El Ministerio de Seguridad Nacional, por instrucción de Patricia Bullrich, presentó una denuncia penal ante la Justicia Federal contra los organizadores de la marcha de jubilados e hinchas de fútbol que se realizó el pasado miércoles en las cercanías del Congreso Nacional. La denuncia señala los delitos de Sedición, Atentado al Orden Constitucional y la Vida Democrática, y Asociación Ilícita Agravada, e incluye a figuras como el ex líder montonero Mario Firmenich, los intendentes de La Matanza, Fernando Espinoza, y de Lomas de Zamora, Federico Otermín, además de grupos organizados presuntamente responsables de fomentar la violencia en la movilización con fines desestabilizadores.
El escrito presentado por el abogado Fernando Soto, representante del Ministerio de Seguridad, también cuestionó la decisión de la jueza Karina Andrade, quien ordenó la liberación de la mayoría de los detenidos durante los incidentes, y advirtió sobre la posibilidad de presentar una denuncia por los delitos de Prevaricato y Violación de los Deberes de Funcionarios Públicos, además de elevar el caso al Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Según la denuncia, la protesta fue convocada bajo consignas que anticipaban conductas violentas, promovidas por grupos organizados, entre ellos barras bravas de clubes de fútbol como Chacarita, Boca Juniors, River Plate, Independiente, Racing, Estudiantes de La Plata, Gimnasia y Esgrima La Plata, y Argentinos Juniors, entre otros. Además, se subraya que Mario Firmenich, ex líder de Montoneros, participó activamente de la convocatoria a través de un video difundido en redes sociales desde España, que habría incitado a la violencia. Se detalla también que estos grupos organizados fueron contratados por sumas cercanas a los 50.000 dólares para generar disturbios enfrentándose a la policía, provocando represión y caos.
La denuncia menciona que, una vez en la zona del Congreso, los manifestantes comenzaron a agredir a las Fuerzas de Seguridad, lanzando piedras, utilizando armas blancas y de fuego, e incendiando objetos como un ciclomotor y un patrullero. Asimismo, se informa que más de una docena de oficiales resultaron lesionados. También se menciona que simpatizantes de la protesta recibieron llamados a la línea de emergencias 134, donde se detectó la presencia de barras bravas en la protesta, lo que evidencia la presencia de estos grupos organizados en el acto.
Entre los organizadores, el Ministerio de Seguridad señala a Leandro Capriotti, histórico dirigente de Chacarita, quien sería cercano al sindicalista Luis Barrionuevo. Además, se hace mención al caso del fotoperiodista Pablo Grillo, quien se encuentra internado en el Hospital Ramos Mejía debido a una herida en la cabeza provocada por un proyectil de gas lacrimógeno. La denuncia indica que el disparo habría sido realizado desde una distancia considerable y que el fotógrafo estaba en una zona de conflicto, detrás de un objeto incendiado.
A pesar de las grabaciones que muestran a una mujer jubilada siendo golpeada por un oficial de la Policía Federal, el Ministerio de Seguridad defendió la actuación de la policía, argumentando que la mujer había agredido previamente al agente, lo que motivó su reacción. Según la versión oficial, la mujer cayó al suelo después de que el oficial intentara defenderse de la agresión.
El Ministerio de Seguridad, dirigido por Patricia Bullrich, destacó que la movilización, que se presentó como una protesta social legítima, en realidad tenía como objetivo desestabilizar al Gobierno del presidente Javier Milei. Según las autoridades, la violencia ejercida por los manifestantes buscaba impedir el libre ejercicio de las facultades constitucionales del Poder Ejecutivo, interfiriendo con el ejercicio del poder de policía y las funciones del gobierno. (Agencia OPI Santa Cruz)