Tras el escándalo provocado por la promoción que el presidente Javier Milei hizo de la moneda digital $Libra, la Oficina Anticorrupción (OA), dependiente del Poder Ejecutivo, investigará si el mandatario incumplió la Ley de Ética Pública (N° 25.188). En caso de detectar irregularidades, elevará una denuncia penal ante la Justicia.
Las alertas se encendieron cuando Milei, durante el Día de los Enamorados, alentó desde sus redes sociales a participar en el “Viva la Libertad Project” de la empresa KIP Protocol. El mensaje impulsó el precio del token, que pasó de 0,000001 dólares a 5,20 dólares, antes de desplomarse cuando los desarrolladores retiraron fondos y abandonaron el proyecto, causando pérdidas a los inversores.
Con más de 24 horas de demora, tras un primer intento de control de daños con la disculpa pública del mandatario, la Oficina del Presidente (OPRA) anunció la intervención de la OA, encabezada por Alejandro Melik, para investigar si existió una conducta impropia de algún funcionario, incluido el propio Milei.
La investigación se ampara en el artículo 36 de la Constitución Nacional, que establece la supervisión de la ética pública, y en la Ley de Ética Pública (25.188), cuyo artículo 2, inciso G, obliga al Presidente a “abstenerse de usar las instalaciones y servicios del Estado para su beneficio particular o para el de allegados, a fin de avalar o promover algún producto, servicio o empresa”.
En Casa Rosada expresaron tranquilidad y minimizaron las posibilidades de que avance el pedido de juicio político promovido por Unión por la Patria. Sostienen que “no hay funcionario implicado en una maniobra ilícita ni dolo” y que el juicio político, según el artículo 53 de la Constitución, solo aplica por mal desempeño o delitos con sentencia previa, condiciones que, aseguran, no se cumplen en este caso.
La OA, según trascendió, investigará a quienes participaron en la operatoria y su relación con Milei, incluyendo al empresario Hayden Mark Davis, identificado como impulsor del token y asesor del mandatario en blockchain e inteligencia artificial, tras visitar Casa Rosada el 30 de enero. También se indagará al CEO de KIP Protocol, Julián Peh, y al trader Mauricio Novelli, ambos conocidos del presidente y con registros de encuentros en la Quinta de Olivos y el hotel Sheraton Libertador.
Además, la Unidad de Tareas de Investigación (UTI), integrada por especialistas en criptoactivos, finanzas y lavado de activos, analizará si el mensaje publicado por Milei en X encuadra en alguna figura penal. Si se detectan delitos, se elevará una denuncia penal; si solo se encuentran irregularidades administrativas, se dará intervención al Ministerio de Justicia, la Procuración del Tesoro y el organismo responsable para aplicar sanciones.
Constitucionalistas consultados expresaron dudas sobre la transparencia de la investigación. Félix Lonigro calificó el anuncio como una “medida para la tribuna”, cuestionando la independencia de la OA, al depender directamente del Ejecutivo. Andrés Gil Domínguez, especialista en Derecho, también objetó la autonomía del organismo y pidió la intervención del Congreso mediante una comisión investigadora.
Ambos expertos coincidieron en que el artículo 265 del Código Penal podría ser clave si se demuestra que el Presidente se interesó, directa o indirectamente, en una operación con fines de lucro a partir de su cargo público. (Agencia OPI Santa Cruz)
Yo me investigo a mí mismo…… jajaja!!!
País Generoso!!