National Security Enterprise SRL, la empresa que el gobierno no puede explicar y al tratar de hacerlo quedó expuesto, tras los errores groseros de comunicación

(Por: Rubén Lasagno) – El Ministerio de Salud y Ambiente salió al cruce de la información que da cuenta del vínculo que tiene la empresa National Security Enterprise SRL en Santa Cruz, la cual, actualmente, brinda servicio de seguridad en el Hospital Regional Río Gallegos y otras localidades con un contrato de 180 millones de pesos mensuales.

La necesidad del gobierno de salir al cruce lo que denominó una “operativo de prensa” que incluye apariciones de videos en un canal de Bs As, el gobierno a través de su Departamento de Prensa hizo lo que no debe hacer: si responde debe ser una respuesta documentada y las expresiones vertidas en este tipo de “desmentidas” no deben dejar flancos débiles, ni dudas. Pues lo que hizo el gobierno provincial, fue exactamente lo contrario.

Lo que el autor de la nota llama “operativo de prensa”, en realidad debe interpretarse como “operación de prensa”, dos términos absolutamente contrapuestos y que deja entrever que no existe en el departamento de prensa del gobierno provincial un profesional con título universitario que haya leído y conceptualizado cada palabra. Como en el Derecho, en periodismo las palabras tienen un significado específico y este es el caso.

Un operativo de prensa es (sintéticamente) la disposición de todos los elementos humanos y técnicos para cubrir un acto determinado que deba ser dado a conocer públicamente.

Una operación de prensa son aquellos recursos técnicos dispuestos (radios, diarios, página web, redes sociales, etc) y la manipulación a través de los mismos, del mensaje direccionado hacia un objetivo particular y específico (imponer un candidato, combatir un candidato, destruir el buen nombre y honor de alguien, atacar una marca, una empresa o una entidad privada o pública) con el fin de afectarla negativamente (para desprestigiar o destruir) o positivamente (imponer sus características y condiciones, la mayor parte de las veces tras la realidad aumentada de la falacia).

Como vemos, aunque suenen parecidos, los términos son exactamente contrarios en su significado y aplicación práctica. Por lo tanto, el término “Operativo de prensa” está muy mal utilizado, porque lo que en realidad el gobierno quiere decir es que se han confabulado medios y periodistas y posiblemente oposición política para armar una mentira alrededor de la relación del gobierno de Claudio Vidal con la empresa  National Security Enterprise SRL.

Ahora bien, podríamos darle la derecha al gobierno provincial de que está bajo una operación de prensa de algún sector, si pudiera comprobar, el propio gobierno que todo lo que se ha dicho es mentira; pero lamentablemente, no lo puede hacer.

El esfuerzo de los “escribas” falló en su esencia

Bajo el concepto de “aclaración”, los periodistas del AMA enumeraron una decena de puntos, que en realidad, no aclaran nada, suman confusión y más sospechas de lo que se dice es cierto. Veamos punto por punto:

1 – La empresa mencionada presta servicios efectivos en el Hospital Regional de Río Gallegos, en nueve centros de salud de la ciudad, en el área de Salud Mental y con cobertura parcial en la Unidad Comunitaria Santa Cruz y el módulo del barrio San Benito.

Hasta ahí confirma lo expuesto en las noticias que se conocieron a través de la prensa a nivel local, más específicamente Fm News y al menos un medio nacional donde la información puede ser que esté algo distorsionada por la ignorancia de quienes los abordan, que en general no saben dónde queda Santa Cruz.

2 – La empresa no posee una contratación directa. Realiza su tarea de forma responsable y es reconocida y remunerada tras la presentación de la correspondiente factura mes a mes.

Según la normativa de la Subsecretaría de Contrataciones de la provincia de Santa Cruz, aprobada el 16 de julio de 2024, existen tres modalidades para contratar con una empresa privada, por parte del Estado provincial: Contratación Directa, Contratación Directa por Compulsa Abreviada, Licitación o Concurso Privado y Licitación o Concurso Público.

Lo que responde el parte de prensa no aclara nada, pues dice que la empresa “no. Posee una contratación directa”, pero no especifica cuál de las otras tres modalidades (o ninguna) ha formalizado. El agregado de que es una empresa “responsable y remunerada tras la presentación de la correspondiente factura mes a mes”, es una verdad de Perogrullo. Nadie supone que un privado va a trabajar gratis, que no sea responsable y mucho menos que el gobierno le va a pagar en negro.

3 – La empresa tiene 58 empleados afectados a cubrir todas las áreas antes mencionadas, destacando que son los mismos trabajadores que prestaban servicios para la empresa Romero Sistemas, quien estaba previamente a cargo de la seguridad en las dependencias sanitarias.

