Las principales empresas de medicina prepaga han anunciado incrementos en los costos de sus planes para el mes de abril, con aumentos que van del 2,1% al 2,8%, lo que marca el fin del congelamiento temporal implementado en marzo. Estos ajustes afectan tanto a los planes tradicionales como a los copagos, los cuales recibirán el mismo porcentaje de incremento.
La comunicación sobre los aumentos fue recibida por los afiliados a través de diversos canales, y algunas prepagas, como Medifé, informaron un ajuste del 2,8%. Por su parte, otras como el Hospital Italiano y Omint establecieron subas del 2,2% y 2,85%, respectivamente. En los correos enviados, las prepagas justificaron estos ajustes en los crecientes costos del sistema de salud en el país. Medifé, por ejemplo, aclaró que la medida responde a los aumentos generales que afectan a todo el sistema y mencionó que los nuevos valores entrarán en vigencia a partir del 18 de abril de 2025.
Este ajuste en las cuotas sigue al congelamiento de tarifas dispuesto por el Gobierno en marzo, el cual fue acordado tras la desregulación que permitió a los afiliados derivados de obras sociales elegir las prepagas. La medida buscaba reducir la carga de los costos que los afiliados debían afrontar por la triangulación de los aportes entre las obras sociales y las prepagas. Sin embargo, la estabilidad de los precios solo duró un mes, ya que el aumento anunciado será mucho mayor al registrado en el mes de febrero, cuando los aranceles se incrementaron solo un 2,1% a nivel nacional.
La situación inflacionaria, que afecta directamente a las prepagas y a sus usuarios, genera un escenario donde los aumentos de las cuotas no logran seguir el ritmo de la inflación, pero aún así se perciben como una mejora en relación al índice general de precios. Esto significa que, si bien los aumentos se ajustan por debajo de la inflación, los afiliados podrían experimentar una mejora real en el costo de los servicios.
En paralelo, los trabajadores y jubilados que optaron por derivar sus aportes a una prepaga, en lugar de a una obra social, se encuentran con varios cambios que aún no se perciben claramente. Desde la implementación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 170/24, que otorga a los beneficiarios la posibilidad de transferir sus aportes a una obra social o una prepaga, los jubilados se enfrentan a una situación particular: aquellos con ingresos medios-altos no pueden derivar sus aportes a una prepaga, sino que deben continuar con PAMI, lo que genera una carga adicional de hasta el 6% sobre su haber. Esta situación ha originado dudas sobre cómo se redistribuyen los aportes y si los beneficiarios reciben efectivamente los servicios correspondientes por el dinero que aportan.
Además, las prepagas continúan con el ajuste a sus cuotas de forma progresiva, mientras que la Superintendencia de Servicios de Salud se mantiene como la autoridad encargada de fiscalizar los posibles abusos y arbitrariedades en los aumentos. Este panorama genera incertidumbre entre los afiliados, sobre todo en el contexto de los crecientes costos de los servicios de salud y la falta de claridad en la redistribución de los recursos. (Agencia OPI Santa Cruz)