Según publica Clarín Esperando que la Cámara Federal de Casación Penal revierta su suerte, la vice reiteró que no hay pruebas en su contra.
Por: Lucía Salinas
Bajo la convicción de que no hubo ninguna prueba que sustente la condena por corrupción por la que le pidieron seis años de cárcel, Cristina Kirchner reiteró que es inocente y su abogado apeló la sentencia acusatoria en el caso Vialidad.
La apelación fue presentada el mismo día que lo hizo el fiscal Diego Luciani, para quien “el cinismo que han demostrado las personas condenadas al intentar colocarse como víctimas de una imaginaria persecución judicial, lawfare o un fantasioso plan de proscripción no es más que un nocivo recurso retórico de emergencia relacionado con el aspecto político, ante la falta de estrategias defensivas eficaces para revertir la prueba irrefutable que las condenó”.
Las apelaciones se dan en medio de los actos que el kirchnerismo encabeza que algunos denominan el “operativo clamor” para que la vicepresidenta sea candidata en los próximos comicios generales. Este reclamo del espacio se contradice con la idea de la proscripción que se convirtió en la principal bandera después de conocerse el veredicto del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), el pasado 6 de diciembre.
Tal como lo prevé el Código Procesal Penal, las apelaciones se presentaron dentro de los plazos correspondientes para que el Tribunal envié después todos los planteos a la Cámara Federal de Casación Penal, que será la responsable de revisar la sentencia. Cristina fue condenada a seis años de cárcel por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
La fiscalía en su apelación insistió en que la vice debe ser acusada también como jefa de una asociación ilícita.
En lo que parece un coordinado contrapunto, para Luciani “las excusas insustanciales o los ataques a la Justicia que se fueron reiterando no son novedosos en estos casos. Es más, podríamos afirmar que se trata de una reacción característica de las personas que son condenadas por hechos de corrupción, que agreden y embisten contra todo aquel que las ponen en evidencia”.
La defensa de Cristina Kirchner -a cargo de Carlos Beraldi- refutó la existencia de pruebas para sustentar la condena.
“En las primeras páginas de la sentencia recurrida quedó de manifiesto que la condena dictada en contra de Cristina Fernández de Kirchner no cuenta con pruebas directas que la avalen, sino antes bien se basó en una serie de circunstancias que los magistrados calificaron como indicios”, inicia la apelación firmada por Beraldi.
El abogado reitera que los argumentos de la sentencia son “absolutamente arbitrarios y desprovistos del más mínimo sustento lógico, fáctico y jurídico”, y se refirió a la vice como “la persona que más ha sido acosada mediante denuncias en toda la historia argentina”.
La apelación de la vicepresidenta reitera que los 51 contratos de obra pública en Santa Cruz que bajo su presidencia y la de su marido logró Lázaro Báez “fueron documentados, legales, dentro de los circuitos administrativos correspondientes y con los organismos de control cumpliendo con sus respectivos roles”.
“La falta de pruebas de cargo en contra de nuestra representada no obedece a los pretextos ensayados por el tribunal, sino es consecuencia directa e inmediata de que, como fue acreditado en el juicio, Cristina Fernández de Kirchner es absolutamente inocente del supuesto delito por el cual injustamente fue condenada”, explicitó Beraldi en su recurso.
La defensa apuntó contra los integrantes del Tribunal Oral Federal 2: “sobre los Dres. Gorini, Basso y Giménez Uriburu en este proceso pudieron verificarse influencias externas”.
Para alimentar la tesis de la proscripción, el abogado añadió que “aquí no hubo presiones para la impunidad, sino para que se condenara injustamente a Cristina Fernández de Kirchner y como consecuencia de ello se la inhabilitara de manera perpetua para el ejercicio de cualquier cargo público”.
Durante el tramo denominado “consideraciones finales”, la defensa reiteró que la causa Vialidad responde a un típico caso de lawfare. Algo que fue refutado por los jueces del Tribunal, quienes en su sentencia indicaron: “Ahora parece más sofisticado hablar de lawfare (como si las cosas al ser descriptas en inglés tuvieran más valor) para definir algo que en la realidad aparece sólo como una nueva teoría conspirativa -tan antigua como el propio Estado de Derecho-. Y cuyo destino no parece ser otro que el de transformarse en una coartada para eludir, ante los poderes judiciales democráticos, la rendición de cuentas por la comisión de delitos de corrupción o por otros relacionados al mal desempeño en el ejercicio de la función pública”.
Como segundo hecho citado para sostener que la vice es víctima del lawfare, se señaló que “en todos esos procesos se constituyeron como parte querellante órganos del Poder Ejecutivo Nacional -la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera-” y se añadió a la lista de argumentos que “todos los expedientes promovidos en contra de nuestra asistida siempre quedaron a cargo de dos jueces federales: Claudio Bonadío y Julián Ercolini”.
Entre otros puntos se remarcó que los jueces y fiscales que intervinieron en todas las instancias en estas causas “incluso la Corte Suprema de Justicia de la Nación, resultan pasibles de severos cuestionamientos, tanto en lo que hace a los principios de imparcialidad como de objetividad”.
Se acusó a la justicia federal de quebrar los derechos y garantías de Cristina Kirchner para el completo ejercicio de su defensa, algo que los integrantes del Tribunal indicaron en diversas ocasiones que esto no fue así.
Finalmente, el abogado de la vice indicó que a su entender, “no fue necesario echar mano a la teoría del lawfare para refutar los cargos, sino lo hicimos de manera contundente a partir de las pruebas ventiladas en el juicio, que lamentablemente no fueron debidamente difundidas ante la opinión pública”. (Clarín)
