Según publica La Nación La Cámara de Casación de Entre Ríos ratificó la sentencia por corrupción del exmandatario, que fue además embajador en Israel de este gobierno.
La Cámara de Casación de Entre Ríos confirmó la sentencia por corrupción dictada el año pasado contra el exgobernador Sergio Urribarri, condenado a ocho años de prisión e inhabilitado a perpetuidad para ejercer cargos públicos.
Se trata de una causa en la que se probó que Urribarri dispuso de forma ilegal de fondos públicos que en algunos casos terminaron financiando sus campañas electorales; entre otras maniobras, a través de contratos de imprenta y publicidad.
Esta causa es por la que fue removida de su cargo la fiscal anticorrupción Cecilia Goyeneche, que enfrentó un jury por mal desempeño. Goyeneche coordinó el equipo de investigadores que avanzó contra Urribarri, gobernador de Entre Ríos (2007-2015), aliado del kirchnerismo y embajador argentino en Israel hasta hace poco más de un año.
En su fallo de hoy, la Cámara de Casación de la provincia rechazó los planteos de las defensas. Sostuvo que toda la prueba fue “legítimamente reunida” y que a los acusados se les garantizó el debido ejercicio de su defensa. Según la Casación, esta investigación tuvo pruebas de “un volumen y contenido incriminador pocas veces visto en este tipo de hechos”.
Los delitos por los que está condenado Urribarri son peculado y negociaciones incompatibles con el cargo. La sentencia confirmada fue dictada, por unanimidad, el 7 de abril de 2022.
Una prueba “cinematográfica”
La Casación recordó que entre la abundante prueba encontrada una, que resultó clave, apareció de un modo “cinematográfico”: durante un allanamiento en una empresa que resultó ser de un cuñado de Urribarri revolearon a la casa de al lado un disco extraíble que encontró, colgando de una canaleta, la empleada doméstica de la casa vecina. Se lo mostró a la dueña de casa y aunque las dos creyeron que podía ser un juguete, se lo entregaron a la policía que estaba haciendo el allanamiento.
Junto con Urribarri fueron condenados el exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez, y el exfuncionario legislativo Juan Pablo Aguilera, ambos a seis años de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Aguilera es el cuñado de Urribarri y se lo acusó de uno de los delitos contra la administración pública, por ser dueño de las imprentas a la que se giraron los trabajos financiados con dinero público y funcionario a la vez, pero también por ser parte activa de la cartelización de empresas que posibilitó el desvío de fondos.
“Responde a intereses políticos”
Conocida la sentencia, el exgobernador Urribarri la atribuyó a motivaciones políticas y la campaña electoral en ciernes. “Los términos en lo que se expresó Casación demuestran que está en campaña electoral. Las inéditas expresiones y las calificaciones de la resolución que escuchamos hoy son propias de un discurso político para generar impacto mediático. Nada tienen de jurídico”, afirmó Urrribarri.
“Tal como lo dije en un video que publiqué en mis redes sociales meses atrás, no esperábamos objetividad, imparcialidad e independencia de parte de la esposa del dirigente de Pro de Concepción del Uruguay, Juan Enrique Ruiz Orrico, exfuncionario del macrismo, candidato a intendente por ese partido y ladero de Frigerio; quien se dedica a agraviarme públicamente, que dice barbaridades sobre mí en los medios de comunicación, que ataca al Kirchnerismo, y que incluso, ha opinado ofensivamente sobre este proceso judicial”, dijo el exmandatario. “La jueza Bruzzo debería haberse excusado y dar un paso al costado, pero no lo hizo”, agregó.
“El fallo que recibimos en primera instancia es absolutamente arbitrario, irracional e infundado. De hecho, la propia fiscal Yedro, en un acto de sincericidio, reconoció que no tenían pruebas ni testigos. La contundencia de esta admisión por parte de la Fiscalía echaba por tierra la acusación y hacía indiscutible el sobreseimiento”, concluyó. (La Nación)