Según publica Clarín Lo decidió el juez Marcelo Martínez De Giorgi en la causa que investiga amenazas de esa organización. La vice buscaba relacionarlos con el atentado en su contra.
Por: Lucía Salinas
El pedido de la vicepresidenta Cristina Kirchner para que se detenga -otra vez- a tres integrantes de la agrupación Revolución Federal fue rechazado por el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi. Además, no hizo lugar al pedido para se allane el departamento de quien era su vecina en su departamento del barrio de Recoleta, Ximena De Tezanos Pinto.
La estrategia de los abogados de la vice no consiguió el resultado esperado. Suma así otra mala noticia judicial. En su resolución el juez del caso que investiga las amenazas de integrantes de Revolución Federal rechazó detener a Jonathan Morel, Leandro Sosa y Gastón Guerra.
En el nuevo planteo, la vice insistió en unificar este expediente con el que instruye la jueza federal María Eugenia Capuchetti, que se concentra específicamente, en la investigación del atentado del que fue víctima Cristina Kirchner el 1 de septiembre pasado.
Los referentes de Revolución Federal ya estuvieron detenidos por presuntas amenazas y mensajes violentos contra la vicepresidenta y otros funcionarios del gabinete. El caso se había iniciado por una denuncia de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), a cargo de Agustín Rossi.
La denuncia se basaba en varias horas de conversaciones grabadas de los miembros de Revolución Federal en redes sociales. La vice insiste en la autoría intelectual de este espacio respecto al atentado del que fue víctima.
Hasta el momento la justicia federal entendió que no hay ninguna relación entre el ataque protagonizado por Fernando Sabag Montiel, responsable de gatillar el arma Bersa, y la agrupación de Revolución Federal. Por ese motivo, por el momento, la Cámara federal porteña le dio la razón a Capuchetti quien sostiene que los casos deben investigarse por separado.
En otras palabras el Tribunal revisor dijo: “No se verifica la existencia de elementos objetivos que nos permitan conectar ambas investigaciones, sin perjuicio de lo que pueda surgir con el avance de la investigación”.
Junto con la insistencia de que las causas deben tramitar juntas y unificarse, la vice había pedido que los líderes de Revolución Federal sean privados de su libertad. La respuesta negativa por parte del juzgado llegó el miércoles por la noche.
“En lo atinente a los pedidos de detención de Jonathan Morel, Gastón Guerra y Leonardo Sosa, cuya libertad ambulatoria ya ha sido decidida por la Cámara del fuero y sin que se advierta la modificación posterior de su comportamiento procesal en un sentido que altere los fundamentos del Superior, no ha lugar”, sostuvo Martínez De Giorgi en la resolución a la que accedió Clarín.
Pese a esa decisión, el magistrado le recomendó a la querella representada por los abogados José Ubeira y Marcos Aldazábal, que formule dicho pedido -llegado el caso- ante la jueza María Eugenia Capuchetti, quien tiene a su cargo la pesquisa por el intento de magnicidio.
Al respecto, la resolución sostiene: “Sin perjuicio de que la parte querellante formule la petición que estime pertinente en el marco de la causa 2998/2022 en base a los hechos que allí se ventilan”.
Entre la batería de medidas solicitadas por la querella en representación de Cristina Kirchner, se incluyó un pedido de allanamiento al domicilio de la vecina del barrio de Recoleta, Ximena De Tezanos Pinto. La medida se desestimó por completo.
El otro rechazo expresado por el juez, refiere al planteo para que se llame a indagatoria a la decoradora Rossana Caputo, responsable de requerir a uno de los líderes de Revolución Federal que fabricara el mobiliario para un edificio que construyó la empresa Caputo Hermanos en la zona de Vaca Muerta.
Lo que respondió el juez Martínez De Giorgi al respecto, es que ya se encuentra en curso una serie de medidas “sobre el origen y destino de los pagos recibidos por Jonathan Morel”.
Sin embargo, sí entendió que debían requerirse “los informes pertinentes a través de las redes sociales en las cuales la nombrada interactuaba para que se remita el abonado de telefonía celular al cual se encontraba asociado”.
En el mismo oficio el juez requirió a las empresas Twitter e Instagram “que se informe las cuentas vinculadas a la nombrada -debiendo indicar el número telefónico asociado- y al abonado” que utilizaba otro de los referentes de Revolución Federal, Gastón Guerra.
Específicamente, se solicitó que “se remitan las publicaciones y mensajes directos enviados y recibidos desde dichas cuentas desde el mes de abril hasta la actualidad”.
Las críticas a la Justicia
Cristina Kirchner realizó los planteos que rechazó el magistrado, un día después del discurso pronunciado en Avellaneda donde, durante poco más de media hora, destinó duras críticas al Poder Judicial.
En varias ocasiones insistió para que los expedientes que investigan por un lado, los hechos vinculados al atentado del jueves 1 de septiembre, y por otro el que se ocupa de las acciones y proceder de Revolución Federal, se unifiquen. El argumento es que este espacio político, es responsable también del ataque del que fue víctima Cristina Kirchner.
La justicia federal en diversas resoluciones, sostuvo que por el momento no hay elementos para establecer dicha vinculación. En este sentido cargó duramente contra la jueza Capuchetti a quien buscó correr del expediente principal. La Cámara Federal porteña avaló a la magistrada y su criterio de mantener separadas las pesquisas.
En el escrito presentado la vice hizo referencia a este punto y planteó: “¿Qué más necesitarán (los camaristas Leopoldo) Bruglia, (Pablo) Bertuzzi y (Mariano) Llorens para unificar causas y detener a todos los responsables? ¿Que me maten? En ese caso ya todos y todas sabrán que, además de quien empuñe el arma, habrá otros responsables”.
Sobre las decisiones que en Comodoro Py se adoptaron sobre el caso, la vice dijo en su discurso del martes: “Hay una patente de impunidad para todo aquel que no sea peronista”, aseguró. Y apuntó contra el diputado nacional del PRO Gerardo Milman, a quien la vicepresidenta apunta y pretende que sea involucrado en la investigación de su intento de asesinato y hasta cuestiona por su continuidad en la Cámara baja.
“¿Qué pasa cuando nos enteramos por medios de comunicación que el señor (Millman), siendo integrante de la comisión de Seguridad, tenía vinculaciones y contratos con empresas de seguridad?”, se preguntó Cristina.
Al tiempo que agregó: “Hay una patente de corso e impunidad para todo aquel que no sea peronista. Y para todo aquel que lo sea se le inventan cosas”, aseveró la dos veces presidenta.
En el marco de la investigación por el intento de homicidio, continúan detenidos Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Carrizo. Mientras que la querella de la ex mandataria insiste en pedir el avance sobre los supuestos autores intelectuales del ataque. (Clarín)
