La Junta Directiva de la Unión Industrial Argentina (UIA) emitió un firme llamado de atención al Gobierno, destacando que la apertura del comercio internacional debe ir acompañada de políticas que fortalezcan la competitividad de la industria nacional. La entidad enfatizó que la carga fiscal elevada y las deficiencias en infraestructura representan los principales obstáculos que enfrentan las empresas locales para competir en igualdad de condiciones.
Durante la reunión, los representantes de los sectores productivos analizaron el impacto de las recientes medidas relacionadas con la importación. Advirtieron que una apertura sin una agenda concreta de reducción del “costo argentino” puede generar efectos negativos en las cadenas de valor, la actividad industrial y el empleo. Según el diagnóstico de la UIA, desde agosto de 2023 se han perdido más de 30.000 puestos de trabajo industriales, afectando especialmente a las PyMEs.
La organización propuso una serie de medidas para mejorar la competitividad, como la reducción de impuestos, la modernización de regímenes laborales, el fortalecimiento de la infraestructura y la promoción de inversiones nacionales. “Si no resolvemos estas cuestiones estructurales, la apertura comercial solo profundizará la pérdida de empleo y productividad en el sector industrial“, sostuvieron las autoridades.
El informe de la UIA, titulado Costo argentino: elementos clave para lograr competitividad, muestra que, a pesar de que la productividad de la industria argentina supera el promedio de América Latina, el país ocupa el puesto 66 de 67 en términos de competitividad global.
Además, la UIA expresó su preocupación por el crecimiento de la litigiosidad en el ámbito productivo, especialmente en juicios laborales. En octubre de 2024, las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) recibieron 11.851 nuevas demandas, acumulando un total de 105.960 juicios en lo que va del año, lo que representa un incremento del 14,3% respecto al mismo mes del año anterior.
Aunque los índices de siniestralidad laboral están en mínimos históricos gracias a los esfuerzos de prevención, los litigios han aumentado un 25%, impactando negativamente en los costos de producción. La UIA urgió al Gobierno a implementar los cuerpos médicos forenses estipulados en la Ley 27.348, un paso clave para reducir la judicialización y mejorar la previsibilidad en los conflictos laborales.
En este contexto, la UIA reafirmó la necesidad de construir un modelo industrial competitivo y sostenible, que combine la apertura comercial con políticas públicas que fortalezcan las capacidades productivas nacionales. (Agencia OPI Santa Cruz)
