En un controvertido paso hacia la liberalización del mercado laboral, el presidente argentino, Javier Milei, presentó hoy una reforma laboral a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con el objetivo declarado de “alentar la creación de empleo privado“, que ha experimentado un estancamiento notorio en la última década.
La propuesta, conocida como DNU ómnibus, tiene como eje central la reducción del costo laboral para las empresas, incluyendo la modificación de las indemnizaciones por despido. Milei sostiene que esta medida incentivará a las empresas a contratar más empleados, en línea con las demandas de las principales cámaras patronales.
Una de las modificaciones clave contempladas en el texto es la limitación de los componentes salariales que se consideran para el cálculo de las indemnizaciones. Esto implica la exclusión de beneficios como tickets canasta, vales alimentarios, bonos anuales y otros gastos puntuales como el pago del teléfono móvil. La reducción del salario considerado conlleva una disminución proporcional en el monto de la indemnización.
El presidente argentino también busca reducir el costo de los intereses asociados a las indemnizaciones que se resuelven a través de juicios laborales. Este punto ha generado tensiones, ya que diversas cámaras empresariales han cuestionado el método de capitalización anual de los intereses, argumentando que los empresarios buscan dilatar el pago de las indemnizaciones para reducir su impacto económico.
En relación con los intereses de las indemnizaciones, el Gobierno propone una fórmula que considera la inflación del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) más un 3 por ciento, con el objetivo de mantener el poder adquisitivo de las indemnizaciones.
Otro aspecto destacado de la reforma es la creación de un fondo de cese laboral, un sistema que obligaría a los empleadores a realizar aportes mensuales para cubrir las indemnizaciones por despido. Este modelo, similar al aplicado en la industria de la construcción, ha generado críticas de abogados laboralistas, quienes argumentan que podría ser inconstitucional al no garantizar la protección contra el despido arbitrario.
La propuesta de Milei también contempla la extensión del período de prueba de los empleados de 3 a 8 meses, así como la eliminación de las sanciones económicas establecidas por ley para los empleadores que no registran adecuadamente a sus trabajadores. (Agencia OPI Santa Cruz) Con información de NA
