Emergencia Hidrocarburífera aprobada. Al gobernador y a 22 diputados parece interesarle solo salvar al sector petrolero en Santa Cruz

(Por: Rubén Lasagno) – Finalmente, ayer jueves y como lo habíamos adelantado en nuestro informe del día 22 de febrero 2025, la Cámara de Diputados aprobó la Emergencia Hidrocarburífera en la provincia, otorgándole al gobernador Claudio Vidal dos herramientas fundamentales de su particular interés: tener manos libres para hacer y deshacer a su antojo sobre la disponibilidad de los recursos petroleros e hipotecar las regalías petroleras que percibe la provincia de Santa Cruz, con el fin de garantizar “tranquilidad” al sector petrolero de donde proviene, ayudar a paliar el problema de la desocupación que sufre zona norte e impacta sobre el sindicato de Rafael Guenchenen y contener la demanda laboral que amenaza la paz social en la provincia.

Ahora bien ¿Qué aprobaron por unanimidad en la Legislatura provincial, dentro de la Ley de Emergencia Hidrocarburífera?

1 – Reducción de regalías e impuestos para las operadoras petroleras que inviertan en exploración y explotación de hidrocarburos en la provincia.

Claudio Vidal tendrá en sus manos la posibilidad de reducir el 12% que les cobra la provincia a las petroleras en concepto de regalías; es decir, que para paliar la falta de trabajo en Santa Cruz en el sector petrolero, el gobernador va a sacarificar los ingresos públicos en beneficios de unos pocos y en detrimento de todos los demás trabajadores, porque sin duda, uno de los argumentos principales del gobierno para no aumentar salarios a la administración central y a los docentes, es la caída de los ingresos, especialmente en regalías petroleras que ya han disminuído, significativamente.

Siguiendo la idea de los diputados y del Ejecutivo, especialmente y como contra argumento podríamos preguntarle al gobernador ¿Por qué no sube del 12 al 14% las regalías a las petroleras y del 3 al 5% a las mineras, para que con esos fondos le permita recuperar los salarios de los maestros y reparar la infraestructuras de las escuelas, por ejemplo, en una provincia donde la Educación y la Salud, es un verdadero desastre?.

En la ley, la cual el lector puede repasar al pie de este informe, establece un mecanismo “para evitar la discrecionalidad”, porque ata a estos beneficios a las operadores, a la producción que tengan y crea una comisión de seguimiento.

Ya conocemos que históricamente en Santa Cruz nunca funcionaron los controles (el mejor ejemplo son YPF y CGC) y OPI viene mostrando con informes fundados en datos oficiales, la falta de inversión, en exploración y explotación de las petroleras en zona norte y si algo faltaba para que nada funcione (lo dijo Perón) hay que crear una Comisión.

2 – Condiciones para acceder a los beneficios fiscales: Las empresas deberán presentar un plan de trabajo orientado a la optimización de la producción y al sostenimiento del empleo.

La baja en los beneficios fiscales significa otra baja en los ingresos provinciales que ya son críticos, según el propio gobierno, poniendo al resto de la industria y el comercio de la provincia, en clara desventaja ante la industria petrolera.

Como lo venimos demostrando en nuestras investigaciones sobre la industria petrolera, tanto YPF como CGC, principales operadoras en Santa Cruz que hoy son socias del gobierno provincial y entre ambas formando una UTE, nunca han cumplido los compromisos asumidos; nada hace pensar que ahora sí lo vayan a hacer.

3 – Creación de un régimen laboral diferencial para los trabajadores de pozos de cuencas maduras, garantizando estabilidad laboral y programas de capacitación.

Un punto que reafirma nuestra teoría sobre la discrecionalidad con la cual el gobierno dispone de los recursos y la legislación, para favorecer a un sector privado que, tal vez por total coincidencia (o tal vez no), pertenece al sector del cual proviene el Gobernador y la mayoría de su gabinete.

4 – Responsabilidad ambiental: Se refuerzan los controles sobre pasivos ambientales e inversiones comprometidas, asegurando que las operadoras cumplan con sus obligaciones.

Después de 30 años de explotación petrolera y de la cantidad de contratos y compromisos firmados entre las empresas y los sucesivos gobiernos y el total incumplimiento de esas oblgiaciones, que solo con YPF asciende a más de 3 mil millones de dólares en el pasivo ambiental, nada hace pensar que ahora será distinto, más aún, como dijimos anteriormente, porque son los mismos actores que en los últimos 20 años conocen a fondo la actividad petrolera y los contratos incumplidos sistemáticamente por las operadoras, como ya lo hemos informado ampliamente.

5 – Seguimiento legislativo: Se crea una comisión en la Honorable Cámara de Diputados, integrada por representantes de todos los bloques, para evaluar la evolución de las explotaciones hidrocarburíferas.

Sin comentarios, porque sobre esto hemos dado nuestra opinión y demostramos con los hechos que nada de esto ha funcionado y nada asegura que ahora sí funcionará.

Conclusión

Visto así como se presenta esta ley de Emergencia Hidrocarburífera aprobada en la Cámara de Diputados de la provincia, sin duda estamos ante un fenómeno político de absoluta discrecionalidad sectorial por parte de la política provincial, lo cual responde a lo que alguna vez mencionamos como “el gobierno petrolero”.

En una nota posterior, vamos a analizar objetivamente los problemas que esta decisión del Gobernador y de los diputados van a generar entre los gremios estatales a los cuales el Ejecutivo condiciona y destrata imponiendo porcentajes de aumentos salariales y repite la consigna “no hay plata”, mientras por otro lado sacrifica ingresos provinciales, para favorecer a un sector privado (petroleros) a la cual el propio gobierno pertenece. (Agencia OPI Santa Cruz)