La precandidata a la presidencia del PRO, Patricia Bullrich, ha presentado una denuncia contra Martín Soria, acusándolo de llevar a cabo la intervención de su fundación, el Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad Asociación Civil (IEES), dispuesta por el Ministerio de Justicia.
El Ministerio había ordenado la intervención del IEES por un período de 180 días hábiles. Bullrich, quien se encuentra en uso de licencia como titular del PRO, responsabilizó al ministro de perseguirla políticamente y acusó al Gobierno de buscar desviar la atención de su gestión desastrosa.
Esta no es la primera denuncia que realiza Bullrich relacionada con este tema. Previamente, había denunciado al titular de la Inspección General de Justicia, Ricardo Nissen, por supuesta persecución a entidades de la oposición. En esta ocasión, amplió su denuncia contra Soria, acusándolo de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
La causa está en manos del juez federal Ariel Lijo, encargado de la investigación. Según la abogada de Bullrich, Silvina Martínez, la intención detrás de esta intervención es controlar, restringir y potencialmente criminalizar y cerrar las ONG que no sean afines al gobierno kirchnerista.
En su escrito, Martínez plantea de forma irónica si la intervención consiste en colgar fotografías de Cristina Kirchner y enfatiza que la denuncia realizada por Nissen se basa en recortes de diarios.
La abogada también destaca que no solo se difunden supuestas irregularidades en el funcionamiento de la entidad, sino que se persigue a las personas jurídicas y humanas que han donado a la fundación o han participado en sus actividades. Además, se divulga información sobre el financiamiento de la entidad civil, violando los derechos de asociación y privacidad y criminalizando la actividad asociativa.
Martínez argumenta que la causa contra Bullrich se manejó en secreto y detalla que la intervención se llevó a cabo a pesar de que la Justicia rechazara la posibilidad de proceder.
La abogada concluye señalando que desde 2014 el Ministerio de Justicia no intervenía una entidad civil y que los motivos legales para una intervención no se cumplen en este caso.
La denuncia presentada por Patricia Bullrich y las acusaciones de persecución política continúan profundizando la polarización en el ámbito político de Argentina. La causa queda ahora en manos de la Justicia para su investigación y resolución. (Agencia OPI Santa Cruz)
Con información de NA
