El juez federal Sebastián Casanello ha emitido una orden dirigida al Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich, para que ajuste la actuación de las fuerzas policiales y de seguridad federales a los límites impuestos por el Sistema Constitucional en la aplicación del Protocolo antipiquetes.
Si bien la resolución no suspende la aplicación del protocolo, establece límites y somete su ejecución a la supervisión inmediata del Poder Judicial, especialmente en situaciones que puedan vulnerar los derechos de los manifestantes. Esta medida surge en el marco de un proceso iniciado por la legisladora porteña de izquierda Celeste Fierro, quien presentó un habeas corpus cuestionando la constitucionalidad del protocolo.
El Ministerio de Seguridad defendió la legalidad del protocolo, argumentando que fue dictado dentro de sus competencias y que no ha recibido denuncias de abusos por parte de las fuerzas de seguridad durante su aplicación.
Sin embargo, el juez Casanello decidió establecer una medida de protección de los derechos y libertades democráticas fundamentales, considerando que las instrucciones del protocolo podrían ser interpretadas como una habilitación de poder punitivo por fuera de la normativa legal. En este sentido, ordenó que en situaciones que involucren la posible comisión de un delito, el personal de las fuerzas de seguridad consulte de manera inmediata al juzgado o fiscalía correspondiente.
El magistrado recordó que las fuerzas de seguridad tienen un papel de auxiliares del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal, subrayando la importancia de respetar los límites legales y constitucionales en su accionar. (Agencia OPI Santa Cruz) Con información de NA
