Según publica Clarín Aunque el juez de San Isidro aceptó el pago de una “compensación económica” por parte del presidente y su mujer, el máximo tribunal debe decidir si acepta a los denunciantes como querellantes en el caso.
Por: Lucía Salinas
Alberto Fernández aún no logra cerrar la única causa en la que imputado. Se trata del expediente que tiene el juez federal Lino Mirabelli en el cual se investigó la fiesta que se realizó en la quinta de Olivos cuando regía una estricta cuarentena en todo el país. El Presidente y la primera dama Fabiola Yañez -cuyo cumpleaños fue el motivo de la reunión ilegal en 2020- hicieron un acuerdo económico para archivar el expediente, pero pese a que ya pagaron esa compensación prevista en la ley el sobreseimiento aún no se puede firmar porque hay un recurso que debe resolver la Corte Suprema de Justicia.
El 14 de julio de 2020, en medio de las restricciones por la pandemia y a pesar de que oficialmente habían anunciado un festejo virtual, la primera dama Fabiola Yañez organizó una fiesta con Alberto Fernández y un grupo de amigos dentro de la quinta presidencial de Olivos. La Justicia determinó que fue culpable del delito de violación a la normativa que restringía esos encuentros.
En aquella ocasión, el juez Mirabelli recordó que estaba restringida “la producción de eventos públicos y privados, de carácter sociales, culturales, recreativos, deportivos, religiosos y de cualquier otra índole que implicaran la concurrencia de personas”.
Pese a la letra de ese DNU firmado por Alberto Fernández, el 14 de julio del año 2020 diez personas fueron a Olivos para celebrar. Entraron a las 21:46 y se fueron pasada la medianoche tras el festejo de cumpleaños de la Primera Dama.
De ese evento participaron Alberto Fernández, Fernando Consagra, Emanuel Esteban López, Santiago Basavilbaso, Florencia Fernández Peruilh, Rocío Fernández Peruilh, Severina Sofía Pacchi, Carolina Marafioti, Stefanía Domínguez y Federico Abraham.
Todos se retiraron de la quinta presidencial de Olivos, a las 1:44 del 15 de julio.
A dos años desde aquel festejo, la causa penal que se inició en agosto de 2021, aún no se cierra pese a que Alberto Fernández como Fabiola Yañez realizaron un acuerdo económico homologado por Mirabelli. Pero ese sobreseimiento no está firme.
Hay que recordar que el Presidente y la primera dama llegaron a un acuerdo de reparación integral contemplado en el Código Procesal Penal, con el fiscal Fernando Domínguez. En total se les aceptó una oferta de pago de tres millones de pesos ($ 1,6 millones Alberto Fernández y $ 1,4 millones Fabiola Yañez).
El dinero se obtuvo tras un préstamo bancario solicitado al banco Santander (del que es cliente hace años el Presidente) y acto seguido, los abogados procedieron a realizar el depósito en la cuenta del Instituto Malbrán. En casos vinculados a la violación a la cuarentena, el fiscal Domínguez siempre evaluó las ofertas económicas en función de insumos médicos o días de internación para casos de Covid.
El sobreseimiento no se firmó aún porque se formularon oposiciones a la resolución de la causa. Esas apelaciones fueron concedidas y el juez Mirabelli aguardaba la resolución de la Cámara de San Martín, que se conoció a finales del año pasado y que avaló el criterio del magistrado cuando homologó el acuerdo financiero.
Pero en simultáneo los denunciantes pidieron ser tenidos como parte querellante en el expediente. Ese planteo fue desestimado por el juez de San Isidro y, una vez más, su criterio obtuvo el respaldo de las instancias superiores.
La queja, sin embargo, llegó hasta la Corte Suprema de Justicia, el tribunal que concentra todas sus críticas el presidente Fernández como también de la vice, Cristina Kirchner. Ambos impulsan el juicio político de los cuatro jueces de la Corte.
Según explicaron fuentes judiciales a Clarín, hasta tanto el máximo tribunal no se pronuncie al respecto, el juez de instrucción no firmará el sobreseimiento esperado por el jefe de Estado.
Mientras, el caso seguirá abierto y pese al acuerdo económico ya materializado: el dinero fue receptado por las instituciones sanitarias y aplicado a los correspondientes gastos. (Clarín)
