La CIDH otorga medidas cautelares en favor del gendarme argentino Nahuel Gallo detenido en Venezuela

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares (No. 1432-24) para proteger los derechos del gendarme argentino Nahuel Agustín Gallo, detenido por el gobierno venezolano desde diciembre de 2024. La decisión, adoptada mediante la resolución 1/2025, responde a la situación de “gravedad y urgencia” que enfrenta Gallo, cuyo derecho a la vida e integridad personal estaría en riesgo de sufrir un daño irreparable en Venezuela, según indicó el organismo.

En su resolución, la CIDH instó al gobierno venezolano a implementar acciones inmediatas para garantizar la seguridad de Gallo. El organismo solicitó información precisa sobre su situación, incluyendo si se encuentra bajo custodia estatal, las circunstancias de su detención, y las medidas adoptadas para determinar su paradero o destino en caso de no encontrarse bajo custodia oficial.

La CIDH también requirió que las autoridades venezolanas aclaren si Gallo ha sido presentado ante un tribunal competente para revisar su detención, y en caso afirmativo, identifiquen al tribunal encargado de su causa penal. En caso de que no haya sido imputado formalmente, el organismo cuestionó las razones por las cuales Gallo no ha sido liberado hasta el momento.

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Adicionalmente, la Comisión pidió que se garantice el acceso de Gallo a su familia y representantes legales de confianza, permitiéndoles comunicación regular y acceso pleno a su expediente penal, en caso de existir.

Por último, la CIDH instó al gobierno de Venezuela a informar sobre las acciones adoptadas para investigar los hechos que originaron la medida cautelar, con el objetivo de evitar la repetición de situaciones similares en el futuro.

La decisión de la CIDH se produce en un contexto de creciente preocupación internacional por la situación de derechos humanos en Venezuela, donde Gallo fue detenido el pasado 8 de diciembre. El gobierno argentino ya había presentado una denuncia ante la Corte Penal Internacional, señalando el caso de Gallo como una “violación grave de derechos humanos“. (Agencia OPI Santa Cruz)

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