La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) manifiesta su alerta por el riesgo de que el proceso de reforma constitucional que se lleva adelante en La Rioja termine estableciendo algún tipo de restricción a las libertades de expresión y de prensa, consagradas en nuestra Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos.
La preocupación se ve agravada por los dichos del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, quien al abrir esta semana las sesiones de la Convención Constituyente de la provincia -que tiene como mandato aprobar una reforma a la carta magna riojana- se refirió a la regulación de la prensa independiente como uno de los aspectos claves de la misma.
El mandatario dijo ante los convencionales constituyentes: “Queremos debatir sobre la libertad de expresión y la gobernanza”, para luego pedir a los medios que sean “conscientes de su papel en la formación de la opinión pública y en el debate constructivo, sabiendo las graves consecuencias de transmitir mensajes sesgados, malintencionados o injuriantes, al sembrar odio y noticias falsas”.
Quintela agregó que la propuesta de reforma no implicaría la censura de los medios, pero precisó: “Debemos defender el respeto y la verdad, y en ese sentido creemos oportuno vincular la tarea periodística con la gobernanza”.
Como Adepa ha sostenido públicamente, es sumamente riesgoso que en el sistema democrático y republicano cualquier gobierno -nacional, provincial o municipal- pretenda actuar como juez o árbitro de la veracidad de la información o tener injerencia en los contenidos de los medios de comunicación. Ese riesgo tiene una gravedad inusitada si esa pretensión busca ser plasmada en un texto constitucional. El antecedente más peligroso en tal sentido figura en la Constitución Bolivariana de Venezuela, donde se estableció el concepto de información “oportuna, veraz e imparcial”. Esto fue duramente objetado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La libertad de expresión y la tarea de medios y periodistas no son concesiones de las autoridades; son un derecho ciudadano, y así deben ser ejercidas y respetadas. La censura indirecta -como los obstáculos a la tarea informativa, la falta de acceso a la información pública, las restricciones a los insumos, la discriminación publicitaria o el establecimiento de observatorios oficiales- también es censura. Y se opone abiertamente tanto al artículo 14 de la Constitución Nacional argentina como al Pacto de San José de Costa Rica.
Meses atrás, ya el propio Quintela había criticado a distintos medios de alcance nacional al decir que difunden “información podrida”, que no se puede “verificar”, por lo que llamó a buscar la capacidad para “bloquearlos” en las provincias del norte del país y armar una red de canales de TV propios. Esas declaraciones merecieron un repudio por parte de Adepa.
En mayo pasado, al día siguiente de su reelección como gobernador, Quintela insistió con un debate para imponer limitaciones a la prensa y exigió “respeto” a los periodistas en el trato a las autoridades elegidas por el voto popular. “Hay términos que son descalificadores hacia las personas, como la persona mía, términos que son humillantes y que agravian a nuestras familias. Cuando decís algo de ese tipo de periodismo, se quieren resguardar con que atentamos contra la libertad de expresión”, señaló Quintela en esa ocasión.
Además de deplorar los dichos de Quintela en la apertura de las sesiones de la Convención Constituyente, Adepa advierte sobre los graves riesgos que implicaría para el sistema democrático y republicano de nuestro país que avancen este tipo de restricciones a las libertades de expresión y de prensa en la reforma constitucional de La Rioja.
Adepa espera que esa iniciativa no prospere, y que tanto el gobernador como los convencionales constituyentes tengan en consideración que lo propuesto va en contra de la forma en que las verdaderas democracias del mundo procuran garantizar la vigencia irrestricta de las libertades de expresión y de prensa. (ADEPA)
