Según publica Clarín En una denuncia penal, presentada junto a Ricardo López Murphy, también solicitó que se unifiquen todas las causas por tomas o ataques de sectores mapuches radicalizados. Así abrió un debate nacional e internacional.
Por: Daniel Santoro
Dirigentes de Juntos por el Cambio solicitaron a la Justicia que unifique todas las causas abiertas contra sectores radicalizados de los mapuches y declare terroristas a sus organizaciones para tratar de cortar el apoyo financiero y logístico que reciben las usurpaciones en Río Negro. Y así abrieron un debate político y judicial con alcance nacional e internacional.
La líder del PRO Patricia Bullrich, el diputado nacional Ricardo López Murphy y la ex número dos de la Unidad de Información Financiera (UIF) Maria Eugenia Talerico, con el patrocinio letrado de Nicolás Suárez Colman hicieron ese pedido a la jueza federal de Bariloche, Silvia Domínguez.
Para los denunciantes con los ocho detenciones de este martes, entre ellas de la “machi” Betiana Colhuan, no basta para detener las usurpaciones,daños, incendios, lesiones, interrupciones reiteradas a rutas y vías de trenes, abigeatos, amenazas, intimidaciones y abuso de armas.
Afirman que detrás están el Movimiento Autónomo Mapuche del Puel Mapu (MAP) o Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) de Jones Huala, aliados con la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) de Chile y, además, cuentan con el apoyo de sectores del kirchnerismo a los que identificaron con nombre y apellido, entre ellos el montonero Roberto Perdía.
Según la denuncia, a la que accedió Clarín, de la última docena de ataques habrían participado o ayudado a su ejecución los integrantes del llamado “Lof Gallardo Calfu quienes se ven representados por Blanca Gallardo, Sixto Gallardo y Américo Gallardo”.
También, “el Lof Millalonco Ranquehue, liderado por Marta Ranquehue y Laura Vera o Ranquehue” y “el Lof Che Buenuleo, que es una comunidad encabezada y dirigida por Ramiro Buenuleo”, así como el “Pu Lof Cusamen, representado o coordinado por la Señora Claudina Pilquiman”.
El RAM estaría integrado por “María Isabel Huala (Madre de Jones Huala); Felisa Curamil (Miembro del Consejo de Participación Indígena); Luis Pilquiman (ex Vicepresidente del INAI); Claudina Pilquiman (Hermana de Luis y Madre del Testigo “E” del caso “Maldonado” y vocera de Pu Lof Cusamen), Nehuen Loncoman (Consejero Zona Andina del CODECI), Orlando Carriqueo (Anses UDAI General Roca y Coordinador del Parlamento Mapuche)”, entre otros. El presidente de la Junta Vecina de Villa Mascardi, dijo a radio Milenium que la semana pasada “vi a 25 metros de mi casa a Jones Huala con su hijo y esuché su voz”. Jones Huala está prófugo de la justicia chilena.
Pilquiman fue detenido por trasladar personas a la toma en cuestión con la finalidad de engrosarla. Actualmente “avanzada la investigación se encuentra procesado y próximo a tramitar un Juicio Oral y Público por su accionar”, agrega.
En la denuncia, se afirma que también harían “sus aportes materiales o financieros o de logística y/o asesoramiento, entre otros la agrupación denominada “Convocatoria Segunda Independencia” o “Convocatoria por la liberación Nacional y Social” dirigida y conducida por el abogado Edgardo “El Negro” Soares (Asociación Gremial de Abogados) y Carina Maloberti (Consejo Directivo Nacional de ATE)”. Siempre según la denuncia, además darían ayuda “Ramón Duarte (MONAFE “Ferroviarios por la Liberación”); Facundo Guillen (Agrupación La Voluntad) y Roberto Perdía (Montoneros – OLP)”.
El escrito asegura que además serían “conocidos y públicos los vínculos entre el Sr. Diego Pereyra Cotaro (Asesor del Senador rionegrino del Frente de Todos Martín Doñate) y las comunidades que venimos a denunciar”.
Asimismo, dieron “soporte de todo tipo (con actos propios de sus competencias -reconocimiento de derechos en territorios de modo irregular y con apoyo logístico) la ex Presidenta y Vicepresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), María Magdalena Odarda y Luis Alberto Pilquiman”, respectivamente.
Como hay varias causas abiertas en distintos juzgados contra algunas de las mismas personas, proponen unificar los casos.
“No puede desconocer V.S. que la dispersión de los casos resulta funcional a la organización que desafía a nuestro estado de derecho y por ello podría solicitar la inhibición de los magistrados actuantes de conformidad con el art 47 del Código Procesal Penal” para unificar todas las causas en Bariloche.
Los denunciantes pidieron que la Unidad de Información Financiera (UIF) inscriba al “RAM, a la CAM (Chile) y las Comunidades y personas identificadas en la presente, como Entidades y Personas terroristas conforme el Decreto 918/12”. Es como se hizo durante el gobierno de Mauricio Macri con el Hezbollah acusado por el atentado con la AMIA de 1994.
Se basaron en la Convención Interamericana contra el Terrorismo y el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo. Asimismo, la Argentina es miembro del Grupo de Acción Financiera Internacional y debería cumplir con las Recomendaciones 5, 6, 7 y sus notas interpretativas.
Si la jueza eventualmente llega a pedir esta categorización de terrorismo a la UIF, también deberá tener el apoyo del gobierno de Alberto Fernández. Entonces, se trata de un tema que generará un gran debate político y judicial nacional. (Clarín)
