Según publica La Nación La iniciativa se aprobó por amplia mayoría; la oposición apuntó contra la vicepresidenta Cristina Kirchner por su renuencia a poner en marcha el sistema acusatorio en la provincia.
Por: Laura Serra
Ante el avance del flagelo del narcotráfico en Santa Fe, particularmente en Rosario, la Cámara de Diputados dio esta tarde media sanción al proyecto para fortalecer la justicia federal en aquella provincia, el cual prevé la creación de medio centenar de cargos judiciales entre fiscales, defensores y jueces de garantías.
La iniciativa se aprobó por amplia mayoría, con 214 votos positivos y cuatro abstenciones, estos últimos de los bloques de izquierda. Si bien primó un clima de consenso durante el debate -al que asistió el gobernador santafesino Omar Perotti-, lo cierto es que oficialistas y opositores se trenzaron en un intenso debate sobre las responsabilidades políticas por el avance narco en la provincia y su secuela de homicidios, que en 2022 dejó 288 muertos en Rosario.
“La narcocriminalidad que se da en nuestra provincia no tiene demasiados antecedentes. Según la Procunar, en Santa Fe se tramita el 20% de las causas de droga de todo el país. La violencia urbana tiene niveles inusitados en ese distrito y la cantidad de homicidios en Rosario cuadruplica la media nacional”, advirtió el diputado Roberto Mirabella, mano derecha de Perotti en la Cámara de Diputados.
La conmoción nacional que provocó el ataque a un supermercado de la familia política del futbolista Leonel Messi, hace menos de un mes en Rosario, obligó a los legisladores a apurar el proyecto para fortalecer la justicia federal en Santa Fe, demorado inexplicablemente desde mayo pasado pese a que contaba con el aval de todas las fuerzas políticas santafesinas. De todas maneras, y así lo advirtieron los opositores, la nueva estructura prevista en la iniciativa recién se haría operativa en el largo plazo -no menos de dos años- una vez que los nuevos magistrados sean designados.
“Este proyecto de ninguna manera soluciona el problema del narcotráfico -advirtió el diputado Pablo Tonelli (Pro)-. Es apenas un paso que debe ser acompañado de otras medidas que todavía están pendientes en el gobierno nacional.”
¿Cuáles son esas medidas pendientes? Una de ellas es la cobertura de los juzgados vacantes en Santa Fe. “Hay muchas vacantes en la Justicia Federal de la provincia porque hace tres años y medio el Poder Ejecutivo demora la selección de los candidatos de las ternas que ya le remitió el Consejo de la Magistratura -apuntó- El Senado también es moroso, desde que asumió la Comisión de Asuntos no aprueba el pliego para designar al nuevo procurador ni lleva al recinto los pliegos de jueces que ya tienen dictamen.”
Los opositores apuntaron sus críticas hacia la vicepresidenta Cristina Kirchner. A coro, los diputados santafecinos Enrique Estévez (socialismo), Federico Angelini (Pro) y Ximena García (UCR) le reprocharon que no constituya la Comisión Bicameral de Monitoreo del Ministerio Público, encargada de poner en marcha el nuevo Código Procesal Penal que instaura el sistema acusatorio en todo el país. Este sistema, que actualmente solo se aplica en las provincias de Salta y Jujuy, permitiría agilizar las investigaciones judiciales de los delitos federales, como el narcotráfico y el crimen organizado.
“Sería positivo que el gobernador Perotti, aprovechando que está aquí en el recinto, se cruce al Senado con los legisladores de su provincia a pedirle a la vicepresidenta que ponga en marcha el sistema acusatorio en Santa Fe”, desafió el radical Fernando Carbajal.
Si bien el debate se concentró en lo que sucede en Santa Fe, varios legisladores alertaron que el flagelo del narcotráfico contamina varias provincias. “No está lejos de ser un problema de altísima gravedad en la provincia de Buenos Aires”, alertó la diputada Danya Tavella (Evolución Radical).
Desde el oficialismo, el jefe del bloque Germán Martínez exaltó el buen nivel del debate aunque no se privó de dedicarle algunos reproches a los opositores. “¿Cómo es posible que haya crecido el narcotráfico si nuestras fronteras están más radarizadas que hace 20 años y se avanzó con la urbanización en las villas?”, se preguntó el legislador, para luego apuntar contra una de las causas que, a su juicio, permitieron el auge del delito: el lavado de dinero.
“Es un tema del que no nos terminamos de hacer cargo y que algunos miran para el costado”, sostuvo Martínez, quien advirtió que una de las herramientas financieras claves que facilitan el lavado de dinero en su provincia son las sociedades por acciones simplificadas (SAS), instrumentos creados durante el gobierno de Mauricio Macri. “La Justicia detectó que la llamada ‘banda de los Monos’ utilizó estas sociedades para lavar unos 1200 millones de dólares. No miremos para el costado en un tema que es central para combatir este delito. No seamos hipócritas”.
Otro diputado santafesino, Eduardo Toniolli (Frente de Todos), se preguntó: “¿Por qué no avanzamos con la tan postergada reforma integral de la policía santafesina, sin la cual cualquier otra medida que se tome, por más buena que sea, será insuficiente?”. Mientras que en una conferencia de prensa que ofreció en el salón de los Pasos Perdidos, el gobernador Perotti sostuvo: “Ojalá todos los candidatos a presidente pudieran unificar una política común sobre cómo enfrentar el delito”.
Monotributo tecnológico
Tras darle media sanción a la iniciativa y girarla al Senado, los legisladores aprobaron en la noche del martes el proyecto de ley que propicia la creación de un monotributo tecnológico, con el cual el Ministerio de Economía busca formalizar actividades económicas de exportación de servicios que no suelen declararse ante la AFIP. El proyecto fue aprobado con 111 votos afirmativos, contra 11 negativos -entre ellos los diputados libertarios y del Interbloque Federal-, ante la abstención de 85 diputados, mayoritariamente de Juntos por el Cambio.
La iniciativa apunta que trabajadores independientes del sector de la economía del conocimiento y otras actividades puedan exportar sus servicios y cobrar por su trabajo en dólares hasta un tope anual de 30.000 dólares, sin la obligación de liquidar esas divisas en el mercado libre de cambios. (La Nación)