Lo de la cantidad de empleados está en cualquier Nosis de la empresa que se pueda solicitar, donde, además, figuran los nombres de cada uno y su situación laboral. Lo que expresa en este punto el gobierno, sirve de muy poco. Y que pertenecían a otra empresa, sugiere o deja entrever que el gobierno advierte “Ven que buenos son los de National Security Enterprise SRL?, tomaron personal de Romero Sistemas”. ¿Pretende acaso, el autor de la nota, suplir las condiciones y capacidades de la nueva empresa de seguridad, para señalar que está ayudando a Santa Cruz a combatir la desocupación?. Muy bizarro y falaz.

4 – Desde que asumió el servicio de seguridad y vigilancia, la empresa también ha realizado inversiones, como la colocación de cámaras de seguridad, mejorando de esta manera el sistema de monitoreo del Hospital Regional de la ciudad capital.

Como no conocemos el contrato y las condiciones en las cuales ese contrato se firmó, desconocemos si en el mismo está contemplado la colocación de cámaras por parte de National Security Enterprise SRL, por lo tanto suena tan intrascendente esa acotación al texto, como el agregado de la ocupación de los trabajadores de Romero Sistemas.

Al no mostrar las condiciones de contratación, el tipo y los requerimientos del contratista y la contratada, el gobierno puede decir cualquier cosa, que tiene tan poca credibilidad como el contexto general de este anuncio/respuesta que ensayó desde su organismo de prensa.

5 – La empresa Romero Sistemas, que estaba a cargo de la seguridad desde hace muchos años, cobraba al Hospital Regional de Río Gallegos por el mismo servicio una suma de 180 millones de pesos, lo que representaba un gasto de 60 millones extras para dicha institución.

Este párrafo es simple y llanamente, una justificación en favor de National Security Enterprise SRL, pero objetivamente no explica ni dice exactamente cómo y cuánto y cuáles son las condiciones por las que le paga a la actual empresa de seguridad vigente.

El texto sugiere que haber contratado a la empresa vigente, produjo un ahorro. Bueno, podríamos creerle si mostrara concretamente los papeles que así lo demuestren, pero el gobierno y quienes asesoran al gobernador en materia de información pública, pretende que la opinión pública haga de esto, una cuestión de fe.

6 – No existe denuncia formal en la Justicia, y tampoco ningún periodista del programa que hizo alusión al tema se ha comunicado con este Ministerio para requerir información.

El hecho de que no exista denuncia en la justicia no es raro en Santa Cruz. Por otro lado, no es tarea del periodismo andar por los Tribunales denunciando al gobierno por una sencilla razón: el periodismo no está para eso; su función en informar. La obligación es, primero, del propio gobierno provincial que deben explicar con las pruebas en la mesa que la información es falsa o corresponde a una operación de prensa; decirlo no basta. Ningún periodista está obligado a comprometer su dinero y su tiempo para denunciar al gobierno, para eso están los organismos de control  y los diputados. En este caso, nadie ha movido un dedo.

En cuanto a comunicarse con el gobierno para ratificar y/o rectificar la información, le recordamos a Vidal que su gobierno es una cáscara cerrada de intereses partidarios o sectoriales que impide la transparencia, por lo tanto solo manifiestan esto que escribieron en el parte de prensa, cuando el agua les llega al cuello.

7 – El expediente y la contratación de la empresa no han sido objetados en ningún momento por el Tribunal de Cuentas, resaltando que se han cumplido todos los pasos legales correspondientes para la prestación de servicios.

Esto es fácil decirlo porque, aún, queriendo averiguar en el Tribunal de Cuentas si está aprobado o no el contrato, cualquier periodista en Santa Cruz sabe que es tarea imposible. Si el gobierno no tuviera nada que esconder, habría publicado el dictamen del TC donde conste dicha aprobación. No lo hizo.

8 – La empresa se encuentra habilitada en la provincia con actividad principal de “vigilancia y protección de bienes” y su representante técnico en Santa Cruz es Carlos Eduardo Marín.

Nada que no se pueda averiguar en el Boletín Oficial o a través de un informe empresario. El gobierno no aporta ninguna claridad con esta “aclaración”. En cuanto a la “habilitación de empresas en la provincia” OPI ha revelado como se hace. En el ejemplo que investigamos una empresa de alimentos de Buenos Aires en una mañana se inscribió y antes del mediodía le habían acordado un contrato millonario para provisión de alimentos en el Ministerio de Desarrollo Social.

9 – Esta supuesta “empresa fantasma” también presta servicios de seguridad y vigilancia a empresas privadas en la provincia, destacándose entre ellas las dependencias de la Zona Franca de Río Gallegos.

