El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil ha iniciado hoy el juicio para determinar si el expresidente Jair Bolsonaro, junto a otros siete imputados, son responsables de un intento de golpe de Estado. La sesión fue dirigida por la Primera Sala del STF, compuesta por cinco magistrados, quienes analizarán la denuncia presentada en febrero por el procurador general de la República, Paulo Gonet. Si la mayoría de los jueces acepta la denuncia, los acusados enfrentarán una acción penal que podría culminar en condenas de prisión o absolución.
El “núcleo 1” de la acusación incluye, además de Bolsonaro, figuras clave de la política como el general Walter Braga Netto, ex ministro jefe de gabinete; el general Augusto Heleno, exministro del Gabinete de Seguridad Institucional; y Alexandre Ramagem, exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin). Otros acusados son Anderson Torres, exministro de Justicia y ex secretario de Seguridad del Distrito Federal; Almir Garnier, excomandante de la Marina; el general Paulo Sérgio Nogueira, exministro de Defensa; y Mauro Cid, quien estuvo bajo las órdenes de Bolsonaro.
La Primera Sala del STF está integrada por los magistrados Alexandre de Moraes, quien es el relator de la denuncia, así como Flávio Dino, Cristiano Zanin, Cármen Lúcia y Luiz Fux. Según el reglamento interno de la institución, corresponde a las salas del STF juzgar los casos penales, y al ser el relator parte de la Primera Sala, el colegiado será el encargado de resolver este caso. La sesión de hoy se complementará con una segunda reunión programada para la mañana del miércoles, con el fin de concluir el análisis de la acusación.
En las próximas semanas, el STF también deberá decidir si otros acusados, parte de los denominados núcleos 2, 3 y 4 de la denuncia, serán sujetos a prisión. Estos núcleos se mencionan en la acusación presentada por la Procuraduría General de la República, que decidió dividir la denuncia en diferentes partes para facilitar su análisis judicial.
La acusación se refiere a una presunta tentativa de golpe de Estado, en la que se intentó mantener a Bolsonaro en el poder, incluso tras su derrota frente al actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones de 2022. Además de los intentos de desestabilizar el sistema electoral, se descubrió un plan detallado para asesinar al presidente Lula, al vicepresidente Geraldo Alckmin y al juez del STF, Alexandre de Moraes. La investigación apunta a que colaboradores cercanos a Bolsonaro contribuyeron a cuestionar la legitimidad de las elecciones como parte de una estrategia para justificar acciones golpistas. (Agencia OPI Santa Cruz)