Según publica Clarín Fue el ex ministro de Planificación durante todo el período en que se licitaron las obras en favor de Lázaro Báez y está acusado de organizar la “asociación ilícita”. Sus abogados sostendrán la tesis de que no hay pruebas contra su defendido.
Por: Lucía Salinas
Pese a los intentos desplegados desde el kirchnerismo para demorar el denominado juicio por Vialidad, en el que se investiga el direccionamiento de la obra pública en favor del empresario Lázaro Báez, este lunes continuarán los alegados de los funcionarios acusados. Y será el turno de un hombre clave en la estructura de la “asociación ilícita” que denunció la Fiscalía: Julio de Vido, quien estuvo al frente del estratégico Ministerio de Planificación Federal durante el período en que se licitaron las más de 50 obras que beneficiaron a Báez, y por ello está acusado como organizador de la asociación ilícita bajo investigación.
A partir de las 9.30 los abogados del ex ministro comenzarán sus alegatos, en los que buscarán rebatir los argumentos a partir de los cuáles los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron la condena de su defendido a 10 años de prisión, por considerarlo organizador de la asociación ilícita que -según la acusación- tenía como jefe a la vicepresidenta Cristina Kirchner. Además los fiscales también le endilgaron a De Vido el delito de administración infiel en perjuicio del Estado.
Los alegatos de los acusados tendrán lugar pese a la fuerte presión desplegada por el kirchnerismo tras el intento de atentado contra la Vicepresidenta, que -en medio de una insistente argumentación respecto a los “discursos del odio”como explicación de las motivaciones que causaron el ataque a Cristina- hasta generó que el titular del bloque del Frente de Todos en el Senado, José Mayans, propusiera públicamente la suspensión del juicio para que se garantizara la “paz social”.
Los abogados Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro solicitaron al menos dos audiencias para exponer los fundamentos por los que solicitarán la absolución del ex funcionario, responsable del Ministerio de Planificación Federal durante el período en que se otorgaron las obras en favor de Báez. Entre sus argumentos, los representantes de De Vido sostendrán que los fiscales no citaron resoluciones administrativas que involucren directamente a su defendido en decisiones que hayan favorecido al empresario kirchnerista. Para los abogados, no hay elementos de prueba que comprometan a De Vido y esa estrategia desarrollarán en sus alegatos.
El expediente conocido como “Vialidad” comenzó con la denuncia de Javier Iguacel, entonces director de Vialidad Nacional durante el gobierno macrista. Acusó a Cristina Kirchner, Julio De Vido, José López, Nelson Periotti, Carlos Santiago Kirchner, Lázaro Báez, Raúl Daruich, Mauricio Collareda, Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, Raúl Santibañez y Abel Fatala, de haber “diseñado una estructura en la provincia de Santa Cruz para el manejo fraudulento de fondos del Estado en favor de las empresas de Lázaro Báez, las que resultaran adjudicatarias de casi la totalidad de las obras viales licitadas en dicha provincia durante los últimos 12 años”.
La estructura bajo investigación se construyó, según la Fiscalía, en base a tres delitos: la asociación ilícita integrada por cinco de los imputados, la administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública que nuclea a los trece imputados con distinto nivel de responsabilidad, y el incumplimiento de los deberes de funcionario público, que no incluye a Lázaro Báez que era el empresario privado.
Al analizar el rol de cada uno de los imputados, el fiscal Luciani apuntó que “todos los miembros de la organización criminal decidieron mantenerse en sus respectivos cargos durante doce años, para que el mecanismo defraudatorio continúe funcionando” y que esto contó “con el aporte indispensable de Lázaro Báez que se presentó sistemáticamente a las obras que le terminaron asignando”.
De Vido es uno de los principales acusados junto con la ex presidenta, el ex el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex director de Vialidad Nacional, Nelson Periotti, el ex coordinador Carlos Kirchner y Báez. Para la fiscalía todos ellos “constituyeron una asociación ilícita que perduró en el tiempo para sustraer fondos públicos, crearon una organización criminal dedicada a la comisión de delitos”.
La asociación ilícita según la acusación, funcionó desde 2003 hasta el 9 de diciembre de 2015, la misma estuvo “destinada a cometer delitos; para apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de los fondos asignados a la obra pública vial”, en principio, en la provincia de Santa Cruz.
En tanto, la administración fraudulenta, que se agrava al ser en perjuicio del Estado teniendo en cuenta las partidas presupuestarias otorgadas al Grupo Báez, “bajo un acuerdo espurio, permitiendo sobreprecios, licitaciones amañadas, obras inconclusas, un flujo constante de fondos de forma ilegal”, se le atribuye a los trece imputados en la causa. (Clarín)
