La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) se encuentra en un análisis crucial respecto a las deudas de las pymes, mientras el Gobierno evalúa nuevas medidas para las moratorias. En enero pasado, Florencia Misrahi, al poco tiempo de asumir la titularidad del organismo, emitió una Resolución General que postergó una medida implementada por el exministro de Economía, Sergio Massa. Esta decisión extendió hasta el 31 de julio de 2024 las ejecuciones fiscales y los embargos a las pymes, así como a entidades sin fines de lucro, pequeños contribuyentes y al sector de la salud. Según fuentes del gobierno, esta postergación se extendería hasta el 31 de diciembre de 2024.
Desde el sector pyme se destaca que esta postergación es una solicitud especial hecha al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, debido a la crítica situación económica actual que no muestra indicios de mejora. Aunque hubo un repunte del 2,3% en el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) en mayo, impulsado principalmente por el sector agrícola, la recaudación de impuestos ligados al consumo indica que el punto más bajo aún podría no haber llegado.
A pesar de que la AFIP aún no ha confirmado la postergación, esta medida podría desincentivar el Régimen de Regularización Excepcional de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de Seguridad Social aprobado en la Ley 27.743, el cual permite saldar deudas con fecha hasta el 31 de marzo de 2024, a través de diferentes programas de pago que son cruciales para el flujo de ingresos del Gobierno. Según el Ministerio de Economía, se esperaba que la recaudación de esta moratoria, junto con el blanqueo y los cambios en Bienes Personales, representara el 0,5% del Producto Bruto Interno (PBI) en la meta hacia el déficit cero en 2024.
Además, el Gobierno está evaluando otra medida: la posibilidad de modificar la fecha de corte para la nueva moratoria. Este pedido proviene del Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires, presidido por Gabriela Russo, quien argumentó en una carta dirigida a la subsecretaría de Ingresos Públicos que sería oportuno extender el periodo de obligaciones comprendidas. En la carta, se explica que la intención del legislador al establecer la fecha límite el 31 de marzo de 2024 era que la norma estuviera vigente para la primera etapa del año, pero el trámite legislativo se extendió hasta finales de junio. (Agencia OPI Santa Cruz)