El proyecto de reformas al Código Penal, conocido como “ley antimafia”, fue aprobado por la Cámara de Diputados y ahora deberá ser tratado en el Senado. Impulsado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, este proyecto busca dotar al Estado de nuevas herramientas para combatir el crimen organizado y endurece las penas a todos los miembros de las organizaciones delictivas, independientemente de su rol.
Bullrich celebró la aprobación de la ley al afirmar: “La Argentina, con leyes de verdad para combatir a los que nos roban la vida, la libertad, la propiedad y el futuro del país”. En redes sociales, destacó la importancia del proyecto al mencionar que brindará “más ley y orden” para combatir los delitos de manera efectiva.
La iniciativa fue aprobada con 137 votos a favor y 92 en contra, contando con el apoyo de diputados de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Encuentro Federal e Innovación Federal. En cambio, fue rechazada por el bloque de Unión por la Patria y la izquierda.
Entre las principales reformas se encuentran penas de entre 8 y 20 años de prisión para aquellos que formen parte de una asociación ilícita. Además, todos los integrantes de una organización criminal serán considerados responsables del delito más grave cometido por la banda, simplemente por su pertenencia a la misma. Los delitos alcanzados incluyen narcotráfico, lavado de dinero, tráfico de personas, tráfico de órganos y tenencia ilegal de armas y explosivos.
La presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado (PRO), señaló que el objetivo del proyecto es fortalecer la prevención de la integración de estas bandas mediante el aumento de penas, la agilización de la justicia y la coordinación entre las provincias y la Nación. También destacó que se eliminó del proyecto original el delito de “amenazas, daños e intimidación pública”, tras alcanzar un consenso con diputados de la UCR y Encuentro Federal.
Por su parte, Ramiro Gutiérrez, de Unión por la Patria, criticó el proyecto al considerarlo inconstitucional, argumentando que viola el artículo 18 de la Constitución Nacional y el artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica.
El proyecto también introduce la figura de la Zona de Investigación Especial, que permitirá una respuesta más ágil y efectiva en la investigación de crímenes organizados. Las investigaciones conjuntas entre jurisdicciones estarán a cargo de comisiones especiales integradas por fiscales federales y provinciales, y las detenciones preventivas podrán extenderse hasta 15 días con la debida autorización judicial.
Además, la ley habilitará a las autoridades a inmovilizar activos sospechosos de estar vinculados con el crimen organizado y a realizar allanamientos en áreas determinadas o domicilios bajo investigación, con autorización judicial. También se contemplan la interceptación de comunicaciones y la incautación de mercaderías vinculadas a delitos. (Agencia OPI Santa Cruz)
