El Gobierno Nacional ha decidido intervenir dos obras sociales sindicales, la Obra Social de Vareadores (OSV) y la Obra Social del Personal Mosaista (OSPM), tras detectar graves irregularidades en su funcionamiento. La intervención fue oficializada a través de las Resoluciones 1999/2024 y 2000/2024, publicadas este jueves en el Boletín Oficial, y se extenderá hasta que el Poder Ejecutivo considere que las irregularidades han sido subsanadas.
Para llevar a cabo la intervención, se ha designado a Alberto José Curci Castro y Martín Esteban Gutiérrez como Administradores Provisorios de la OSV y la OSPM, respectivamente. Estos funcionarios deberán informar periódicamente sobre sus avances a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), que supervisará las tareas encomendadas.
En el caso de la Obra Social de Vareadores, la intervención se justificó tras una auditoría que reveló diversas fallas operativas y administrativas que afectan su funcionamiento. Entre las irregularidades destacadas se encuentran la falta de presentación de documentación para la solicitud de prestaciones para personas con discapacidad, la ausencia de equipos interdisciplinarios para evaluar y seguir tratamientos en áreas críticas como discapacidad, salud mental y adicciones, y la falta de auditorías de campo a los prestadores de servicios. Asimismo, se detectaron graves deficiencias en el control interno y la presentación de rendiciones contables, lo que impidió concluir si los pagos por prestaciones médico-asistenciales estaban siendo correctamente devengados.
Por su parte, la intervención de la Obra Social del Personal Mosaista responde a la falta de seguimiento y auditoría de beneficiarios fuera de su actividad principal, así como a un considerable atraso en la presentación de informes financieros y de discapacidad. La SSS también identificó la falta de equipos interdisciplinarios en áreas clave, graves problemas en la gestión de reclamos y la ausencia de un protocolo de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Además, se observó que la entidad carecía de una cartilla médica prestacional actualizada y que varios de sus contratos con prestadores de servicios médicos no cumplían con la normativa vigente. (Agencia OPI Santa Cruz)