El Gobierno formalizó la suspensión del pago del programa Potenciar Trabajo a más de 4.500 personas por presuntas incompatibilidades. La medida había sido anunciada previamente por el Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, tras una investigación dirigida por el fiscal Guillermo Marijuan.
La investigación reveló que, después de cruzar la base de datos de los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo con la nómina de empleados públicos de 14 provincias, 4.588 personas presentarían incompatibilidades para acceder al programa. Las provincias investigadas incluyen Mendoza, Misiones, Entre Ríos, Tucumán, Río Negro, Jujuy, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Formosa, Salta, y Santa Cruz.
A través de la Resolución 17/2023, publicada en el Boletín Oficial, se dieron a conocer los nombres de las personas afectadas en un listado de 418 páginas. El fiscal Marijuan había solicitado previamente las bases de datos de trabajadores estatales de todas las provincias para cruzarlas con el padrón del plan social.
La investigación apunta a presuntas maniobras ilícitas que podrían configurar el delito de defraudación contra la Administración Pública. El fiscal señala a funcionarios públicos nacionales y provinciales por acciones u omisiones que han permitido o facilitado estos fraudes, conductas que podrían encuadrar en el delito de violación de los deberes de funcionario público.
Los titulares de Potenciar Trabajo, que reciben $78,000, verán congelado ese monto, según anunció el Gobierno de Javier Milei. El objetivo del programa es contribuir a mejorar el empleo y generar nuevas propuestas productivas para personas en situación de vulnerabilidad social y económica. (Agencia OPI Santa Cruz) Con información de NA
