El ex gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, quien se encontraba detenido desde noviembre de 2024 tras ser hallado culpable de corrupción y peculado, fue liberado este miércoles por una decisión del Tribunal Superior de Justicia (STJ) de la provincia. La medida dejó sin efecto una resolución previa de la Cámara de Casación, que había denegado la liberación del ex mandatario y su cuñado, Juan Pablo Aguilera, también condenado en el mismo expediente, por considerar que existía un riesgo de fuga.
La decisión del STJ considera que no existen pruebas suficientes que justifiquen el peligro de fuga de Urribarri y Aguilera, quienes deberán continuar su proceso judicial en libertad hasta que la condena de ocho años de prisión dictada contra ellos quede firme. En este sentido, se encuentra pendiente de resolución una apelación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que determinará si la condena se ratifica o se revoca.
El fallo fue emitido por los jueces Leonardo Portela y Germán Carlomagno, quienes consideraron que la aplicación de la prisión efectiva en este momento sería “desproporcionada“, dado que aún no existe una sentencia definitiva. Según los magistrados, la etapa de investigación ya ha quedado cerrada, por lo que no hay riesgo de entorpecimiento de la causa. En cambio, el juez Miguel Giorgio votó en disidencia, argumentando que se debería mantener la prisión preventiva hasta que se resuelva la apelación.
Sergio Urribarri, quien fue gobernador de Entre Ríos entre 2007 y 2015, ha ocupado varios cargos públicos a nivel nacional y provincial, y en 2021 fue designado embajador en Israel durante el gobierno de Alberto Fernández. Sin embargo, renunció a este cargo tras ser condenado en 2022 por corrupción en el marco de una serie de investigaciones que involucraban a su gestión como gobernador. La causa por la que fue condenado está relacionada con la adjudicación irregular de contratos durante su mandato, por lo que su liberación ha generado una gran repercusión en la opinión pública y el ámbito político de la provincia.
La resolución también pone en evidencia la complejidad del proceso, ya que, pese a la liberación, la condena aún está sujeta a la evaluación de la Corte Suprema, lo que podría derivar en una sentencia final que confirme o modifique las penas impuestas. (Agencia OPI Santa Cruz)