En medio de la controversia generada por la fallida compra de la casa de Guardia Vieja, perteneciente al expresidente Salvador Allende, la ministra de Defensa de Chile, Maya Fernández, presentó su renuncia este lunes. Según informa el diario La Tercera, la dimisión de Fernández fue presentada al presidente Gabriel Boric, quien aceptó la renuncia a través de un comunicado oficial.
La renuncia de Fernández llega en un contexto delicado, ya que el proceso de compra de la exresidencia de Allende, que el gobierno chileno pretendía adquirir para convertirla en un museo, se vio empañado por una serie de irregularidades legales. Fernández, quien era propietaria de la casa, se vio envuelta en la controversia, ya que según la legislación vigente, los funcionarios públicos no pueden realizar transacciones de compra-venta con el Estado. Además, la propiedad fue tasada a un valor superior al mercado, lo que intensificó las críticas.
En su carta de dimisión, Fernández expresó que tomaba esta decisión para no afectar el funcionamiento de las Fuerzas Armadas de Chile y para evitar que la controversia empañara la gestión del gobierno. La situación había generado un creciente malestar tanto dentro como fuera del Ejecutivo, especialmente por la posible incompatibilidad de intereses.
El presidente Boric aceptó la renuncia y, en su reemplazo, designó a Adriana Delpiano, quien tiene una amplia trayectoria en el servicio público. Delpiano ha ocupado varios cargos de relevancia, como ministra de Educación (2015-2018), subsecretaria de Desarrollo Regional, directora del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, entre otros.
El escándalo se originó cuando se descubrió que la propiedad de la casa en la que el gobierno planeaba invertir estaba registrada a nombre de Fernández. Esto generó dudas sobre la transparencia del proceso y provocó que la ministra tuviera que comparecer ante la justicia chilena para esclarecer los detalles de la transacción.
A pesar de la polémica, el gobierno de Boric había considerado la adquisición de la casa como una forma de honrar la memoria de Salvador Allende, pero la situación ha puesto en evidencia las complicaciones legales y éticas en torno a los bienes públicos y la relación entre los funcionarios del gobierno y el Estado. (Agencia OPI Santa Cruz)