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Vialidad: Cristina Kirchner apeló a Casación el rechazo a las recusaciones contra jueces y fiscales

El Tribunal Oral Federal 2 -

Según publica Clarín Con esta jugada, la defensa de la vicepresidenta pretende llegar a la Corte y la Corte Interamericana para objetar una eventual condena de parte del Tribunal Oral Federal 2.

Por: Daniel Santoro

La defensa de la vicepresidenta Cristina Kirchner apeló a la Cámara Federal de Casación Penal el rechazo a las recusaciones que presentó contra los fiscales y algunos de los miembros del tribunal del juicio oral por la causa Vialidad.

La presentación fue realizada por el abogado Carlos Beraldi y apunta a que sea la Cámara Federal de Casación penal la que evalúe si corresponde que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola y los jueces Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini sean apartados del juicio.

En fuentes judiciales se afirmó que la defensa de Cristina sabe que estas recusaciones serán seguramente rechazadas en Casación, pero que lo hace para tener argumentos y luego ir con un recurso a la Corte y también a la Corte Interamericana de Justicia.

Entonces, cuando el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) emita una sentencia a fin de año, ya tendrá acumulados nuevos recursos ante el máximo tribunal que, el mes pasado, había le había rechazado varios vinculados con la causa Vialidad.

Beraldi expuso una serie de elementos que generan “temor de parcialidad” en relación a los magistrados porque el fiscal Luciani y el juez Giménez Uriburu compartieron un equipo de fútbol llamado La Liverpool que disputó encuentros en la cancha de la quinta Los Abrojos, de la familia Macri.

“El fiscal Mola mantenía reuniones en la propia Casa de Gobierno -en donde tenían sus despachos los principales actores de la Mesa Judicial de Macri-, en la sede de la AFI -desde donde se articulaban maniobras de espionaje ilegal en contra de la Dra. Cristina Fernández de Kirchner- y en el Ministerio de Seguridad de la Nación, nada menos que con la Lic. Patricia Bullrich, denunciante de este proceso”, reseñó el abogado de la expresidenta en el escrito.

Los dos fiscales y los dos jueces recusados ya rechazaron, hace dos semanas, los pedidos de apartamiento que fueron presentados fuera de término, no contenían causales de recusación y fueron parte de una campaña K  contra el juicio y sus protagonistas judiciales. Por eso, Cristina fue a Casación.

El fiscal Luciani dijo que no integra más ese equipo de fútbol desde antes que empezó el juicio oral hace tres años atrás y que éste no es una causal de recusación. Sería motivo de recusación si jugara con un imputado a un querellante, pero no un juez. Luciani añadió que “no es casual que desde que empezaron los alegatos buscaron desacreditarnos desde ciertos sectores mediáticos con mentiras, porque buscan debilitarme psicológicamente, han querido desprestigiar nuestra tarea profesional hablando de cosas personales”.

“No tengo ninguna vinculación con el anterior presidente, ni tengo aspiraciones políticas ni partidarias. Trabajo ante el Tribunal hace nueve años y nunca fui recusado en toda mi carrera, no se configuró ninguna causal de recusación”, aclaró Luciani, quien fue nombrado en el cargo por la ex presidenta Cristina Kirchner.

Por su parte, Mola dijo que “hay mala fe detrás de este planteo y se advierte también en la repetición de falsedades. Buscan desprestigiar mintiendo, hablan de una reunión con el supuesto abogado de un narcotraficante y fue una comida que organizó Gómez Alcorta (Elizabeth, actual ministra de Mujeres y Diversidad) en su casa para todo el equipo de trabajo pero ni siquiera fui a esa comida y dijeron que me reuní a comer con el abogado de un narcotraficante”.

Por otra parte, Beraldi afirmó que “el juez Gorini y el juez Giménez Uriburu también visitaban a la Lic. Bullrich, incluso cuando ya tenían a su conocimiento las presentes actuaciones”. Gorini y Giménez Uriburu constituyeron el tribunal que juzgó la Tragedia de Once que dejó un saldo de 52 muertos.

Gorini dijo que se reunió con Bullrich a raíz de la difusión de “las fotografías del ex vicepresidente (por Amado Boudou) en pijama y ya habíamos emitido la condena en el caso de la Tragedia de Once pedimos la reunión para garantizar que eso no ocurriera en las detenciones que en ese caso iba a darse”, afirmó.

Por su parte, Giménez Uriburu explicó que se reunió con la ex ministra de Seguridad de Macri para pedirle que ampliara su custodia porque había recibido amenazas de muerte por el caso de la Tragedia de Once.

En su apelación, Beraldi se preguntó:”¿Qué hubiese sucedido si se hubiesen dado a conocer fotografías en las cuales los miembros del Tribunal hubiesen aparecido jugando al fútbol con las personas que están siendo juzgadas en este proceso? Sin lugar a dudas, estaríamos en presencia no sólo de un escándalo nacional, sino también ante la inmediata promoción de una causa penal y de un juicio político en contra del juez que habría desarrollado tal conducta”.

Como prueba de ello sostuvo que “basta con recordar lo que sucedió con el juez (Sebastián) Casanello cuando se le inventó un encuentro con nuestra representada en la Quinta de Olivos. En definitiva, es evidente que en el presente caso se encuentra lesionada de una manera intolerable la garantía del juez imparcial y, de igual manera, vulnerado el principio de objetividad y respeto de la legalidad que debe regir la actuación de todos los fiscales”, concluyó.

En otro párrafo, Beraldi señaló: “Los mismos fiscales que afirman que todas estas relaciones debidamente acreditadas no tienen entidad siquiera para demostrar un temor objetivo de parcialidad o falta de objetividad, al propio tiempo aseguran que la mera designación de funcionarios o las relaciones de conocimiento previo de un grupo de personas son las pruebas irrefutables que dan cuenta de la existencia de una asociación ilícita conformada en el seno del gobierno nacional, que conformó la mayor matriz de corrupción de la historia argentina. Curiosa doble vara”.

El recurso fue presentado ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 2, que encabeza el juicio, para que sea elevado ante la Cámara Federal de Casación Penal. Si lo rechaza el TOF 2, la defensa irá en queja a Casación.

En el juicio Vialidad se investiga si durante los gobiernos kirchneristas se benefició de modo irregular con contratos por 3.500 millones de dólares al empresario Lázaro Báez con el direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz.

El debate se encuentra en la etapa de alegato, en la que la fiscalía pidió condenas para los 13 imputados y el 5 de septiembre comenzarán las exposiciones de las defensas.

La fiscalía, representada por Mola y Luciani, solicitó 12 años de prisión para la Vicepresidenta e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, luego de acusarla de ser la jefa de una asociación ilícita. (Clarín)

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