Según publica Clarín El magistrado hizo suya la resolución de la fiscal María Mangano en el sentido de que Joaquín Morales Solá y Daniel Santoro no violaron ningún secreto de Estado y que de continuar la causa se violaba el secreto profesional periodístico.
El juez federal Daniel Rafecas archivó este jueves la denuncia del ex interventor de la AFI y actual jefe de Gabinete Agustín Rossi contra Joaquín Morales Solá y Daniel Santoro por una supuesta violación de secretos de Estado. El magistrado hizo suya la resolución de la fiscal María Mangano que había pedido el archivo y afirmado que la denuncia violaba la libertad de Expresión, y los derechos a la información a y a la protección de las fuentes periodísticas consagrado por el artículo 43 de la Constitución.
Rossi denunció que ambos periodistas “habrían revelado información clasificada y que dicha conducta se encontraría alcanzada por las previsiones establecidas en los artículos 16 y 17 de la Ley de Inteligencia Nacional nro. 25.520” que tiene una pena de 6 años de prisión.
La denuncia la presentó en enero después que los periodistas revelaron un pedido de diputados de Juntos por el Cambio en el que preguntaba si existía una “Mesa Militar” integrada por el ex jefe del Ejército general (RE) César Milani y otros en la AFI. Y, también, la respuesta donde Rossi confirmaba que dos ex funcionarios de Inteligencia de Defensa estaban ahora asignados a la AFI.
Hasta ahora, la AFI no respondió a los diputados de Juntos por el Cambio, encabezados por Cristian Ritondo, sobre los ingresos de Milani y su mano derecha, coronel mayor Marcelo Granitto a la AFI y otras dependencias del Gobierno.
En el pedido de archivo de la denuncia sin más trámite, la fiscal advirtió, dijo Rafecas, que “emprender una persecución penal contra los cronistas que se limitaron a comunicar una información arrimada por una fuente atentaría directamente contra la libertad de prensa y por lo tanto contra el derecho de la sociedad a ser debidamente informada”.
Rafecas recordó que en el caso existe una traba legal que le impide “la prosecución de las actuaciones, pues el titular de la acción penal (Mangando) ha optado legal y fundadamente de acuerdo al artículo 65 Código Procesal Penal por requerir el archivo de las actuaciones, conforme lo previsto por el artículo 213, inciso d) del mismo cuerpo legal”. Y dispuso el archivo.
La fiscal, la semana pasada, luego de analizar la denuncia de Rossi contra los periodistas por delitos con penas de 6 años de prisión, la fiscal dijo que “no tiene entidad suficiente para ser alcanzados” por la ley de Inteligencia.
Precisó que el hecho de que los periodistas hayan nombrado a dos funcionarios que pasaron de inteligencia de Defensa, cargo que antes ocupó Rossi, a la AFI no viola ley alguna.
“Los hechos puntuales que han sido denunciados no tienen entidad suficiente como ser alcanzados por la norma penal”, sostuvo luego de explicar no las noticias reveladas no pusieron en riesgo la seguridad de la Nación, ni nada en ese sentido.
Además, son los funcionarios en todo caso y no los periodistas “los que tienen el deber de no difundir” ese tipo de información.
Luego la fiscal dijo que las noticias fueron difundidas por Morales Solá en La Nación y Santoro en Clarín “en un contexto de labor periodística que nuestro sistema constitucional no solo protege sino que garantiza ciertas tensiones con el objetivo de proteger el derecho a la libertad de Expresión, el derecho a al Información y la protección de las fuentes periodísticas”.
“La ausencia de tal protección podría disuadir a las fuentes de colaborar con la prensa a informar al público sobre cuestiones que hacen al interés general”, destacó la fiscal.
“La relación que existe entre el comunicador y su fuente debe ser resguardada por el valor trascendente para el estado de Derecho puesto que la libertad de Expresión hace al normal funcionamiento de la prensa y emerge como una de las garantías de control público de los actos de gobierno”, agregó Mangano.
Luego señaló que “avanzar en una investigación criminal respecto a manifestaciones vertidas por los comunicadores públicos vulneraría el derecho a la libertad de Expresión y publicación de ideas, privando a la sociedad de acceder a temas de interés general”.
El kirchnerismo viene persiguiendo a Santoro a quien ya la denunció en el 2019 falsamente como participé de supuestas operaciones de inteligencia e intentos de extorsión en el marco del Operativo Puf contra la causa de los Cuadernos de las Coimas. Hace dos años, la Cámara Federal de Mar del Plata anuló todos los procesamientos contra Santoro que había dictado el juez K Alejo Ramos Padilla. (Clarín)