Es un buen dato, pero suficiente para pensar que si es prácticamente monopólica de la seguridad pública y privada, puede existir vinculaciones personales entre empresarios y/o funcionarios, como ha ocurrido en muchas oportunidades. Por lo tanto, que esté en zona franca o en otro lugar del ámbito privado, no es suficiente para explicar por qué y bajo qué términos ha sido contratada por la provincia.

10 – Cabe destacar que la licitación pública se encuentra en curso, cumpliendo todos los pasos administrativos que exige la ley.

Y aquí el periodista que le escribe al gobierno provincial, confesó el ilícito.

Todo lo que había tratado de resguardarse respondiendo con evasivas e imprecisiones en los puntos anteriores, lo dejó perfectamente claro en el último apartado.

La empresa National Security Enterprise SRL, hasta antes de hoy, está trabajando al margen de las normas administrativas y contables de la provincia de Santa Cruz, hecho que se desprende del propio texto del parte de prensa.  Ahora podemos entender mucho mejor lo que pasa, repasemos:

Recordemos que en el primer apartado el gobierno dice “La empresa no posee una contratación directa”; esto dio lugar a la pregunta que nos hicimos de cómo estaba encuadrada la contratación, entonces.

En el último punto “aclaran” que la licitación pública “se encuentra en curso”. Es decir que el gobierno ingresó a la empresa National Security Enterprise SRL por una suma de 120 millones de pesos mensuales, le dio el cuidado de los hospitales de la provincia y la prestadora no ganó ninguna licitación?. No solo es absurdo sino es un delito flagrante.

No se conoce un hecho donde el Estado primero ponga a trabajar una empresa de servicios, le pague y le otorgue todo el beneficio de dar servicios en distintos lugares de Santa Cruz y luego se dedique a conformar la licitación. Como decía el ex vicegobernador Carlos Sancho, cuando quería justificar la premura en hacer obras para quedarse con fondos o repartir rápidamente las obras a empresas del entorno “Los importante son las obras, los papeles después vemos…”

No explica el gobierno de Vidal la frase “la licitación pública está en curso”. Es la manifestación clara y concreta que esta empresa de seguridad entró por la ventana, no es solo fantasma, como la catalogaron, sino que está cometiendo, junto al gobierno que la contrató, un acto delictivo que merecería la atención del propio Tribunal de Cuentas o un Fiscal de la provincia y ni hablar de los diputados de la provincia, tan abocados a desagraviar la figura de Osvaldo Bayer por el monumento destruido, pero sin interesarse por cómo el gobernador Claudio Vidal drena 180 millones de pesos mensuales, con una empresa ilegalmente constituida en Santa Cruz para prestar servicios.

El remate de antología

El escriba del gobierno dice en el último párrafo “Ante este tipo de operativos de prensa direccionados que solo buscan generar confusión y que, según se presume, serían orquestados desde la provincia por exfuncionarios de la anterior gestión, desde el Ministerio consideramos en tanto necesario aclarar la situación con información precisa ante la comunidad”.

El señor Bucci o quien tenga a su cargo la prensa de la provincia, no tiene el mínimo sentido de la oportunidad y menos aún, de la utilización de las palabras.

La confusión no la genera quienes está involucrados en lo que llaman “operativo de prensa”, sino ellos mismos con la oscuridad con la que actúan y sin mostrar un solo papel y generando “aclaraciones” que en verdad oscurecen más el panorama.

Que el gobernador saque los enanitos verdades del bolsillo para facturárselo a la oposición, está bien porque son reglas del juego político, en tanto los identifique y apunte con nombre y apellido; así, de la manera que está planteada la respuesta en esta comunicación oficial, el gobierno se transforma en un “operador de prensa” contra la oposición política.

Y finalmente lo que llaman “aclarar la situación” e “información precisa”, es lo más absurdo que resulta leer, después de ver y analizar la forma en que se expresaron en esta pieza de comunicación para el olvido.

“Estamos convencidos de que el silencio no puede ser una opción frente a una noticia apócrifa publicada por un medio nacional”, cierra el comunicado y debo decir que es lo único en lo que estamos de acuerdo.

El silencio no es lo mejor, pero responder autoinculpándose, como en este caso, tampoco.

A veces, cabe recordarle a la gente de prensa que rodea a Vidal, es mejor hablar poco o no hablar, en vez de hablar mucho, no decir nada y revelar que en realidad confirman todas y cada una de las cosas que los medios críticos dicen del gobierno y de esta empresa fantasma National Security Enterprise SRL, como queda corroborado en el análisis de las falacias que ha escrito el propio gobierno, lo cual delata y confirma todo lo que sobre el particular se ha dicho. (Agencia OPI Santa Cruz)