Incoherencia del gobierno provincial: propuso a la abogada Castro para el TC que es contrario al espíritu del proyecto de modificación de la Ley 500 que el mismo Vidal redactó

Ayer publicamos el curriculum de la abogada Gabriela Castro para ocupar la presidencia del Tribunal de Cuenta de la provincia, sin embargo, existe una flagrante contradicción entre los requisitos y consideraciones que fundamentan el pedido de acuerdo de la Legislatura para nombrar a esta abogada en la Presidencia del Cuerpo auditor, con el espíritu de la reforma a la Ley 500 (Tribunal de Cuenta) que el propio Claudio Vidal envió hace pocos meses a la Cámara de Diputados y la cual aún está en Comisiones, donde además de cometer errores básicos por anteponerse a la propia Constitución Provincial, contraría la postulación de la señora Castro, que por lo que se puede leer en su hoja de antecedentes profesionales/laborales, no cumpliría con los requisitos exigidos en la modificación de la Ley 500 propuesta por el propio Ejecutivo.

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Vamos a marcar dos ejemplos de contradicciones claves del texto del proyecto de Vidal para modificar la Ley 500 y la postulación de la abogada Castro.

Uno de esos puntos en lo que sobresale esa contradicción, es que por un lado la iniciativa del Proyecto de Vidal impulsa el establecimiento de un mecanismo de publicidad de los postulantes e inclusive agrega más requisitos para ocupar el cargo en el TC y claramente la postulación de la abogada Gabriela Castro incumple esos mismos términos dispuesto en la modificatoria de la ley, enviada por el propio Gobernador Vidal. 

El Art 5 expresa que en caso de lograr acuerdo en la Cámara de Diputados, los propuestos continuarán en sus cargos hasta que finalice el mandato el Ejecutivo  en los términos del Art 3º de la Ley 500. En el caso de no ser propuestos o no lograr Acuerdo, permanecerán en sus cargos hasta lograr un reemplazante. Esto, en el análisis legal del proyecto, es inconstitucional porque viola el derecho a la inamovilidad otorgado por ley vigente en el momento de su designación, por cuanto ante la justicia es considerado incorporado a su propiedad, lo cual está garantizado por la Constitución Provincial, teniendo el ejemplo más claro en el renombrado “Caso Sosa”.

En el Artículo 1 del proyecto de modificación de la Ley 500, entre otras cosas, agrega el requisito de que debe tener 6 años de antigüedad en el ejercicio de la profesión y la persona propuesta por el gobierno se recibió de abogada en el año 2020.

En el mismo artículo el proyecto de Vidal sustituye el Art 3 de la Ley 500, el cual de acuerdo a la modificación quedará redactado así “Los funcionarios a los que se refiere la Constitución  y que componen al Tribunal de Cuentas son: un Presidente y tres Vocales. El presidente y dos de los Vocales deberán tener título de Doctor en Ciencias Económicas o Contador Público Nacional; el restante podrá ser abogado”. Al no aclarar que el representante de la oposición podrá ser Contador o Abogado, se está limitando sustancialmente, el cupo de abogados.

En el artículo 3º el Proyecto de Vidal incorpora un mecanismo minucioso de publicación previa de los postulantes para ser sometidos a la opinión pública, siendo más riguroso inclusive que para los jueces. 

Ello, más allá de las inconstitucionalidades y errores propios del proyecto, porque ese mecanismo de publicidad y sometimiento a la opinión pública no está en la ley vigente, es una iniciativa del propio Gobernador, como la de exigir 6 años de ejercicio de la profesión para asumir el cargo, que entra en total contradicción con la propuesta de Gabriela Castro a la presidencia del TC, lo cual por la inexperiencia manifiesta de la candidata, la falta de ejercicio de la profesión (se recibió hace menos de 4 años) y la ausencia de antecedentes laborales de orden profesional, no se encuadraría en ninguna de las condiciones exigidas en el proyecto inicial de Claudio Vidal, para participar en la postulación a ese importante cargo.

¿Quién y cómo decidirán?

La postulación de la abogada Gabriela Castro a la presidencia del Tribunal de Cuentas por parte del Ejecutivo, fue enviado a Comisiones y se encuentra en Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

Esta Comisión está integrada por los diputados: Jose Luis Quiroga (SER), Pedro Muñoz (CC-ARI), Mario Boffi (UCR-SER), Eloy Echazú (FPV), Fernando Españón (SER).

Llamativamente, quienes van a decidir su Gabriela Castro tendrá el Acuerdo para ser Presidente del Tribunal de Cuentas, ninguno es abogado; nadie tiene las competencias profesionales para analizar per se las condiciones formales/legales de la futura funcionaria propuesta por el Gobernador, en clara flagrancia de su propio proyecto de reforma. Y aunque entre los legisladores existen asesores legales, los mismos no tiene demasiada participación en las Comisiones y particularmente en ésta que es tan específica y ténica.

Esto significa que si sale aprobada la propuesta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, será (una vez más) una acción meramente política/partidaria sin ningún tipo de rigor ni apego a la excelencia que (en apariencias) el propio Vidal dice buscar en la designación de funcionarios, tal como sucedía durante la gobernación de Alicia Kirchner, donde nada se discutía, nada se analizaba, no importaban las formas y solo se daba cumplimiento a la orden emanada del Ejecutivo, como parece que va a suceder en este caso.

Una vez que salga el Acuerdo (si se aprueba la postulación de Castro) de la Comisión respectiva, la misma ingresará en la sesión de Diputados para lograr la aprobación final. Ahí también debemos poner el foco en quiénes son los que avalan esta orden política del gobernador y quiénes ponen una cuota de racionalidad a la hora de ajustar la elección de un funcionario de tan alta jerarquía a la propia ley. (Agencia OPI Santa Cruz)