Paritaria Central: el gobierno inamovible y los gremios en la encrucijada. La recaudación al tope y los trabajadores bajo la línea de pobreza

(Por: Rubén Lasagno) – Ayer 6 de octubre, se llevó a cabo una nueva reunión paritaria con los gremios de la Administración Pública Provincia, donde participaron los representantes del Ejecutivo y los gremios ATE, APAP y UPCN.

No es la primera vez que las partes se sientan a discutir, básicamente salarios y no es la primera vez que el gobierno se mantiene firme e inamovible sobre la cuestión de orden económico-financiero y la imposibilidad de elevar la última propuesta la cual quedó configurada de la siguiente forma: 6,5% al básico de activos y  pasivos a partir del 1º de noviembre 2020; 7% en agosto y otro 7% en octubre, básicamente más otros ítems que el lector podrá repasar en el texto del Acta que se incluye al final de este informe.

Actitud incómoda

El problema, en realidad no es del gobierno (al Ejecutivo no le importa distribuir equitativamente), el gran problema ahora es de la conducción gremial de cada sindicato ante sus bases. 

Al no haber podido resolver mínimamente un salario ciertamente acorde a los niveles inflacionarios de este momento y mucho menos a meses futuros donde está calculado una depreciación aún mayor, las conducciones sindicales tienen que “inventar” argumentos que, hacia arriba (al gobierno) no le resulte chocante, desgastante o que lo exponga ante los trabajadores como culpable directo de la falta de solidaridad salarial ante el costo de vida actual y hacia abajo la dirigencia está comprometida a brindar respuesta  y en este sentido algunos caminan por la cornisa con argumentos y actitudes demasiado lábiles como para hacerles creer a los afiliados que hacen todo lo posible en la lucha por sus salarios, debido a la vinculación política que tienen con el Ejecutivo provincial.

La posición ambivalente de los sindicatos cooptados por el gobierno, se agrava en estas circunstancias porque es tan magro el ofrecimiento salarial, que como mejor logro (el computado de todo el año), llega a cubrir el 65% de una inflación que supera el 100% en la región patagónica, dejando al salario de la administración central casi 40 puntos abajo. Si observamos la propuesta salarial de aumento mínimo por goteo incluida en la propuesta del gobierno y lo relacionamos con la inflación mensual del país, ni siquiera alcanza a cubrir el desfasaje mensual del costo de vida.

Argumentos que no se exhiben “ni pelean”

Está claro que los sindicatos oficialistas son rehenes de su decisión política de jugar junto al gobierno y éste, no reconoce en ellos un aliado (excepto cuando los necesita) sino ve un gasto. Por tal motivo, el Ejecutivo endurece su posición y entiende que del otro lado no van a “dar pelea”, porque la dirigencia gremial les debe el “favor de pertenecer” y eso se paga con la obediencia.

Por esta razón ATE, UPCN y APAP (algunos más, otros menos) son gremios que tienen “las manos atadas” a la hora de ejercer presión sobre el gobierno; sus compromisos políticos les generan un corset muy fuerte el cual no pueden romper sin incomodar a quienes sirven.

Eventualmente el gobierno les concede la posibilidad de “hacer planteos y generar algún comunicado reactivo” (con ciertos límites), para “la tribuna”, léase las bases, los afiliados, a quienes tienen la obligación de “explicarles” por qué no hay marchas, bombos, carpas ni toma de ministerios, como sucedía hasta el 2016, especialmente de parte de ATE uno de los gremios que junto con la ADOSAC y Judiciales, representaban los sectores más duros en los reclamos ante el gobierno.

El texto condicionado

Luego de un cuarto intermedio y cuando se requería la definición de ATE en la mesa de negociación y tal como consta en el Acta que se reproduce acá, Olga Reinoso y Carlos Garzón al tomar la palabra, señalaron: “ En atención que nuestra Secretaria General ha recibido amenazas contra ella y su familia, es difícil expresarse en estos momentos ante hechos que no deben suceder, menos en esta época. Luego de mantener comunicación con los Secretarios Generales de la provincia, mantenemos el rechazo a la propuesta salarial, solicitando continuar negociando en la presente mesa y para eso solicitamos un cuarto intermedio”.

Sin duda ATE se encuentra cautivo de la decisión de su dirigencia de ser parte del gobierno provincial. No tiene capacidad de respuesta y eso se nota en el errático texto que incluye su respuesta a la irrisoria propuesta salarial del Ejecutivo. Lo de las amenazas en medio de un contexto como el que se denuncian, suenan a una excusa absurda para evitar expedirse de manera tajante y con un rechazo contundente. Cualquiera se preguntaría cuándo, dónde, quién y en qué juzgado se hizo la denuncia. El pedido de un cuarto intermedio es funcional a la estrategia del gobierno de seguir alargando la “negociación” y finalmente, todos sabemos como terminará: los sindicatos después de tantas vueltas, aceptarán la propuesta oficial, guardándose para si un “pataleo” discursivo aprobado por los funcionarios, pero sin “sacar los pies del plato”.

Lo que también puede pasar, es que por acuerdo previo ambas partes esperen estar más cerca de la campaña 2023 para establecer  un porcentaje más interesante de aumento al sector. Allí el gobierno se ufanará de velar por los trabajadores de la administración pública y los gremios “de haber logrado” una mejora en los sueldos públicos.

Plata hay, falta voluntad

Uno de los principales problemas que tienen los sindicatos K, es que OPI publica mes a mes los ingresos que tiene la provincia, donde se advierten sustanciales aumentos por encima de la inflación con interanuales que llegan al 95% de aumento en materia de coparticipación y recaudación a través de la ASIP.

Esos datos son oficiales, incluyendo datos provinciales/nacionales, con lo cual las bases sindicales puede ver perfectamente la evolución de los números, sin embargo, estas circunstancias no forman parte de los reclamos en paritarias. Esta queja no figura en el Acta, quiere decir, que nunca existió.

La diferencia clara y contundente es la ADOSAC. Va de paro en paro, exigen una base salarial de 120 mil pesos y el gobierno provincial, al que parece no importarle la Educación, prefiere mantenerse irreductible y permite que los niños pierdan días de clase, a los ya perdidos tras el manejo horrible de la pandemia.

Conclusión: los salarios de los estatales en Santa Cruz están atado exclusivamente a la decisión del gobierno provincial y los gremios se encuentran atados a los compromisos políticos que han asumido sus dirigentes. Dependerá de las bases de esos sindicatos en buscar un eco mayor a sus reclamos o seguir subsistiendo con salarios bajo la línea de pobreza. (Agencia OPI Santa Cruz)