Según publica Clarín El defensor de la vice alegará en las próximas semanas: negará la tesis de los fiscales, y que existió un sistema para beneficiar al dueño de Austral.
Por: Lucía Salinas
“Este juicio empezó con la ficción (por el dictamen acusador) que relataron durante cinco días (…). No eran acusaciones, eran una ficción, un guión y bastante malo por cierto, además de falso”, dijo Cristina Kirchner el martes pasado, cuando realizó un descargo político luego del pedido de doce años de prisión del fiscal Diego Luciani por el presunto direccionamiento de la obra pública vial en el sur. En un par de semanas será el turno de su abogado, Carlos Beraldi, quien en esta etapa de alegatos señalará que la fiscalía “mintió”, que no hubo defraudación, que jamás se buscó favorecer a Lázaro Báez.
Para alejar a su clienta de la acusación por asociación ilícita, el abogado también dirá que el Congreso respaldó los pagos al contratista en las sucesivas partidas presupuestarias.
Después de más de 600 horas de debate oral y público, los fiscales Luciani y Mola realizaron sus alegatos durante nueve audiencias, al término de las cuales formularon el pedido de condena para Cristina Kirchner, inédita para una vicepresidenta en ejercicio del poder.
Los fiscales expusieron dos escenarios que se produjeron en simultáneo: el crecimiento de Austral Construcciones como principal firma en suelo santacruceño, “compitiendo” incluso con otras del mismo holding en varias licitaciones, lo que devino en un incremento patrimonial del 46.000% para la empresa. La fortuna de Báez, según las estimaciones fiscales, creció 12.000%. Este salto estuvo atravesado por dieciocho acuerdos comerciales que Báez celebró con el matrimonio Kirchner mientras recibía fondos del Estado en materia de obra pública.
Además de las penas de prisión, el fiscal Luciani estimó el perjuicio total al Estado en 1.000 millones de dólares, y pidió un decomiso hasta cubrir esa suma de forma solidaria entre los trece imputados.
Todos esos planteos son los que el abogado Carlos Beraldi buscará desestimar en las jornadas de alegatos que tendrá a cargo, por orden alfabético, en el sexto lugar. El lunes próximo iniciará su alegato un ex funcionario de Vialidad que acordó con la defensa de Lázaro Báez para invertir el turno. Así, en caso de que se utilicen las tres audiencias asignadas por el Tribunal a cada abogado, en las próximas semanas se escuchará el descargo de la defensa de Cristina Kirchner.
Entre sus principales argumentos, según dejó trascender en diversas entrevistas el propio Beraldi, sostendrá que todo lo señalado por el Ministerio Público Fiscal “es mentira”.
Cristina dijo lo mismo en el descargo difundido por YouTube. Allí postuló que durante las más de 120 audiencias “nada fue probado”. “No solamente no fue probado sino que, además, se comprobó que era exactamente al revés de lo que decían, y lo pudimos ver a partir de los testimonios de los propios testigos que fueron citados por el Ministerio Público Fiscal”, consideró.
Las declaraciones de los testigos será un punto clave en el alegato a cargo de Beraldi, ya que él mismo señaló que “los testigos fueron derrumbando una por una las acusaciones”, y que la fiscalía “realizó un recorte de los testimonios”.
Durante las nueve audiencias de alegato, los fiscales expusieron diversos tramos de las declaraciones de testigos, que incluyeron ex funcionarios de AFIP, ex integrantes de Vialidad Nacional y de la Agencia Provincial de Vialidad, ex inspectores de obras y el ex director del organismo nacional durante la gestión macrista, Javier Iguacel, entre otros.
Esos testimonios dieron cuenta de las irregularidades denunciadas, cometidas por diversos organismos: falta de control en la realización de obras, pago por certificaciones que no se condecían con el avance de los trabajos, pagos de anticipos de obra por encima de lo normado, ampliaciones de costos y plazos “sin justificativos”. También indicaron cómo se preadjudicaban y adjudicaban los contratos con “total celeridad”, entre otros aspectos. La sumatoria de estos circuitos, indicaron los fiscales en base a los testigos, se alimentaron “un sistema de beneficios constantes para el grupo económico”.
Para la defensa de la vicepresidenta, esos y otros testimonios fueron utilizados de manera “recortada”, porque “la fiscalía no tenía pruebas” para acusar a Cristina Kirchner. Buscará demostrar que los organismos de control funcionaron, y que no hubo ningún sistema de beneficios para Lázaro Báez.
En esa misma línea, la defensa se apoyará en las leyes de presupuesto de 2003 a 2015 para sostener que todas las partidas de fondos asignadas a la obra pública fueron analizadas y aprobadas por el Congreso.
Sin embargo, el fiscal Luciani señaló que hubo 17 contratos que no fueron informados en las planillas anexas a los proyectos de presupuestos, es decir que no contaban con crédito oficial pese a que sumados ascendían a más de 2.500 millones de pesos. Carlos Beraldi buscará desmentir ese planteo y explicar que se transitaron los circuitos administrativos correspondientes.
Para la vicepresidenta, los vínculos comerciales que el matrimonio Kirchner mantuvo con Lázaro Báez no son vínculos societarios: “un contrato de locación es sólo un contrato de locación”, sostuvo. Sólo en concepto de alquiler, el dueño del Grupo Austral le pagó 40 millones de pesos a los ex presidentes. Con su holding construyó edificios que después alquiló, su empresa permutó un terreno Cristina Kirchner para que amplíe uno de sus hoteles, las firmas constructoras fueron inquilinas y administradoras de los hoteles, y celebraron compra-venta de inmuebles por más de 2 millones de dólares, entre otros acuerdos comerciales.
Los alegatos, que son un planteo sobre las pruebas del caso y lo ocurrido durante el juicio oral, están a cargo de los abogados. Cristina tendrá la oportunidad de volver a hablar frente al Tribunal en la etapa de palabras finales, previo a la lectura del veredicto. (Clarín)
