En medio de incidentes, juran la nueva Constitución de Jujuy: “No se pueden tomar escuelas y hospitales ni cortar calles”

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Según publica Clarín El acto se realizará por la tarde en un teatro de la Ciudad de San Salvador. Horacio Pietragalla, secretario de Derechos Humanos de la Nación, sostuvo que “hay mucho malestar” en la provincia.

La Asamblea Constituyente de Jujuy tiene previsto jurar este martes la reforma parcial de la Carta Magna provincial, que impulsa el gobierno de Gerardo Morales, en medio de movilización por parte de las comunidades originarias que mantenían un corte de la ruta nacional 9 a la altura de Purmamarca, al norte de Jujuy.

En principio, la jura está prevista para las 18.30 en las instalaciones del Teatro Mitre de la Cuidad de San Salvador de Jujuy, según adelantaron la semana pasada fuentes oficiales.

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El mandatario provincial ratificó el artículo 67 de la reforma parcial de la Constitución provincial, que “prohíbe los cortes de rutas y calles” y la “ocupación de edificios públicos”.

Incidentes en la legislatura de Jujuy - Captura de video
Incidentes en la legislatura de Jujuy – Captura de video

“No se puede tomar una escuela, no se puede tomar un hospital y no se puede cortar calles y no se puede cortar rutas”, señaló Morales al ratificar el artículo 67 de la reforma, que fue aprobada la semana pasada por la Asamblea Constituyente.

Además, anunció que planteará la “reconsideración” de otros artículos, el 36 y el 50, relacionados con derechos de los pueblos originarios, que volverán “a la vieja redacción”, tras reconocer “dudas” en las comunidades indígenas.

El precandidato presidencial defendió la reforma en una conferencia de prensa en donde explicó los incisos que componen el artículo 67, entre los cuales, reiteró, “está la prohibición de los cortes de rutas y calles, y la ocupación de edificios públicos”, y aseguró que ese punto de la reforma “no se modifica”.

“Hay quienes quieren la violencia y creen que la comisión del delito de corte de ruta es una modalidad de protesta y no lo es”, apuntó.

El mencionado artículo 67, titulado “El derecho a la paz social y la convivencia democrática pacífica”, señala en su tercer inciso que “el Estado debe asegurar, como base fundamental de la convivencia democrática pacífica, que las personas ejerzan sus derechos sin avasallar los derechos de otros”, para más adelante sostener que el derecho a manifestarse debe garantizar “la libre circulación de las personas”.

La aprobación de la reforma parcial constitucional aumentó el clima de protestas que se venía advirtiendo en las calles con las marchas de docentes y otros sectores de trabajadores estatales, que junto a otras organizaciones sociales sostienen la consigna “arriba los salarios, abajo la reforma”.

La Secretaría de Derechos Humanos emitió un comunicado en el que observó que “no se encuentra garantizado el derecho a la protesta” en Jujuy y que “hay serio riesgo a la integridad física de quienes se encuentran manifestándose”, por lo que presentó un habeas corpus colectivo y preventivo.

Su titular, Horacio Pietragalla Corti, viajó a la provincia y señaló este martes que hay “mucho malestar” en la provincia y que habrá movilizaciones en rechazo a la reforma constitucional impulsada por el gobernador.

“Es una reforma Constitucional que se trató en menos de un mes, con temas muy sensibles, donde hay temas de pueblos originarios y donde no hubo consulta a la mayoría de los pueblos”, expresó el secretario de Derechos Humanos de La Nación en radio Splendid.

La secretaria general de la Asociación de Educadores Provinciales de Jujuy (Adep), Silvia Vélez, respaldó las medidas de fuerza que el sector docente sostiene desde hace quince días con paro por tiempo indeterminado, en reclamo de aumentos salariales y en rechazo a la “reforma constitucional exprés”.

En ese contexto, y ante la represión, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) convocó para el jueves a un paro nacional que contará con la adhesión de la ATE (estatales) y otros sindicatos.

Asimismo, referentes de organismos de derechos humanos, movimientos sociales, diputados nacionales y dirigentes de la Central de Trabajadores Argentina (CTA) repudiaron “la brutal represión que está sufriendo el pueblo jujeño” y denunciaron el accionar de las fuerzas de seguridad del Gobierno de Morales. (Clarín)

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