El Gobierno argentino comunicó al Fondo Monetario Internacional (FMI) que más del 50% de la población del país ha caído por debajo de la línea de pobreza, según un duro informe presentado por el Ministerio de Economía. Firmado por el Ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausilli, el informe detalla la crítica situación económica y social que enfrenta Argentina.
El documento describe la gestión de Javier Milei como heredera de “la peor situación económica, financiera y social de nuestra historia”, marcada por desequilibrios macroeconómicos crónicos y generalizados. Se señala que los salarios reales han disminuido y los niveles de informalidad y pobreza han aumentado de manera alarmante, con más del 50% de los argentinos viviendo en condiciones de pobreza, una cifra que se acerca al 60% en el caso de los niños.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) había reportado previamente que la pobreza alcanzó el 40,1% en el primer semestre de 2023, una cifra que este nuevo informe indica que ha empeorado significativamente desde entonces.
El Gobierno argentino afirmó su intención de aplicar un “plan de estabilización ortodoxo y ambicioso” para corregir las deficiencias de la administración anterior y evitar el colapso económico. Se destaca un ajuste fiscal ambicioso del 5% para este año, combinando recortes de gastos con medidas temporales de ingresos, lo que permitirá aumentar la asistencia social.
En cuanto al déficit fiscal, se señala que superó el 5% del PBI el año pasado y aumentó al 15% al considerar costos cuasi-fiscales. Se describe la monetización del déficit fiscal por parte del Banco Central como una causa principal de la inflación y el debilitamiento del balance del banco central.
El informe también destaca la situación crítica de las reservas internacionales, que se han agotado y han llevado a un déficit alarmante de US$ 10.300 millones en reservas internacionales netas.
Caputo plantea que el gasto público se está reduciendo drásticamente mediante recortes en subsidios energéticos y de transporte, empleo público, gastos de capital y transferencias a provincias y empresas estatales, como parte del plan de estabilización propuesto por el Gobierno. (Agencia OPI Santa Cruz) Con información de NA
