El juez federal de Corrientes, Juan Carlos Vallejos, ha solicitado al gobierno nacional que explique las razones detrás de la cancelación de 477 planes Potenciar Trabajo en la provincia de Corrientes. Estos recortes forman parte de las medidas adoptadas a nivel nacional, donde se dieron de baja planes sociales debido a presuntas “incompatibilidades”.
El juez otorgó al reclamo, presentado por dos abogados locales, el formato de “litisconsorcio activo”, donde múltiples reclamantes litigan frente a un solo demandado, que en este caso es el Estado Nacional.
Según la demanda, el gobierno de Corrientes informó al Ministerio de Capital Humano de la Nación que los 477 beneficiarios tenían empleo público provincial, lo que implicaba una incompatibilidad al recibir dos prestaciones simultáneas de los estados nacional y local. Sin embargo, la demanda sostiene que esta información es falsa y que los beneficiarios trabajaban para empresas privadas.
Para estos beneficiarios, el programa Potenciar Trabajo representaba una parte importante de sus ingresos, aproximadamente 78 mil pesos. Este programa consiste en un incentivo financiero que el Estado otorga a las empresas privadas para que contraten a trabajadores desocupados.
La demanda judicial afirma que estos trabajadores correntinos no tenían ningún otro ingreso salarial, desmintiendo la afirmación de incompatibilidad. El juez ha dirigido el pedido de informes al Ministerio de Capital Humano y a la Secretaría de Hacienda del gobierno correntino. (Agencia OPI Santa Cruz) Con información de NA
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