La muerte de Jesús Martínez, militante de Vente Venezuela, partido liderado por la opositora María Corina Machado, desató indignación en Venezuela luego de que el hombre falleciera en un hospital de Barcelona, estado de Anzoátegui, mientras estaba bajo custodia del Estado. La dirigente denunció el hecho como un “asesinato” y responsabilizó directamente al presidente Nicolás Maduro por las condiciones de detención que habrían agravado la salud de Martínez.
Martínez, de 36 años, padecía diabetes tipo II y presentaba una necrosis avanzada en una de sus piernas, la cual debía ser amputada según el diagnóstico médico. Su familia había alertado repetidamente sobre el deterioro de su estado de salud, mientras compañeros de celda imploraban por su traslado a un hospital, que se concretó demasiado tarde.
El militante había sido detenido el 29 de julio pasado, pocas horas después de que el oficialismo proclamara la reelección de Maduro en unas elecciones desconocidas por la oposición y varios países. Según Machado, su arresto fue político, ya que Martínez participaba como testigo en el control del proceso electoral.
Desde la clandestinidad, Machado denunció las condiciones inhumanas de su detención, asegurando que Martínez fue maltratado y mantenido en calabozos con una higiene precaria. “Esto es un crimen, esto es un asesinato”, afirmó, destacando que las condiciones de reclusión contribuyeron al deterioro de su salud.
El caso de Martínez se suma a una larga lista de denuncias por violaciones de derechos humanos en el marco de la crisis venezolana. Según el Foro Penal, ONG que documenta casos de detenidos por razones políticas, al menos 1.979 personas han sido arrestadas desde las protestas poselectorales que dejaron 28 muertos y más de 200 heridos.
El fiscal general, Tarek William Saab, reconocido por su afinidad con el chavismo, afirmó recientemente que “muchos han sido excarcelados”, sin proporcionar cifras exactas, mientras que Maduro pidió revisar y rectificar posibles casos injustos. Sin embargo, organizaciones internacionales y líderes opositores acusan al gobierno de mantener condiciones sistemáticamente inhumanas para los presos políticos. (Agencia OPI Santa Cruz)
