(Por: Lic Pablo Eugenio Mayor) – Los gremios actualmente, ante una economía a la baja, no deberían estar planteando la discusión sólo en el índice inflacionario. Si bien hay una desactualización evidente en el monto que cobran mensualmente, ese proceso no es nuevo ni nació en enero, con el gobierno nacional y el provincial.
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Muchos de estos dirigentes sindicales son responsables y cómplices de haber firmados actas paritarias centrales muy por debajo de los índices inflacionarios en cuando Alicia Kirchner era gobernadora; tampoco demostraron mucho énfasis en actualizar los salarios de acuerdo con esos índices. Recordemos que el año 2023 el gobierno de Cristina, Massa y Alberto cerró la inflación en un 211 % y en los cuatro años de gobierno de estos personajes, la inflación superó los 1.000%. En este combo, está el desfasaje salarial con respecto a la inflación de ese momento que ahora resulta acumulativo .
Ahora, con la inflación controlada, con índices de un 3% mensual y tirando a menos en los próximos meses, los gremios dejan y deberían dejar atrás a la inflación como parámetro de aumentos salariales y enfocar sus reclamos en los nuevos parámetros como los límites de la indigencia y de la pobreza.
El promedio de los sueldos de una familia tipo (ambos cónyuges y dos hijos) no excede los 700 mil pesos de aproximadamente el 80% de los empleados públicos y por ende, no superan los límites de la pobreza para cuyo objetivo deben ganar más de 1 millón de pesos y hay un porcentaje del 30 por ciento aproximadamente de todos ellos, que no superan los límites de la indigencia la cual está por arriba de los 400 mil pesos; todo ellos, con una particularidad insólita, todos estos trabajadores son pobres e indigentes con recibo de sueldos y muchos de ellos sin aportes de ley.
Por lo tanto, el accionar de los gremios debería estar enfocados en luchar denodadamente por, primero, recuperar los salarios a sus valores históricos y a partir de allí, logrado el fin de poner a los trabajadores por encima de la línea de pobreza, consensuar un mecanismo de actualización mensual que ahí sí puede ceñirse al reducido índice de inflación del INDEC, que, como dije, va en baja.
Aceptar un 3% o un 10 o 12% en tres o cuatro pagos, es seguir, con los sueldos estancados en la pobreza o la indigencia, es condenar a los salarios a no alcanzar nunca su estabilización; siempre irán y seguirán desfasados, retrasados y desactualizados.
El gobierno, por su parte, no tiene el mínimo interés en desembolsar una fuerte suma hasta lograr una nivelación acorde del salario público, a pesar que los videos en los cuales se recuerda al Gobernador de Santa Cruz en campaña despotricar contra Alicia Kirchner por tener a los trabajadores bajo la línea de pobreza, pero ahora que le toca abrir la billetera, hace exactamente lo mismo que la ex gobernadora, repite la frase “no hay plata”, insiste que no se puede repartir lo que no se tiene, ofrece magros 10 u 11% parcializados en tres o cuatro meses y calca exactamente la misma conducta negacionista de su antecesora.
Los gremios, que antes no exigieron primero la actualización salarial y luego las “cláusulas gatillos”, solo pelean por un magro aumento que, para colmo, algunas organizaciones siempre oficialistas, han aceptado de buen agrado. (Agencia OPI Santa Cruz)