El Gobierno nacional, ha decidido avanzar con un plan de privatización que revive las políticas de los años 90, aunque con un enfoque renovado. Esta estrategia consiste en dividir las concesiones en múltiples compañías con el objetivo de atraer inversores y fomentar la competencia. El proceso comenzará con la privatización de Belgrano Cargas, seguido de otros sectores estratégicos, como los trenes de pasajeros. Esta iniciativa se produce tras la reciente aprobación del dictamen para privatizar Aerolíneas Argentinas, respaldada por sectores del PRO y parte de la UCR.
Actualmente, el Estado Nacional tiene participación en más de un centenar de empresas, 34 de las cuales cuentan con participación mayoritaria. Según datos de la Oficina Nacional de Presupuesto, 21 de estas empresas presentaron superávit financiero en el último trimestre de 2023, aunque esta cifra se redujo a doce en el primer trimestre de 2024. La disminución en el número de empresas con superávit se atribuye a los recortes de presupuesto implementados por el Gobierno, que ha reducido las transferencias estatales en un 46%, destacando el recorte a Enarsa por la reducción de subsidios y la menor necesidad de importación de gas tras la construcción del Gasoducto Néstor Kirchner.
La privatización de Belgrano Cargas no es un concepto nuevo; ya había sido privatizada en 1999 mediante contratación directa. Sin embargo, la falta de inversiones llevó al deterioro de su infraestructura, lo que resultó en la declaración de emergencia ferroviaria en 2006. En 2008, el gobierno de Cristina Kirchner revirtió la concesión y nacionalizó el servicio en 2013. Desde entonces, Belgrano Cargas ha iniciado un proceso de recuperación, logrando un aumento del 57,4% en el transporte de mercancías entre 2021 y 2022, alcanzando niveles récord desde 1992. A pesar de estos logros, la actual administración planea iniciar su privatización, dividiendo la concesión en tres segmentos: administración, infraestructura y operación, con el objetivo de evitar errores del pasado.
Fuentes de la Secretaría de Transporte han señalado que “la situación actual exige analizar las opciones de gestión más eficientes”, lo que ha llevado a definir un camino a seguir con la privatización por partes. Esta estructura busca mejorar la eficiencia operativa y atraer capital privado a cada uno de los segmentos.
Sin embargo, el avance de las privatizaciones ha generado un intenso debate sobre los efectos de los recortes en las empresas públicas. Los ingresos de Aerolíneas Argentinas han caído un 28% en el primer semestre de 2024, mientras que Correo Argentino y Corredores Viales registraron una baja del 26%, y los ingresos de Tandanor se desplomaron en un 58%. En contraste, AySA y Trenes Argentinos han incrementado su facturación, aunque esta estrategia de ajustes tarifarios ha sido criticada por el aumento de los costos de los servicios públicos para la población.
Manuel Valenti Randi, economista y director del observatorio Ocipex, ha advertido que esta política de privatizaciones y aumentos en tarifas “afecta a toda la ciudadanía”, al desmantelar el patrimonio nacional y elevar el costo de los servicios esenciales. También se ha denunciado que la decisión de quitarle a Arsat la franja reservada de 100 MHz para proveer internet a más de 42 mil escuelas impactará negativamente en el acceso a la conectividad y la rentabilidad de la empresa.
Con la política de recortes, el Estado ha logrado disminuir su participación en el PBI, pero esta estrategia ha generado un debilitamiento de los servicios y la reducción de inversiones en mantenimiento e infraestructura. Según Ocipex, “lejos de ser una carga para el Estado, las empresas públicas han sido clave en el desarrollo de sectores estratégicos, y su fortalecimiento permitió reducir las transferencias del Tesoro”. (Agencia OPI Santa Cruz)