Según publica La Nación Lo dispuso el juez Javier López Biscayart por presuntas irregularidades en los pagos del impuesto a las ganancias y el IVA; la medida alcanza a los hijos del empresario kirchnerista como a directivos de Austral Construcciones.
Por: Hugo Alconada Mon
Lázaro Báez acumula problemas. El juez en lo Penal Económico, Javier López Biscayart, elevó a juicio oral tres tramos de la investigación por la presunta evasión multimillonaria de los impuestos a las Ganancias y Valor Agregado (IVA) que el supuesto testaferro de la familia Kirchner y los máximos ejecutivos de Austral Construcciones desarrollaron durante años.
López Biscayart envió a Báez y a sus hijos Martín, Leandro y Luciana a juicio entre mediados de agosto y de octubre pasados, como también a Julio Mendoza, Claudio Bustos, César Andrés, Jorge Chueco y otros alfiles de la constructora. Todos deberán sentarse en el banquillo de los acusados ante el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3.
La decisión de López Biscayart representó un nuevo traspié judicial para Báez, quien lidia con varios frentes abiertos. Tanto en Buenos Aires, donde ya fue condenado a 12 años y medio de prisión por la “ruta del dinero K” y encara la recta final del juicio oral por el “caso Vialidad”, como en Chaco. El Tribunal Oral Federal de Resistencia también lo juzgará por la presunta evasión con facturas truchas, pero de la constructora “Sucesores de Adelmo Biancalani”.
Las novedades judiciales vinculadas a Báez, sin embargo, no se agotaron allí. En Bahía Blanca, el juez federal Walter López da Silva elevó a juicio oral la investigación contra el grupo de empresarios locales que habría conformado una asociación ilícita fiscal dedicada a evadir tributos y lavar activos para permitirle al presunto testaferro de los Kirchner que defraudara por más de $673 millones al Estado nacional.
El magistrado remitió el expediente al tribunal federal con asiento en esa ciudad, el martes 18 de octubre, tras rechazar los pedidos de sobreseimiento de las defensas y admitir la petición del fiscal federal, Santiago Ulpiano Martínez, en una de las pesquisas más incómodas para Báez y el kirchnerismo, 635 kilómetros al sudoeste de Buenos Aires.
El fiscal Martínez había requerido elevar la investigación a la instancia oral en agosto, luego de que la Cámara Federal en Bahía confirmara los procesamientos de seis de los empresarios presuntamente involucrados en la maniobra.
Las pesquisas criminales que se desarrollan en Bahía Blanca, Resistencia y la ciudad de Buenos Aires resultan clave para el futuro de Báez y los Kirchner. Entre otros motivos, porque podrían configurar el “delito precedente” para las condenas dispuestas en la “ruta del dinero K”, y vincularse con la presunta comisión de otros presuntos ilícitos investigados en las causas “Vialidad” y “Hotesur – Los Sauces”.
En Bahía Blanca, el fiscal Martínez consideró que ya “se encuentra debidamente acreditado” que los empresarios locales Franco, Enzo y Silvio Luis Ficcadenti, y José Antonio, Denis Ariel y Franco Nicolas Ferreyra “formaban parte como miembros, de una organización tendiente a generar un entramado societario para emitir facturación total o parcialmente apócrifa de la que se beneficiaba, como empresa ‘usuaria’ Austral Construcciones S.A”, por lo que serían “autores” de una “asociación ilícita fiscal”.
Al disponer la elevación de la causa al tribunal oral, López da Silva coincidió con el dictamen de Martínez. “Estimo que los instrumentos probatorios obrantes en autos, los que han sido correctamente valorados por el señor Fiscal y la AFIP-DGI en los requerimientos de elevación a juicio […] y, lo ponderado en este pronunciamiento, me permiten resolver la elevación del sumario a juicio”, concluyó.
Tras elevarse el expediente a la instancia oral, uno de los acusados, José Ferreyra, defendió la actuación de su empresa Constructora Patagónica SA. “Todos los trabajos facturados a Austral Construcciones se ejecutaron en su totalidad, servicios en obra efectivamente realizados, conforme se determinó en la auditoria y los peritajes realizados en la causa ‘Vialidad’, que tramita ante los tribunales de Comodoro Py”, dijo al diario La Nueva Provincia.
La remisión del expediente penal, que también alcanza al contador Rogelio Chanquía, cierra así una instrucción que se extendió durante ocho años y pasó por las manos de varios jueces y fiscales, además de registrar turbulencias, como los virajes de la unidad antilavado (UIF) y de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), en beneficio de Báez.
El giro de la AFIP, como también de la UIF, sorprendió en los tribunales bahienses. Entre otros motivos, porque sus abogados habían requerido a la Cámara Federal que confirmara todos los procesamientos, incluido el del presunto testaferro de la familia Kirchner.
“Exceso en la mediatización”
Báez pasó así de quedar procesado en el expediente de Bahía Blanca como presunto jefe de esa asociación ilícita fiscal –en la que también habría participado su hijo Martín- a ser tomado como su beneficiario, por lo que la Cámara Federal en esa ciudad revocó su procesamiento en agosto de 2021, aunque sus problemas continuaron en Buenos Aires, ante el juez López Biscayart, que elevó el grueso de las actuaciones al Tribunal Oral N° 3 en lo Penal Económico.
En ese fuero, Báez y sus colaboradores en Austral Construcciones son acusados de evadir fortunas al Estado nacional entre los años 2010 y 2014 a través de los impuestos a las Ganancias y al Valor Agregado (IVA), en tanto que López Biscayart no logró avanzar aún contra la constructora en sí, por su responsabilidad penal como persona jurídica.
En Bahía Blanca, en tanto, uno de los empresarios considera que los acusados padecen “un exceso en la mediatización”, según dijo Ferreyra a La Nueva Provincia. “La fiscalización [de la AFIP] sólo impugnó las compras a algunos proveedores de esta sociedad, los que fueron ajustados parcialmente e incluidos en planes de facilidades de pago y hoy es deuda cancelada”, sostuvo el empresario, al que la Cámara Federal le revocó su autorización para viajar al Mundial de Qatar. De ser hallados culpables, los Ferreyra, los Ficcadenti y Chanquía afrontarían penas de tres años y seis meses a diez años de prisión efectiva. Entre Buenos Aires y Chaco, en tanto, el horizonte para Báez aparece más complicado aún. (La Nación)
