Según publica Clarín Cerca de Alberto Fernández se despegaron del ministro de Justicia quien propuso la idea. Dijeron que no está bajo análisis.
Por: Ignacio Ortelli
“De ninguna manera estamos trabajando en esa alternativa”. Por si la palabra de la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, había dejado alguna duda, en la Casa Rosada aclararon que la propuesta hecha por el ministro de Justicia, Martín Soria, de reformar el Consejo de la Magistratura a través de un decreto de necesidad y urgencia fue a título “personal” y no cuenta con el apoyo del presidente Alberto Fernández. Al menos por ahora.
La definición no es menor. En tiempos en los que el jefe de Estado parece haberse alineado por completo con el discurso -y las necesidades- de la vicepresidenta Cristina Kirchner, fue notorio el movimiento que hicieron en Balcarce 50 para despegarse del funcionario rionegrino, quien en una entrevista indicó que “la Constitución Nacional en ningún momento impide” que se pueda cambiar por decreto la estructura del órgano encargado de la selección, remoción y control de los jueces.
“Es una jugada personal que refleja lo que piden algunos. De ninguna manera en el Gobierno estamos trabajando en esa alternativa”, aseguró una voz del entorno más cercano al Presidente.
“Es algo que planteó Soria. Nosotros no evaluamos esa posibilidad”, refrendó otra voz albertista al tanto de los movimientos del Presidente. Según pudo saber Clarín, ni el vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos, ni en la Secretaría Legal y Técnica, a cargo de Vilma Ibarra. estaban al tanto de la iniciativa de Soria. Tampoco es un tema que haya abordado el secretario general de Presidencia, Julio Vitobello, ni sus colaboradores.
La primera en fijar la postura de Fernández fue Cerruti, quien este jueves en su habitual conferencia de prensa se despegó del planteo de Soria, al asegurar que fue “una respuesta que dio en una entrevista”.
“Lo que dijo el ministro -expuso la portavoz- es que por supuesto existen mecanismos constitucionales como el mecanismo del DNU, que efectivamente existe”. Pero enseguida dejo en claro que el foco del Gobierno está puesto en que avance el Juicio Político contra los jueces de la Corte y no en esa reforma. “Lo que entendemos es que el juicio político tiene que ser muy claro y certero en mostrar la responsabilidad de quien hoy preside el Consejo de la Magistratura, lo tiene absolutamente detenido y además puso en vigencia una ley derogada para autoproclamarse presidente”, cuestionó.
Soria se había mostrado abierto a reformar el Consejo por decreto en caso de que la oposición no aceptara negociar con el oficialismo para aprobar por consenso una nueva ley, tal como pidió la Corte Suprema de Justicia en el fallo que, tras 16 años, declaró inconstitucional la reforma que impulsó el kirchnerismo en 2006. “Tenemos que pensar que el bloqueo al Consejo de la Magistratura es ni más ni menos lo (mismo) que nos está pasando con el Congreso de la Nación”, planteó el ex intendente de General Roca. “Claro que sí hay posibilidades (de que se reforme por decreto). El artículo 99 de la Constitución Nacional que habla de los DNU en ningún momento impide que se pueda llevar adelante la reforma de esta manera”, respondió al ser consultado en radio Con Vos.
Aunque a lo largo de los más de tres años de administración Alberto F. dio varias muestras de que puede cambiar de opinión para alinearse con los K, entre sus colaboradores más estrechos todavía mantienen ciertas reservas y aconsejan que el mandatario no se embarque en asuntos que, una vez que deje el poder, eventualmente -si es que no intenta ir por un nuevo mandato- el 10 de diciembre de 2023, puedan traerle complicaciones judiciales.
En el lote de los que cuidan al mandatario se encuentran los incondicionales de siempre: algunos dirigentes que ya dejaron su cargo pero siguen con preocupación el giro de Fernández en temas que en otro momento parecían impensados, como el juicio a la Corte, y otros que permanecen en el Gobierno “por lealtad”.
El caso más claro de esto fue el fallo de la Corte Suprema en favor de la Ciudad de Buenos Aires por la coparticipación federal. Primero, envalentonado por gobernadores ultra K, el jefe de Estado amagó con no acatarlo y anunció que era de “imposible cumplimiento”. Luego, retrocedió y ofreció pagarlo con bonos. Fue un artilugio que, a instancias de su equipo, encontró ante las denuncias que desde la oposición hicieron por los delitos de alzamiento, desobediencia e incumplimiento de deberes de funcionario público. (Clarín)
