluya en el Presupuesto”, le dijo Di Tullio a LA NACION, mostrando su optimismo en que el proyecto podrá avanzar hasta convertirse en ley y que tendrá el fondeo presupuestario necesario que lo haga operativo y no en una mera expresión de deseos.
Según la legisladora, el “refuerzo de ingresos” que propone no incrementará el gasto, ya que su financiamiento surgiría de la reasignación de partidas del presupuesto.
No obstante, la reasignación de esas partidas asoma como una tarea titánica en medio del fuerte ajuste que está obligado a aplicar Massa desde el Ministerio de Economía. Por las dudas, Di Tullio le pidió a los militantes con los que se reunió la semana pasada que salieran “a militar” el proyecto. Una manera de instalar el tema, pero también de meterle presión al jefe del Palacio de Hacienda.
De dónde surgirán los fondos
Di Tullio dice que le dio algunas ideas al flamante ministro de dónde podría sacar el dinero necesario para solventar el programa. “No convierto mis deseos en proyectos de ley”, afirmó, para demostrar que tiene todo calculado. Sin embargo, se muestra reticente a responder cuando se le pregunta de dónde saldrán los fondos. Asegura que no quiere hacer públicas las partidas que sugirió reasignar para no alertar a los eventuales afectados.
Algunas versiones que circulan en el Senado y que Di Tullio se negó a confirmar indican que la senadora habría puesto la mira en una serie de fondos específicos cuya finalidad ya perimió, pero que se siguen recaudando. No es casualidad que una de las personas consultadas en los últimos días por Di Tullio haya sido Carlos Castagneto, titular de la AFIP tras la salida de Mercedes Marcó del Pont de la conducción del organismo recaudador.
De todas maneras, el proyecto en ningún momento habla de reasignación de partidas, sino que establece que “el gasto que demande el pago de las prestaciones del Refuerzo de ingresos será atendido por recursos del Tesoro Nacional”.
El otro vértice en el que se apoyó la senadora kirchnerista para redactar su propuesta fue Fernanda Raverta, directora de la Anses, organismo que será la autoridad de aplicación de su refuerzo.
Las claves del proyecto
Según el proyecto, que fue girado a las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Trabajo, ésta última presidida por Di Tullio, se otorgará un “refuerzo de ingresos” similar a la canasta básica alimentaria que calcula el Indec -estimada en $16.008,28 en julio-, que tendrá por “objeto reducir la indigencia en todo el territorio nacional”.
Según la iniciativa, se trata de un plan integral, ya que además de la asignación monetaria incluye “el acceso a una adecuada alimentación de las personas que se encuentren en situación de extrema vulnerabilidad”.
La prestación será mensual, no contributiva y tendrá la vigencia de un año, pudiendo renovarse siempre y cuando se cumplan los requisitos que establezca la ley.
En ese orden, estarán habilitados para cobrar los hombres 25 a 64 años y mujeres de 25 a 59 años que no perciban ningún otro plan social ya se sean del orden nacional, provincial o municipal, jubilación, pensión o seguro de desempleo.
El texto comenzó a ser analizado la semana pasada en reunión de asesores y allí Di Tullio le incorporó una excepción para aquellos jóvenes de entre 18 y 24 que no hayan terminado la primaria o la secundaria, los que podrán y deberán percibir el Plan Progresar.
Durante la vigencia del beneficio, la Anses tendrá competencia para realizar de manera permanente el control para verificar que la persona solicitante mantiene los requisitos exigidos por el proyecto.
Será la Anses la que, además, deberá diseñar “los mecanismos correspondientes para que, articulando con los diferentes sectores de la actividad económica, se puedan incorporar a las personas al mercado formal de trabajo”. (La Nación)
