La Cámara Federal de Casación confirmó por mayoría las condenas contra los militantes César Arakaki, del Partido Obrero, y Daniel Ruiz, del Partido Socialista de los Trabajadores Unificados, por los disturbios y daños causados durante una protesta contra la reforma previsional del Gobierno de Cambiemos en 2017 frente al Congreso.
La sentencia con las firmas de los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, y la disidencia de Ana María Figueroa, ratificó en gran medida las condenas que recibieron los manifestantes. En el caso de Ruiz, la condena fue de tres años de prisión de cumplimiento efectivo.
En el caso de Arakaki, también se ratificó la condena por “lesiones en ocasión de agresión, intimidación pública y atentado contra la autoridad, agravado por haber sido cometido a mano armada y por la reunión de más de tres personas”, pero se ordenó revisar el monto de la pena, que originalmente ascendía a tres años y cuatro meses de cárcel.
La resolución, que abarca más de 200 páginas, prácticamente confirmó en su totalidad el fallo unipersonal dictado por el juez Javier Feliciano Ríos en 2021.
Las defensas de ambos condenados, representadas por Claudia Ferrero (en el caso de Arakaki) y Martín Alderete (en el caso de Ruiz), anticiparon que presentarán recursos extraordinarios para llegar ante la Corte Suprema.
Los hechos por los que ambos manifestantes fueron condenados ocurrieron el 18 de diciembre de 2017 frente al Congreso, durante las protestas que se llevaron a cabo mientras se debatía la controvertida ley previsional.
Arakaki y Ruiz fueron identificados entre los cientos de manifestantes y afrontaron el proceso judicial que ahora llegó a su penúltima instancia.
Cabe destacar que Arakaki estuvo en prisión durante 30 días, mientras que Ruiz pasó más de un año en la cárcel; ahora ambos podrían regresar para cumplir las penas impuestas y ratificadas en esta instancia.
En calidad de “amicus curiae” (amigos del tribunal), intervinieron en la causa el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. (Agencia OPI Santa Cruz) Con información de NA
